El fiscal ha pedido para José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, 31 años y medio de cárcel por narcotráfico. Si la Audiencia Nacional atiende esta petición, el histórico capo cambadés saldría de prisión ya convertido en un anciano. El escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga se hizo público ayer, día en que se enterraba en el cementerio de Santa Mariña Dozo (Cambados) la madre del narco.

“Sito Miñanco” está considerado por los investigadores como el cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, y que habría tratado de introducir cuatro toneladas de cocaína en España en dos operaciones frustradas, en 2018.

Forman parte de la trama 48 personas, y entre los procesados se encuentra también el abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont. Boye se enfrenta a una petición de condena de nueve años de prisión.

Salida desde el tanatorio de la comitiva fúnebre de la madre de Sito Miñanco, ayer. | // EUROPA PRESS

La Fiscalía Antidroga remitió sta semana el escrito de acusación al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público ha solicitado que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones de euros para Sito Miñanco. Esta petición tiene lugar después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Nacional enviara a ambos a juicio por su presunta implicación en la llamada “Operación Mito”.

El Ministerio Público ha concluido que Sito Miñanco, “con el propósito de introducir y distribuir la droga, contaba con una “infraestructura personal necesaria” que ya había acumulado una “experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico”.

Argumentos

Todos los acusados guardan una supuesta relación con la “Operación Mito”, y los investigadores les seguían la pista desde 2016.

La Fiscalía también solicita 22 años de cárcel para el presunto lugarteniente de Sito Miñanco, Luis Enrique García Arango -conocido como el “Viejito”-, así como para Juan Antonio Fernández Fernández -alias Nuria--, a quien Prado Bugallo confiaba también los “pormenores de las distintas operaciones criminales”, según el fiscal.

En 179 folios, el Ministerio Público ha descrito cómo entre 2016 y 2018 la actividad principal de Sito Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, pese a que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Algeciras.

Organización criminal

La Fiscalía sitúa en la cúspide de la organización a “Sito Miñanco”, pese a que en aquel momento empezaba a disfrutar de beneficios penitenciarios, tras encontrar un supuesto trabajo como vigilante de un aparcamiento subterráneo en Andalucía. Tras su detención, en febrero de 2018, fue juzgado en Pontevedra por blanqueo de dinero, y condenado, al igual que una hija suya y su exmujer. En la actualidad, Sito Miñanco está ingresado en la cárcel de El Dueso, en Cantabria.

El abogado Gonzalo Boye Marta Pérez

Según el escrito de acusación, la organización de Sito Miñanco se dedicaba al tráfico de cocaína y al lavado de dinero. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en “b”, un tercero utilizaba presuntos falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas supuestamente falsas.

El Ministerio Público ha asegurado que Sito Miñanco hizo del narcotráfico su “modus vivendi de manera continuada y estable”, ya que no solo se encontraba cumpliendo condena por una sentencia de 2006, sino que encadenaba una condena anterior por un delito contra la salud pública y “carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad”. Antidroga ha explicado que “una de las notas principales que caracterizaba el entramado criminal dirigido y controlado por Prado Bugallo era su naturaleza eminentemente personalista”. Según ha señalado, “todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él”, quien se mostraba muy celoso de las medidas de seguridad que había que adoptar para no ser descubiertos.

Dónde se cocían las presuntas operaciones

La Fiscalía Antidroga realiza un relato de cómo preparaban, presuntamente, sus operaciones la organización, y cita algunos de los inmuebles que empleaban para sus encuentros. Entre estos, se encuentran, según la acusación, la nave de Astilleros Facho, de Castrelo; un chalé de O Rial, en Vilagarcía; viviendas en Baiona y Benalmádena (Málaga), o una nave de Collado Mediano (Madrid), en la que se practicaron varias detenciones y la policía tuvo que defenderse de un tiroteo. Supuestamente, quiso introducir cocaína en España a través de un contenedor marítimo localizado en Holanda y el buque “Thoran”.

La acusación contra el abogado de Puigdemont

En el marco de esta presunta organización, Boye -que se encuentra en libertad-- fue procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas. Estos “correos humanos”, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los narcos contactaron con Boye y otro abogado para que elaboraran unos documentos que justificasen el origen legal del dinero.

En concreto, la Fiscalía ha subrayado que Boye, “para acreditar el origen ilícito del dinero intervenido”, confeccionó junto a otros letrados unos contratos de compraventa de letras de cambio. Para el Ministerio Público, “el pretendido negocio no presentaba lógica comercial alguna”. En este sentido, el fiscal ha incidido en que Boye “presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico”. Así, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de dichos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.