Vertidos, viñedos prácticamente encima del cauce, desaparición del bosque de ribera y un constante mirar hacia otro lado de las administraciones son solo algunos de los problemas que el río Umia viene arrastrando desde hace décadas y que, pese a que el incendio de la quimiquera Brenntag hace 16 años en Caldas de Reis los sacó a la luz, poco o nada se ha hecho para corregirlos.
El Umia continúa siendo uno de los ríos más alterados de Galicia, algo que reconoce la propia Consellería de Medio Ambiente, ya que se encuentra sometido a una intensa presión urbanística y agrícola, sobre todo en el último tramo antes de su desembocadura, cuando atraviesa la comarca de O Salnés. Entre esas alteraciones destaca la existencia de presas en el cauce, como la que se construyó a la altura de Ribadumia con el único fin de garantizar el suministro de agua a la isla de A Toxa, cuando podían recurrir sin problema a la red mancomunada que recoge el agua poco más de un kilómetro más arriba, evitando el grave perjucio que se le causa al cauce con el amontonamiento de piedras en ese punto.
A ello se unen los constantes vertidos que sufre, algunos provocados por el mal funcionamiento de la propia red pública de alcantarillado, algo que lleva años ocurriendo en Cabanelas sin que Augas de Galicia dé los pasos necesarios para solucionarlo. Es cierto que desde la administración autonómica se han dado pasos para solucionarlo, sobre todo a raíz de la presión ejercida por los concellos y por la Mancomunidade, pero la situación va demasiado lenta y se encuentra lejos de solucionarse.
Otra de las cuestiones que más está afectando al río es la práctica desaparición del bosque de ribera y la aparición de viñedos prácticamente metidos en el cauce. Esa proliferación se ha registrado en los últimos años y está provocando que la presencia de metales pesados procedentes de los fitosanitarios que se utilizan en el viñedo se encuentran con mayor facilidad en las aguas del Umia. A este problema se suma la apuesta de las administraciones por la creación de sendas peatonales lo más cercanas posible al cauce fluvial, lo que provoca que el bosque se encuentre retirado del mismo, cuando resulta esencial para la protección de la biodiversidad que existe en el Umia.
Además, el Umia transita muy cerca de varios polígonos industriales, lo que lleva a que muchas entidades, como el Colectivo Ecoloxista de O Salnés, lleven años preguntándose si la catástrofe ambiental de Brenntag puede volver a ocurrir.
La catástrofe de Brenntag ocurrió el 1 de septiembre de 2006 en la nave industrial que la firma quimiquera poseía en Caldas de Reis. Aquella jornada, los Bombeiros de O Salnés se enfrentaron a una de lasa situaciones más complicadas a las que han tenido que hacer frente, con un incendio lleno de agentes químicos que provocó una densa humareda negra y un gran vertido al río Umia. Todo ser vivo que fue alcanzado por la gran mancha acabaría muerto.
Días después se descubriría que lo ocurrido en el Umia se debió a un accidente durante la descarga de un camión cisterna cargado de tolueno, pero el incendio de la planta de Brenntag obligó a tomar decisiones políticas para evitar que la amenaza que se cernía sobre las captaciones de agua potable de la comarca de O Salnés y sobre los ricos bancos marisqueros de la ría de Arousa se frenase.
Se creó un gabinete de crisis a toda velocidad, con Cambados como sede y presidido por el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, y en el que estaban todos los alcaldes de la comarca. Fue en ese lugar donde se decidió frenar el avance de la densa mancha azul en la zona de As Aceñas, entre Meis y Vilanova, y construir un by pass para garantizar el suministro de agua a la población. Durante más de una semana no solo se limpiaron con carbono activo todos los litros de agua que arrastraba el Umia, sino que se construyó en tiempo récord una canalización de agua cuyas tuberías todavía se pueden encontrar en un simple paseo por las inmediaciones del río.
Tan solo se contaminaron siete kilómetros y se consiguió evitar que los agentes químicos llegasen a la desembocadura. El apartado judicial todavía se prolongaría unos años y sentaría en el banquillo a tres trabajadores, que acabarían siendo absueltos, mientras la Xunta y la aseguradora de la empresa alcanzaron un acuerdo extrajudicial que supuso el pago de cinco millones de euros de indemnización, cuando se habían reclamado 9,6.
