Fiscalía y acusación particular mantienen los seis años para el extesorero de Cea

Fiscalía y acusación particular mantuvieron ayer la petición de seis años de prisión para J.L.G.V., extesorero de la comunidad de montes de Cea, por los supuestos delitos de apropiación indebida de 385.000 euros y falsedad documental, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial. Tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular consideran probado que el hombre se encargaba de la gestión del dinero de la comunidad y que, con el ánimo de beneficio ilícito, habría cobrado una serie de cheques y pagarés al portador emitidos por el colectivo vecinal, apropiándose de una cantidad muy importante de dinero.

Para sacar ese dinero, el hombre debía presentar una serie de documentos en los que debía figurar la firma del presidente de la entidad y la suya propia. La primera de ellas quedó demostrado con las pruebas aportadas al juicio que había sido falsificada. La defensa argumentó que la rúbrica de su cliente también pudo ser falsificada ya que “no está demostrado que la firma que aparece en los papeles sea del acusado”, reclamando para su cliente la libre absolución. Sin embargo, dos peritos grafológicos apuntaron en la dirección contraria, mientras que otros testigos de la acusación también aportaron indicios que no beneficiarían las tesis de la defensa.

El juicio ha quedado visto para sentencia con el acusado enfrentándose a seis años de prisión con la Fiscalía considerando probado que el extesorero cobró para sí mismo numerosos cheques al portador de la comunidad. En unos casos, presuntamente falsificaba la firma del presidente y en otros anotaba una cantidad económica mayor después de que el presidente ya hubiese firmado. “Una vez que el acusado había cobrado los cheques y pagarés al portador para sí mismo, se quedaba con el dinero, sin destinarlo a los gastos de la comunidad de montes”, explicó la acusaicón.

El fiscal también hace mención a un ingreso de 4.000 euros de la comunidad de montes en una cuenta bancaria de su esposa (de ahí que esta figurase inicialmente como investigada) si bien posteriormente devolvió el dinero, “al ser descubierto el ilícito”.

El relato de la acusación añade que la comunidad de montes quedó sin fondos en 2014 para hacer frente a sus pagos debido al supuesto desfalco. Por ello, el fiscal considera que han sido delitos muy graves.

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