Que convoquen a año y medio vista la celebración de unas sencillas audiencias previas en materia civil en los juzgados arousanos ya no sorprende a los profesionales. Se trata de un simple trámite de a lo sumo diez o quince minutos, una comparecencia en la que las partes deciden qué pruebas, testigos o peritos comparecerán finalmente durante la vista en la fecha que también se señalará en este acto.
Los retrasos derivados del atasco causado por la insuficiente estructura judicial en Vilagarcía son especialmente llamativos en las agendas que ya tachan fechas de abril de 2024 para asuntos civiles, la mayor parte de muy baja complejidad y que en condiciones normales deberían celebrarse en un plazo de entre cuatro y seis meses.
Los ciudadanos ya se toman con estoicismo este funcionamiento anómalo de la justicia, conscientes de que las probabilidades de aumentar el número de juzgados en Vilagarcía es una entelequia pues el Consejo del Poder Judicial resuelve a cuentagotas las demandas de las distintas jurisdicciones existentes en Galicia y España, con dotaciones mínimas cada año.
También la Xunta de Galicia tiene su parte de responsabilidad cuando, pese a incluir la necesidad del cuarto juzgado en Vilagarcía, jamás lo sitúa como preferente a pesar de ser conocedor de la precariedad con la que se trabaja, pues como tantas veces se ha subrayado el número de casos que llegan a la circunscripción de la capital arousana es idéntico al de Cambados que cuenta con una oficina judicial más.
No se puede olvidar también la parte de culpa del Ayuntamiento de Vilagarcía, que pese a la voluntad expresada hace casi una década de poner a disposición un local –en las Galerías Gallego– para ese demandado cuarto juzgado, nunca obtuvo respuesta de la Administración de Justicia a ese voluntarioso gesto.
Ralentización
La histórica ralentización en el partido judicial provoca trastornos a más de cincuenta mil personas que, en definitiva, son las que sufren las nefastas consecuencias de los retrasos injustificados en los órganos que les han correspondido; en concreto, los cerca de 38.000 de Vilagarcía, los 11.000 de Vilanova y los 5.000 de A Illa y otros tantos de Catoira, cuyos casos se resuelven con una lentitud que solo tiene parangón en muy señaladas localidades donde se han llegado a fijar señalamientos para 2026, es decir a tres años vista, como ocurrió en un Juzgado de lo Social andaluz.
Los últimos datos aportados por el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Xusticia indicaban que cada juzgado de Vilagarcía resuelve un promedio de doscientos asuntos más que sus homólogos de la villa del albariño.
No es de extrañar, por tanto, el éxodo contInuo de profesionales tan pronto como se convoca un concurso de traslados, poniendo coto así a la presión diaria que soportan jueces, fiscales, letrados y demás funcionarios con destino en O Cavadelo.
Los sindicatos han puesto de manifiesto en innumerables ocasiones estas carencias sin que de momento haya habido ninguna respuesta positiva para resolver la compleja precariedad, si bien quedan aún meses para que el planteamiento de mejora vuelva a ser estudiado por los órganos de decisión de los jueces, una vez que se dé a conocer la última estadística referente a la actividad en los distintos partidos judiciales, aunque no parezca argumento suficiente.
