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Los ayuntamientos de O Salnés evitan endeudarse

Nueve de los doce municipios lograron reducir su deuda viva durante 2021

Inicio de las obras en la futura biblioteca de Vilagarcía Noe Parga

Nueve de los doce ayuntamientos de O Salnés y Ullán mantuvieron durante 2021 la senda de la contención del gasto y redujeron su deuda viva con respecto a 2020. Así lo atestigua el informe publicado esta semana por el Ministerio de Hacienda, en el que se constata que a nivel general los concellos gallegos se endeudaron más el año pasado, puesto que a 31 de diciembre de 2020 debían un total de 216 millones de euros, mientras que el ejercicio de 2021 lo cerraron con un descubierto de 234 millones. Sin embargo, la tendencia en O Salnés es distinta.

De hecho, hay cuatro localidades arousanas sin deuda alguna: Meaño, Ribadumia, Meis y Pontecesures. En 2020 no tenían cuota pendiente alguna con los bancos, y tampoco suscribieron préstamos durante 2021. De los municipios que sí tienen deuda viva, el de Vilagarcía registra la más elevada. A 31 de diciembre pasado, ascendía a 7,2 millones de euros, unos 100.000 euros menos que el año anterior.

La deuda viva es el dinero que una administración tiene pendiente de pagar por préstamos suscritos con entidades bancarias, e incluye el capital que falta por amortizar y los intereses generados. Numerosos concellos gallegos aumentaron su deuda viva el pasado ejercicio, debido posiblemente a la reactivación económica posterior a la fase más dura de la pandemia y a la decisión política de acometer inversiones de gran calado. Los municipios de O Salnés, no obstante, han preferido mantener la senda de la austeridad que caracterizó la gestión económica de la mayoría de ellos durante la última década. Solo rompieron esta tendencia de contención A Illa, Valga y Vilanova.

Por municipios

A raíz de la crisis financiera de 2008, el Gobierno central impulsó una serie de mecanismos para controlar más la gestión económica de las administraciones. Esto se tradujo, en el caso de los ayuntamientos, en políticas más austeras. Un ejemplo de ello es la deuda viva municipal, que en el último lustro se redujo de manera notable en once de los doce concellos de O Salnés.

En el de Vilagarcía, por ejemplo, tenían un endeudamiento de 12,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, que se redujo progresivamente hasta los 7,2 actuales.

El segundo municipio con la deuda viva más elevada de O Salnés es el de Vilanova, con un descubierto de 5,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2021, unos 60.000 euros más que el año anterior. Este incremento se debe a que han tenido que refinanciar parte de su deuda para poder pagar antes a los proveedores. En 2015, Vilanova debía a los bancos casi 7 millones de euros.

Sanxenxo redujo su deuda viva en nueve millones de euros durante los últimos seis años

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El endeudamiento de O Grove ascendía a finales del pasado ejercicio a casi 4,6 millones de euros. La cifra es ligeramente inferior a la de 2020 (5,2 millones de euros), pero en cambio es mayor que la deuda de 2015, cuando el Concello estaba pendiente de abonar 3,5 millones a los bancos. En este caso, el incremento del déficit podría explicarse por la importante inversión acometida para hacer realidad el Auditorio de Monte da Vila.

Catoira es otra de las localidades más endeudadas, con un saldo pendiente de abonar de 3,8 millones de euros. Son apenas 20.000 euros menos que el ejercicio anterior. En 2015, la deuda viva de este municipio ascendía a 4,6 millones.

Sanxenxo es uno de los municipios que más rápidamente han logrado amortizar sus préstamos. Hace seis años, estaba pendiente de abonar casi 10,5 millones de euros; en 2020, ya solo debía 2,5, y el año pasado lo cerró con un saldo negativo de poco más de un millón.

El aumento del endeudamiento público sí ha sido elevado los últimos años en A Illa, ya que pasó de los 135.000 euros pendientes de abono a los bancos en 2015 y los 123.000 de 2020, a un saldo negativo de 625.000 euros el pasado ejercicio.

También ha aumentado ostensiblemente la deuda viva en Valga, que pasó de no tener préstamo pendiente alguno en 2015 a una deuda viva de 400.000 euros en 2020, y de casi 560.000 el año pasado. Finalmente, también apostó por la moderación Cambados. Hace siete años, le faltaba por pagar más de dos millones de euros. En 2020, solo le restaban 560.000 euros, y en 2021, la deuda bajó a 337.000.

Charlín: “Es mejor acudir a subvenciones y fondos europeos que a préstamos”

El concejal de Facenda de Cambados, Xurxo Charlín, es un firme defensor de la moderación en las cuentas públicas. De hecho, está convencido de que, a la hora de realizar una inversión importante, “es mejor acudir a subvenciones o a los fondos europeos que a préstamos”. En su opinión, la opción de endeudarse con los bancos para poder realizar obras, “es lo más fácil”, y la vía rápida a la que recurren en ocasiones los gobiernos municipales cuando disponen del colchón de una mayoría absoluta. “Suscriben créditos que después habrá que pagar en el siguiente mandato”, asevera. Algo así sucedió en Cambados. “Cuando llegamos al gobierno, la deuda viva por habitante era de 180 euros. Ahora está en 25 euros, y en marzo de 2023, el Ayuntamiento quedará sin deuda alguna con los bancos”.

Según Charlín, será la primera vez en los últimos 30 años que el Ayuntamiento de Cambados no deba nada a los bancos. En su opinión, esto concede un gran margen de actuación a los gestores municipales, “porque el dinero de amortizar el capital y de pagar los intereses puede destinarse a gasto corriente”, o lo que es lo mismo, a mejorar los servicios que se presta a los vecinos. Para él, para evitar endeudar al Ayuntamiento hay que trabajar con una visión “a largo plazo”, evitando la tentación de querer acometer inversiones muy ambiciosas en poco tiempo con la ayuda de los préstamos financieros.

Los municipios de O Salnés también figuran entre los que más rápido pagan a los proveedores de servicios y obras, tal y como muestran cada trimestre las estadísticas que también confecciona el Ministerio de Hacienda, según las cuales casi todos los concellos cumplen la ley que fija en 30 días el periodo máximo para pagar una factura que haya entrado por registro. La celeridad del pago a proveedores es vital puesto que a menudo estos son autónomos o pequeños emprendedores que necesitan liquidez para seguir trabajando.

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