Proponen un “refuerzo” para aminorar el colapso de la Justicia en Vilagarcía

La pendencia sigue aumentando con 600 casos más en un año | O Cavadelo resuelve más asuntos que Cambados ECiudades de 20.000 habitantes tienen ya seis juzgados

Concentración de trabajadores de los juzgados de Vilagarcía hace trece años, en 2010. |   // IÑAKI ABELLA

Concentración de trabajadores de los juzgados de Vilagarcía hace trece años, en 2010. | // IÑAKI ABELLA / A.Touriño

Antonio Touriño

Antonio Touriño

Las posibilidades de que en junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida la creación del cuarto juzgado de Vilagarcía son lejanas pues ya en la convocatoria del pasado año la Comisión Mixta lamentó la exclusión de la dotación de magistrados para las Audiencias gallegas que consideraban prioritarias en la prelación propuesta. 

En círculos jurídicos de la demarcación de O Salnés se da por sentado que el gran problema del atasco crónico intentará resolverse, se paliará una vez más con un juez de refuerzo, proveniente de Cambados, donde la presión judicial es infinitamente menor.

Se estima que en el mes de junio, como ocurrió en anteriores años, vuelva a reunirse el Consejo General para la ampliación de la Ley de Planta y Demarcación en la que se determine el número de órganos de nueva creación para toda España y a Galicia suelen corresponderle alrededor de tres.

De ahí que las dificultades para que Vilagarcía cuente con el cuarto juzgado se consideren remotas aunque los criterios de población se cumplan con creces. 

Seis juzgados en Ayamonte, de 20.000 habitantes

Esta misma semana, la ministra de Justicia Palop confirmaba la puesta en marcha del sexto juzgado de Ayamonte, localidad onubense de unos 20.000 habitantes, la mitad de población que la capital arousana, lo que añade incertidumbre a los criterios que se adoptan a la hora de estimar las propuestas de unas localidades u otras. En la resolución que acaba de publicarse figuran nada menos que 60 unidades más, sin que se mencione a Galicia.

Y a mayores cabe hacer mención a la prelación que la propia Comisión Mixta integrada por la Xunta y el TSXG elaboró el pasado 21 de marzo, en la que Vilagarcía aparece en el décimo lugar de la lista de preferencias, explican que en función de la carga de trabajo y otros criterios objetivos.

De ahí que sea visto con buenos ojos la propuesta de asignar a Vilagarcía un juez de refuerzo que podría iniciar su función en uno o dos meses, lo que permitiría aliviar la presión que en estos momentos sufren los tres juzgados de referencia, con una población de casi 60.000 habitantes pues el partido judicial de Vilagarcía abarca también los municipios de Vilanova de Arousa (12.000 habitantes), A Illa (5.000) y Catoira (5.000).

Una población casi idéntica a la que corresponde al partido judicial de Cambados que además de la localidad se encarga de asuntos civiles y penales de Sanxenxo, Meaño, Meis, Ribadumia y O Grove, pero que cuenta con cuatro unidades judiciales.

La incorporación de un juez de apoyo favorecerá entre otras cosas una mayor diligencia en los asuntos, no en vano hay juzgados que ya han marcado vistas para octubre de 2024, lo que da idea del atasco, por la carga de trabajo que soportan.

La última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referida al año 2022 muestra la preocupante evolución de casos sin resolver y el colapso de los juzgados de Vilagarcía en los que han entrado 5.256 asuntos nuevos en ese año (1.752 de media por órgano) frente a los 4.597 (1.149 por juzgado) que se ingresaron en los de Cambados, lo que significa una diferencia de 600 más por órgano.

Es por ello que el número de causas pendientes al finalizar el año 2022 sigue siendo especialmente alarmante en la capital arousana: 4.355 asuntos frente a los 2.892 que se justificaron en la villa del albariño al final del período analizado.

En lenguaje común se observa la pertinencia de un cuarto juzgado en O Cavadelo al objeto de reducir el retraso en la resolución de cuestiones del orden civil o penal, e incluso los relativos a violencia de la mujer que también se enquistan en la estadística judicial.

En un análisis más en profundidad sobre la actividad de las tres salas vilagarcianas se observa que a finales de 2021 quedaron para el siguiente ejercicio un total de 3.722 asuntos, una cifra que quedó pequeña si se pone en relación con los 4.355 que han quedado sobre la mesa a finales del pasado ejercicio.

Esos 650 asuntos más con los que se abre el presente período judicial, implica que cada juzgado entró con un retraso de 1.451 asuntos en enero, una cifra que será muy difícil de corregir en los próximos meses, más teniendo en cuenta el retraso provocado por los conflictos directos e indirectos en la justicia, aunque en Vilagarcía la repercusión de la huelga de letrados (LAJ) fue menor (son interinos y no estaban convocados) si bien la de funcionarios ya está provocando nuevos trastornos al ya de por sí mal funcionamiento de la administración judicial. Los datos que acaba de poner sobre la mesa el CGPJ indican que cada juzgado de Vilagarcía dictó en 2022 un total de 359 sentencias (1.079 en total), 612 autos (1.838 entre los tres) y 405 decretos (1.215, en cifras globales).

La principal conclusión del Consejo es la imposibilidad de resolver al ritmo que demandan los ciudadanos y pese a las buenas intenciones se halla por debajo del ritmo de ingresos con un parámetro del 0,88% cuando para ir en consonacia con las necesidades debería ser del 1%.

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El Tribunal Supremo acaba de asumir la responsabilidad de establecer una directriz unívoca respecto a la instalación de las llamadas “mobile home” en los cámpings, entendiendo como tales las caravanas, autocaravanas e incluso los bungalós o semejantes. Una resolución que obviamente va a tener especial repercusión también en las instalaciones existentes en la ría de Arousa y por ende en Galicia y otras comunidades autónomas. Recientemente en O Grove, el Ayuntamiento decidió denegar una licencia para la instalación de un nuevo cámping en el municipio, en zona próxima al dominio público marítimo terrestre, una determinación que contó con el aval de la Justicia pues las administraciones locales tienen potestad para la regulación del uso del suelo. Con todo, la decisión que ahora adopte el Supremo con respecto a la consideración de las “mobile home” como viviendas provisionales o de temporada, o bien como remolques o muebles tendrá una repercusión directa respecto a una futura organización de este tipo de instalaciones de índole turístico o recreativo, clara competencia de las instalaciones hoteleras existentes. El estudio que asumen los magistrados del alto tribunal tiene su derivada en un recurso presentado por un camping de Barcelona, que alega que las autocaravanas deben ser consideradas como remolques o espacios recreativos por lo que no deberían estar sujetas a normativas de edificación propiamente dichas, como son consideradas en algunos casos.

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