Cañón mantiene su apuesta como candidato a la Alcaldía isleña

Lo que pueda pasar con la carrera política de Matías González Cañón a partir de mañana es una incógnita. Defendido a capa y espada por su candidatura, pero repudiado por el PP comarcal tras salir a la luz una condena por los tratos a una expareja, Cañón ha continuado con una campaña a la que puso punto y final en la tarde de ayer con una fiesta-mitin en la plaza de O Regueiro. Estaban previsto discursos de integrantes de la candidatura entre los que estaba el propio González Cañon, todo ello aderezado con la música de un dj y varios hinchables. El acto, con varios discursos, se inició, pero la lluvia lo empañó. De todas formas, dio tiempo todavía a entregar piruletas y pompas de jabón a los pequeños que estaban en O Regueiro.

González Cañón explicó ayer que su grupo se presenta para “ser resolutivos, queremos un Concello en el que todos los vecinos seamos iguales, sin fijarnos en cual es la ideología, una forma muy diferente a lo que se ha venido realizando durante todos estos anos”. Ilusión y ganas fueron dos palabras que González Cañón utilizó en varias fases del discurso, centrándose en la necesidad de que “A Illa avance y consigamos cosas para los vecinos”.

Desde el pasado lunes, cuando saltó la noticia de la condena de González Cañón por un delito de malos tratos, el elegido como candidato del PP de A Illa no ha vuelto a saber nada de la formación. “No hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto desde que se me pidió que abandonase la candidatura y dije que no tenía pensado dar un paso atrás”, explica. González Cañón insiste en que “estoy preparado para ser alcalde de A Illa y nadie me saca de esa idea”.

Tampoco sacan a sus compañeros que, desde el primer momento, le respaldaron, encontrándose el Partido Popular con que mañana se va a vivir una situación un tanto surrealista, ya que habrá unas papeletas con las siglas del PP pero con un candidato que el PP ha repudiado públicamente.

La situación también le reportó un enfrentamiento con las otras formaciones políticas, a los que la candidatura del PP en A Illa culpó directamente de haber sido responsables de la filtración de una sentencia en la que fue condenado a veinte días de trabajos sociales, 80 euros y nueve meses de prohibición de comunicarse con la víctima.