Cuarto juzgado, una prioridad

La verdad es que a la Comisión Mixta que decidirá los juzgados de nueva creación en Galicia les puede importar ahora muy poco el problema de si concede o no la cuarta oficina de Vilagarcía cuando tiene tantos frentes abiertos y un caos de no te menees a nivel nacional con los letrados (LAJ) –antiguos secretarios– en huelga desde hace cinco semanas, los jueces y fiscales que también quieren mejoras en sus emolumentos, y por si fuera poco también los abogados del turno de oficio que exigen que no se aplique el IVA a sus honorarios.

Así que lo de crear un despacho más o menos, en un insignificante pueblecito que ronda los 40.000 habitantes, es simple pecata minuta en la formalidad del trasunto que ahora ocupa a los próceres de la administración correspondiente.

¿Qué relieve puede tener en estos momentos que haya diligencias convocadas para octubre de 2024 cuando ya se estima que la huelga de los funcionarios judiciales de tan alta categoría va a provocar como mínimo dos años de retraso en la mayor parte de los juzgados de España? El cálculo en absoluto es exagerado si se tiene en cuenta que es la rémora que dejó la huelga de funcionarios un año antes de la pandemia.

Obviamente el grave problema de si hay un juzgado nuevo se convierte en una nimiedad, una simple situación que a pocos o a nadie debe importarle. Casi una superchería en comparación con lo que está ocurriendo en el país.

Pero es esa, precisamente, la gota que en Vilagarcía colma el vaso, una ciudad que se merece desde hace una década un trato más adecuado a sus necesidades, no en vano es la tercera ciudad de la provincia, detrás solo de Vigo y Pontevedra.

Que apuesten por el cuarto juzgado en la capital arousana tiene también un significado político que el PP debería tener muy presente a la hora de decidir si en la próxima reunión van a tener en cuenta la histórica reivindicación de Vilagarcía que clama por unos derechos de los que han sido privados como bien han denunciado funcionarios, profesionales y usuarios de una de las administraciones más lentas de Galicia, por no decir de España.

Los argumentos para conceder esta oficina son de mucho peso para que Vilagarcía pueda cambiar de marcha y abandona la tercera velocidad.

La gráfica de pendencia, palabrejo que en jerga judicial significa simplemente retraso, refleja perfectamente la discriminación con otras circunscripciones judiciales en las que los jueces tienen que, por ejemplo, redactar la mitad de sentencias que en Vilagarcía, simplemente porque tienen el número de juzgados que le corresponden. Ese dato es extrapolable a todos los demás servicios que prestan desde el agente al tramitador, del oficial al secretario, sin olvidar las cuestiones de narcotráfico, que eso es harina de otro costal.

Cambados es el parangón a tener en cuenta, una ciudad con 13.000 habitantes y cuatro juzgados de primera instancia e instrucción.

Ese es el parámetro que debería ponerse en valor, independientemente de que tenga que cubrir las necesidades de su interland judicial, con unos 50.000 justiciables, sencillamente porque la demarcación así lo estableció.

Toca hacer justicia con Vilagarcía. El cuarto juzgado no puede ser una simple moneda de cambio, es una prioridad.

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