Vilagarcía quiere acabar con los desprendimientos

El Concello de Vilagarcía trata de velar por la seguridad de los viandantes y la buena imagen de la ciudad, controlando para ello la situación en que se encuentran diferentes edificios y obligando a sus propietarios a mantenerlos en buen estado de conservación.

De todos es sabido que en los últimos años se han producido numerosos desprendimientos de tejas, uralitas, baldosas, ladrillos y todo tipo de elementos pertenecientes a las fachadas, balcones, ventanas y/o tejados de un buen puñado de edificaciones.

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En algunos casos incluso se registraron víctimas, y en todos fue necesario instalar vallas para impedir el paso de los peatones y evitar males mayores.

Dándose la circunstancia de que algunas de esas vallas ocupan la vía pública durante años, hasta que la propiedad se decide a acometer reformas o las empresas aseguradoras se hacen cargo de los daños causados.

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Lo que sucede es que, como en cualquier otra ciudad, a medida que pasan los años aumenta el deterioro de los inmuebles, siendo cada vez mayor el número de edificaciones en estado ruinoso, o a punto de estarlo.

A vista de pájaro

A esta circunstancia, fácilmente apreciable a simple vista, con solo observar el aspecto de muchos tejados y fachadas, hay que sumar la acción de los temporales de viento y lluvia que, como los registrados en las últimas semanas, no dejan de provocar desprendimientos.

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Es por todo ello, y desde el convencimiento de que el riesgo para la población es evidente, que el gobierno del socialista Alberto Varela ha tomado cartas en el asunto.

Tanto es así que, de un tiempo a esta parte, se han intensificado los controles y la apertura de expedientes.

Una acción administrativa que lleva parejo un llamamiento a la colaboración ciudadana, advirtiendo a los propietarios de que mantener edificios en mal estado entraña una clara amenaza que puede acarrear alguna tragedia y que, desde luego, puede dar lugar a importantes sanciones económicas.

120.000 euros

Y no son, precisamente, baratas, ya que cuando un edificio está en mal estado genera un expediente por ocupación de vía pública con vallas que eviten los daños de posibles desprendimientos.

Unos expedientes –en la actualidad hay diez abiertos– que solo por tasas suponen el pago al Concello de alrededor de 120.000 euros.

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Aunque eso no es todo, sino que hay que sumar a esas sanciones las impuestas a las propiedades que siguen haciendo caso omiso a lo que dice el artículo 135 de la Lei do Solo de Galicia, referido a “deberes de uso, conservación y rehabilitación”.

El mismo en el que se establece que “los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones” deben “conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato”.

Multas coercitivas

De ese articulado y el Reglamento que desarrolla esa ley se desprende que “las multas coercitivas pueden llegar a los 6.000 euros, partiendo de un mínimo de 300, y con carácter reiterable hasta que se cumplan las normas”, advierten en Ravella.

Dicho de otro modo, que entre ocupación de vía pública y multas, la cantidad a pagar por los propietarios de inmuebles en mal estado puede ser realmente considerable.

Advertencia

Es por ello que el ejecutivo local agradece “la colaboración de las comunidades de propietarios o propietarios individuales que han hecho lo que se les ha exigido”, teniendo muy presente que “no siempre es fácil cuando hay varias partes implicadas, incluidos técnicos y pólizas de seguro”.

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Pero junto a ese agradecimiento a quienes ayudan a corregir una complicada situación, ya que se trata de vías públicas y propiedades privadas, el Concello de Vilagarcía incluye una advertencia que no ofrece lugar a dudas: “La administración no cejará en su empeño de garantizar la seguridad de los viandantes”.

Así pues, tras lamentar “la incomodidad que generan las vallas”, Ravella recuerda “a los que siguen incumpliendo la ley” que ésta debe ser cumplida “estrictamente”.

Desde 2008

Y quienes no lo tengan claro pueden salir de dudas repasando la “Ordenanza de conservación, de rehabilitación y seguridad de terrenos, solares, construcciones, edificios e instalaciones”, vigente desde 2008.

En resumen, que en Vilagarcía de Arousa parece haber cada vez más edificios con las horas contadas, o bien inmuebles que necesitan importantes y urgentes trabajos de mantenimiento, reparación o reconstrucción.

No hacerlo así propicia que sigan registrándose desprendimientos sobre las calles y plazas que pueden causar una tragedia en cualquier momento y que, desde luego, obligan a ocupar la vía pública con molestas vallas, dando lugar a fuertes sanciones.

Avances significativos

En relación con esto, ya se había explicado –y denunciado– en anteriores ocasiones que las vallas para delimitar edificios en mal estado habían tomado la ciudad. Fueron colocadas para proteger a la población ante los desprendimientos de losetas, tejas y otros elementos pertenecientes a las fachadas y tejados de diferentes edificaciones. 

Tales vallas, algunas de las cuales permanecen colocadas durante años, no solo entorpecen el paso, sino que afean la ciudad.

En las últimas semanas se produjeron avances importantes para corregir el estado de los inmuebles afectados y reducir el número de vallas. De ahí que se retiraran, por ejemplo, las de Alcalde Rey Daviña, la calle más comercial y concurrida de Vilagarcía.

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Ahora se espera que, muy pronto, pueda suceder lo mismo en la intersección entre las calles Arzobispo Gelmírez y San Roque, donde se han experimentado avances considerables en el expediente.

Respecto al primer procedimiento, desde el gobierno de Alberto Varela destacan que Rey Daviña está totalmente libre de vallas “después de que los técnicos municipales hubieran dado el visto bueno” a las mejoras introducidas por los propietarios para impedir nuevos desprendimientos en un par de edificios. 

Calle Méndez Núñez

Esto hizo que en uno de ellos también se retiraran las vallas de su fachada posterior, en este caso en la calle Méndez Núñez.

En cuanto a las vallas de Arzobispo Gelmírez con San Roque, que forman parte de lo que Ravella asume como uno de los casos “más conflictivos”, parece que “después de varios requerimientos, acumulación de gastos por ocupación de la vía pública y multas, la comunidad de propietarios por fin solicitó y obtuvo la licencia de obras para la renovación del revestimiento de la fachada, tal y como había recomendado su propio técnico en 2021”.

De ahí que el Concello confíe en que la comunidad haga buena esa licencia y comience las obras más pronto que tarde. 

Hasta que eso ocurra, “las vallas o la ocupación de la vía pública por andamios será inevitable y, por tanto, los promotores de las obras tendrán que pagar las tasas correspondientes”, sentencia el gobierno local.

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