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Hasta año y medio de espera por un informe para resolver un divorcio en los juzgados

El equipo psicosocial del Imelga de Pontevedra advierte a los abogados de que no puede resolver antes todas las solicitudes de estudio

Edificio judicial de A Parda, sede de la Subdirección del Imelga en Pontevedra GUSTAVO SANTOS

Cuando unos padres en proceso de separación debaten en el Juzgado sobre la custodia o el régimen de visitas de un hijo, es habitual que el abogado de uno de ellos, o el juez, soliciten la elaboración de un informe psicosocial al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Cuando esto sucede, el procedimiento se suspende y toca armarse de paciencia. Con suerte, el informe llegará al Juzgado un año después de la solicitud; si no hay suerte, se demorará todavía más. La abogada arousana Dolores Salgueiro afirma que recientemente ha solicitado un peritaje y que le han avisado de que probablemente no esté listo antes de 2024.

Los pleitos de familia acostumbran a ser muy delicados, sobre todo cuando no hay buena relación entre las partes. Esto, unido al hecho de que son asuntos en los que suele haber menores de edad implicados, hace aconsejable que la resolución judicial sea rápida. Pero en la práctica no está sucediendo así, como denuncian varios letrados arousanos consultados por FARO.

"Hasta ahora, la espera media era de seis meses a un año"

Dolores Salgueiro - Abogada

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Dolores Salgueiro, con despacho en Meaño, afirma que, “hasta ahora la espera media por un informe psicosocial del Imelga estaba siendo de seis meses a un año, pero en estos momentos ya tenemos escritos donde se nos dice que debido a la falta de medios y a la carga de trabajo que tienen tendremos que esperar a 2024”. La letrada considera que estos plazos son completamente inasumibles, “porque se trata de casos en los que se están debatiendo medidas que afectan a menores de edad”, y en los que el paso del tiempo sin una solución acostumbra a enquistar más los problemas y a enturbiar aún más si cabe la relación entre los progenitores.

Bruno Fernández Aguiño, de O Grove, hace un diagnóstico similar. “Antes del COVID, la media de espera por un informe del Imelga podía situarse entre los nueves meses y el año, pero ahora esos plazos se han disparado”. Tanto es así que afirma tener sobre la mesa una veintena de asuntos de Familia parados, “a la espera del equipo psicosocial”.

"Un informe privado es caro y no deja de ser una pericial de parte"

Bruno Fernández - Abogado

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El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) cuenta con un grupo de especialistas en materias como la psicología o el trabajo social, y entre sus funciones se encuentra la de elaborar informes sobre la situación particular de familias que por una razón y otra están dirimiendo sus diferencias en los juzgados. Estos informes no son vinculantes, pero los jueces los tienen muy en cuenta a la hora de determinar aspectos como el tipo de custodia o el régimen de visitas que se establecerán para unos padres que están separándose. Por eso, este documento es vital para una resolución ágil de los pleitos de Derecho de Familia, pero en la práctica el Imelga está saturado y no puede atender en condiciones toda la demanda de estudios que reciben.

Fernando Montáns, que tiene despacho en A Illa de Arousa, aprecia que en efecto los plazos del Imelga ralentizan mucho los casos, pero advierte de que también los Juzgados deberían tramitar con mayor celeridad estos asuntos. “La incoación de un procedimiento está tardando entre mes y medio, y dos meses. Yo mismo tengo una demanda que ha sido admitida a trámite hace tres meses y ese paso todavía no se le ha notificado a la otra parte”, explicó.

"Los afectados viven estos retrasos con mucha frustración"

Fernando Montáns - Abogado

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Los tres abogados coinciden en que los mayores perjudicados por esta situación son los niños, ya que se ven obligados a vivir durante meses en una situación de incertidumbre e inestabilidad, y sus padres. Hay casos en los que una de las partes se ve privada de ver al niño o de poder quedar con él un fin de semana durante más de un año; en otros casos, el pago de la pensión de alimentos queda en el limbo a la espera de que llegue el informe psicosocial y el juez tome una decisión al respecto.

“Las familias lo viven con resignación”, afirma Bruno Fernández. Para Fernando Montáns, las dilaciones provocan entre los afectados, “mucha frustración”. Dolores Salgueiro recuerda la máxima de que una justicia lenta no es justa, y plantea que la situación actual favorece a quien prefiere causar daño emocional a la otra parte, en vez de llegar a un acuerdo.

Los informes privados son una alternativa limitada

Los abogados consultados afirman que la subdirección del Imelga en Pontevedra está recibiendo unas 300 solicitudes anuales de informe, pese a que por número de trabajadores difícilmente podrían redactar más de un centenar. También tramitan asuntos relacionados con abusos, acoso o violencia de género. Sus peritajes son importantes para que jueces y fiscales puedan tomar decisiones en asuntos contenciosos de Familia, y cuando se retrasan en exceso los abogados apuestan por negociar entre ellos un acuerdo que pueda ser aceptado por los dos padres, con la finalidad de terminar cuanto antes con el pleito. Pero esto no siempre es posible, sobre todo cuando la separación es muy conflictiva.

Fernando Montáns asegura que, “para llegar a una solución tiene que existir voluntad de acuerdo por las dos partes, y eso no siempre sucede”. Otra posibilidad para atajar sería la de recurrir a informes psicosociales de gabinetes privados, pero Bruno Fernández recuerda que además de suponer un coste económico elevado, no dejan de ser periciales de parte y, en consecuencia, el juez no les concederá la autoridad que sí tienen los del Imelga, “que es un equipo ajeno a las partes”. Dolores Salgueiro explica que algunos jueces preguntan a los abogados si siguen queriendo el informe, a sabiendas de que prescindir de él ayudaría a agilizar el trámite. Pero la letrada considera que no pedir esta prueba, “podría causar indefensión”.

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