¿Cumplen la ley de control horario de los trabajadores las empresas de O Salnés?

En mayo de 2019 entró en vigor la ley que obliga a registrar el horario laboral de los trabajadores, con la que se pretenden evitar las horas extraordinarias sin remunerar. Casi cuatro años después, Inspección de Trabajo sigue cursando denuncias por este motivo y los sindicatos todavía presentan demandas contra empresas o negocios. Así lo constatan fuentes sindicales y empresariales de O Salnés consultadas por FARO, a raíz de la macrorredada en las “Big Four”, cuatro auditoras y consultoras multinacionales instaladas en Madrid que los inspectores están investigando por supuestas irregularidades.

“El problema sigue existiendo”, afirma Miguel María Mochales, del sindicato Comisiones Obreras. “Desde la vuelta de vacaciones de verano hasta ahora hemos presentado en Arousa casi una decena de demandas por ese motivo”, añade.

La hostelería es uno de los sectores más vigilados

Fuentes de la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (FECA) admiten que siguen existiendo negocios a los que les cuesta cumplir la ley, aunque consideran que, “la mayoría de la gente trata de cumplir dentro de sus posibilidades” y que cada vez es más generalizado que se ajusten los horarios de trabajo consignados a los efectivamente realizados.

Anxo Lúa, del sindicato CIG, plantea a su vez que el mayor problema se produce en las empresas que registran el horario mediante firmas en papel. “En muchos casos, esos horarios están trucados por presión de los empresarios”.

Miguel María, de Comisiones Obreras, pone el foco en el sector de la industria agroalimentaria, y sobre todo en las fábricas de conserva y elaborados. Según él, muchas de las demandas que se están tramitando por falsear los registros de trabajo o por el impago de horas extraordinarias se dirigen contra firmas de este ramo.

La organización empresarial FECA, por su parte, plantea que, “el sector más vigilado en relación con el control de horarios es la hostelería”, y que desde el fin de las restricciones de la pandemia se han intensificado las inspecciones. Para la organización, el grado general de cumplimiento es elevado, aunque admite que cuesta más convencer a los dueños de negocios pequeños.

Anxo Lúa, de la Confederación Intersindical Galega (CIG) apunta a su vez que, “lo que hacen muchas empresas es camuflar las horas extras en forma de complementos salariales”, para de este modo esquivar el límite de 80 horas extraordinarias anuales, que fija el Estatuto del Trabajador.

Está convencido de que pocos empleados se niegan a hacer horas a mayores, “porque los salarios medios en Galicia son bajos, y esas horas permiten llevar a casa un sueldo digno”, y que el grado de cumplimiento de la ley depende de factores como el volumen de la empresa o el sistema de registro de la jornada que emplee. Así, percibe más fraude cuando se utiliza a modo de horario un papel, en el que tiene que firmar el empleado; y menos cuando el negocio cuenta con medios electrónicos o digitales de fichaje. También aprecia un cumplimiento alto en las empresas con representación sindical.

Los sindicatos urgen reforzar la delegación de Vigo de Inspección de Trabajo

Tanto Miguel María como Anxo Lúa consideran que, en términos generales, el cumplimiento de los sistemas de control horario y sobre las horas extra realizadas están muy implantados. Pero, aún así, están convencidos de que todavía quedan muchas empresas y negocios que eluden el cumplimiento de la ley. Esto se produce por una confluencia de factores. El dirigente de Comisiones Obreras, por ejemplo, plantea que, “hay muchos trabajadores que no denuncian por miedo o coacciones”.

Las sanciones parten de 625 euros

También llama la atención sobre la existencia de comités de empresa, “pactados” con los dueños de la entidad, y que en consecuencia evitan defender a sus compañeros. Anxo Lúa y Miguel María coinciden también en que es imprescindible reforzar los medios de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Los que realizan las inspecciones en O Salnés dependen de la delegación de Vigo, y en marzo de 2022 se concentraron a las puertas del edificio en señal de protesta, para exigir más medios humanos y técnicos. “Hay carencias gravísimas”, advierte el sindicalista de CIG. Esta situación provoca que la labor inspectora se resienta y que la resolución de los expedientes se demore mucho. Sobre esto, Miguel María sostiene que aún están empezando a recibir resoluciones de demandas presentadas en 2021, cuando llevaron a cabo su campaña “Pescar Dereitos”, enfocada a atajar los abusos en el sector de la transformación de los productos del mar. Anxo Lúa advierte de que la fragilidad del sistema de inspecciones va en detrimento de los trabajadores, pues se ven menos protegidos.

“Las carencias en el servicio de inspección inciden muchísimo en la defensa de los derechos de los trabajadores”, advierte. El dirigente de la CIG también considera que otro mecanismo que ayuda a reducir el volumen de fraude es el mayor control fiscal de Hacienda sobre las empresas. “La práctica de pagar las horas extras en negro, de entregar un sobre en B, sigue existiendo, pero cada vez se hace menos”. Las sanciones que contempla la ley para las empresas que cometen fraude en el horario de sus empleados son variables -dependen del número de trabajadores afectados o de si existe reincidencia-, y van de 625 a 6.250 euros si la infracción es grave.

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