Ser homosexual puede salirle muy caro a una persona en muchos países del mundo. En 70 de ellos, lo que supone el 35,8% por ciento de todos los Estados del planeta, la ley castiga la homosexualidad. En muchos casos, son sanciones económicas o administrativas. Pero también hay países donde los castigos son físicos. Las penas de cárcel también están a la orden del día e incluso hay once países en los que tener una relación homosexual puede suponer perder la vida.
Cambados acogió ayer la sexta edición del Simposio LGTBI, y una de las ponencias corrió a cargo de Felicia Estévez Salazar, activista de Amnistía Internacional e integrante del grupo de trabajo de Santiago de Compostela. En su intervención, hizo un repaso sobre la situación legal del colectivo LGTBI en el mundo. Una de las conclusiones del informe es que todavía existe discriminación por razones de orientación sexual en una parte muy considerable del globo.
Así, hay seis países cuya legislación recoge específicamente la pena capital como castigo para la homosexualidad: Arabia Saudí, Yemen, Brunei, Irán, Nigeria y Mauritania. En otros cinco, la pena de muerte forma parte de su Código Penal, y aunque la homosexualidad no figure en las leyes como un delito a castigar con la muerte, los jueces sí podrían imponer esta condena de acudir a la ley islámica. Estos países son Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Pakistán y Qatar.
Solo 32 países
En el mundo hay algo menos de 200 países -no hay un consenso absoluto sobre el número de Estados, por razones políticas- y solo en una pequeña parte de los mismos existe un cuerpo legislativo que garantice la igualdad para las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales.
En diez años, España pasó del segundo puesto en Europa en respeto por los derechos del colectivo LGTBI al undécimo
Según los datos aportados por Felicia Estévez en Cambados, el matrimonio igualitario solo está reconocido en las leyes de 32 países (el 16,4 por ciento del total). España se encuentra en este bloque, al igual que la mayoría de los países de Europa occidental, algunos Estados americanos, como Canadá, Argentina, Colombia, Costa Rica o Ecuador; Taiwan, Nueva Zelanda o algunos miembros de Estados Unidos. En Cuba, la ley entró en vigor en septiembre pasado, y en Andorra lo hará a principios de 2023. También hay casos como los de Suiza, Italia o Grecia que no admiten los matrimonios igualitarios, aunque sí se permiten las uniones civiles.
Persecución social
La activista de Amnistía Internacional indicó también que en algunos países las leyes no penalizan la homosexualidad, pero los miembros del colectivo LGTBI son perseguidos socialmente, y reciben un nulo apoyo por parte de las autoridades. Sería el caso de Rusia, donde las personas de orientación o identidad sexual distintas a las mayoritarias viven en una situación de privación de derechos y acoso, pese a que no haya ninguna ley contra ellos. En Brasil, la homofobia y la transfobia están castigados, como el racismo, pero aún así decenas de personas trans son asesinadas cada año en este país.
De nuevo en Europa, en Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia y Moldavia, “se vulneran frecuentemente la libertad de expresión y reunión de los colectivos LGTBI y sufren discriminación”, añade Felicia Estévez. La activista citó también en su ponencia algunos casos de violación de los derechos humanos en los que está trabajando Amnistía Internacional, que se localizan en Rusia, Grecia, Ucrania, Irán y Paraguay.
La situación de España
Países Bajos fue el primer Estado en reconocer los matrimonios igualitarios. Lo hizo en 2001, y en 2005 siguió esa estela España, que en su momento fue uno de los países europeos más avanzados en el respeto institucional de los derechos del colectivo LGTBI, hasta el extremo de que en 2011 alcanzó el segundo puesto en el índice Rainbow, que elabora anualmente la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Sin embargo, en los años siguientes se produjo un retroceso, y en 2021 España había caído hasta el puesto 11 de Europa.
No es este el único dato para la reflexión. En 2021, el Ministerio del Interior contabilizó 1.800 denuncias por delitos de odio, muchos de ellos cometidos contra personas LGTBI. Para Felicia Estévez, la educación sigue siendo la mejor herramienta para construir un mundo más justo. Y recordó que tal y como ya ha recalcado la Organización de Naciones Unidas (ONU), “reconocer la igualdad de género no es dar más derechos, sino darle a todos los mismos derechos”.
