La plantilla del SAF de Vilagarcía rechaza el nuevo pliego al obviar cláusulas sociales

El comité de empresa se reunió con Alberto Varela y Tania García: “Nos quedó claro que estamos solas en esto” | Las trabajadoras solicitaron sin éxito un bono de transporte

Una concentración de trabajadoras del SAF en 2022 con motivo del convenio colectivo.

Una concentración de trabajadoras del SAF en 2022 con motivo del convenio colectivo. / Iñaki Abella

María López

María López

Representantes del comité de empresa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía se reunieron el jueves por la tarde con el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Tania García, para hablar sobre el nuevo pliego, que fue retirado del orden del día del último pleno para negociarlo con el BNG y garantizarse así los socialistas que el documento saldrá adelante, ya que gobiernan en minoría.

De quienes seguro que no tendrá el visto bueno es de las propias trabajadoras, pues califican el encuentro de “nada productivo” al rechazar el ejecutivo municipal la inclusión de cláusulas sociales en el pliego, como por ejemplo un bono de transporte. “El alcalde nos dice que la ley no permite poner cláusulas sociales en el pliego pero después de muchas investigaciones hemos conseguido una consulta que hace el Ayuntamiento de Gijón a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado”, exponen desde la plantilla. “Varela nos dijo que si encontrábamos algún municipio gallego que incluyera en sus pliegos del SAF alguna cláusula de tipo social que no tendría inconveniente en consultarlo con su equipo jurídico pero es poco viable que aparezca”, lamentan.

Coches particulares

Las trabajadoras del SAF utilizan sus vehículos particulares para realizar cientos de kilómetros todos los meses, pues se desplazan a varios domicilios en un mismo día. “Los 23 céntimos por kilómetro que nos dan, que por cierto no son acorde a la ley, no contempla la realidad social porque mi coche no solo consume combustible, sino que también tiene desgaste de ruedas, mecánico, tiene que pasar la ITV, pagar impuestos y un seguro. Nosotras no tenemos coches nuevos; tienen muchísimos años y kilómetros, con lo que la probabilidad de romperse es muy elevada. Y cada vez que quedamos tiradas, la empresa nos descuenta 16 euros la hora, es decir, a como se la paga el Concello a ella, no a 8 como nos la pagan a nosotras”, denuncian desde el comité.

Las trabajadores admiten que el nuevo pliego incorpora mejoras con respecto a la situación actual, como por ejemplo un tercer coordinador, un podólogo, un fisioterapeuta y medios técnicos para ayudarlas a mover a los usuarios y que la carga física no sea tan grande. “Pero todo esto lo establece el reglamento de ayuda a domicilio, no hay nada de cosecha propia del Ayuntamiento”, aclaran desde la plantilla.

El servicio está cofinanciado por la Xunta y la administración municipal (al 50% cada una), con un precio resultante de algo más de 24 euros la hora.

Las empleadas del SAF se muestran muy molestas con que el gobierno vilagarciano las compare con las trabajadoras sociales del Concello: “No tenemos las mismas funciones ni cobramos igual. Ellas no están ocho horas al día cinco días a la semana rodando con sus coches. Tienen horario de oficina y pueden hacer teletrabajo. Las comparaciones son odiosas pero además estas no son válidas”. “Nos ha quedado claro que estamos solas en esto. Lo que nadie termina de ver es que el servicio de calidad no lo da la empresa ni el Ayuntamiento porque las que tenemos trato directo con los usuarios somos nosotras”, concluyen.

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