Los autónomos gastan una media de seiscientos euros al mes por usar la autopista gallega

El presidente de UPTA, Eduardo Abad critica la discriminación frente a otras comunidades autónomas que han liberado las autopistas | Sostiene que la vía ya ha sido amortizada

Playa de peajes de la Autopista del Atlántico en la entrada de Curro.

Playa de peajes de la Autopista del Atlántico en la entrada de Curro. / Iñaky Abella

Antonio Touriño

Antonio Touriño

Los autónomos denuncian la “sangría económica” que les supone el uso mensual de la Autopista del Atlántico, (AP-9), un gasto que estiman en la horquilla de los 350 a 600 euros según el vehículo que empleen, lo que implica una clara discriminación en cuanto a competitividad con empresas de otras comunidades autónomas que recientemente han liberado los peajes.

El presidente de UPTA Eduardo Abad se ha mostrado ayer especialmente contundente al requerir a todas las administraciones que gestionen la inmediata gratuidad de este eje viario que vertebra Galicia de Sur a Norte.

Eduardo Abad Sabarís, presidente de UPTA. |   // IÑAKI ABELLA

Eduardo Abad Sabarís, presidente de UPTA. / Iñaky Abella

El rescate

Recuerda Abad que Audasa ya ha amortizado la inversión realizada en su día, por lo que considera injustificable el hecho de que se haya ampliado la concesión hasta el año 2048, lo que supone que el rescate ascendie a unos 6.000 millones de euros, como recientemente subrayó el ministro Óscar Puente.

Con todo, Abad pone sobre la mesa el hecho de que la Unión Europea ha advertido ya con fuertes sanciones a las administraciones españolas por el hecho de que se haya ampliado la concesión a Audasa, sin que haya habido siquiera licitación.

Responsabilidad de todos

Abad considera que tanto el Gobierno estatal como el autonómico, sin olvidar el papel del BNG, han favorecido una situación de privilegio respecto de una empresa privada que “cada año obtiene cientos de millones de euros en peajes”.

Subraya el presidente de UPTA que en 2020, la empresa de autopistas obtendrá unos ingresos de 195 millones de euros, muy por ecima de los 153 que ingresó en 2019, una progresión que significaría dentro de 25 años unos ingresos de unos 5.000 millones de euros.

Un beneficio para una empresa privada que, a su juicio, va en contra de los intereses de los gallegos que por ser poco competitivos también pierden en concepto de productividad, provocando que haya en España “autónomos de primera y de segunda clase”, aunque también afecta de forma directa a los trabajadores que utilizan esta vía de comunicación para acudir a sus puestos de empleo y que, obviamente, pierden también poder adquisitivo.

Abad lamenta que la Unión Europea haya tenido que realizar esta llamada de atención a España tras conocer la prórroga de la concesión hasta el año 2048.

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