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Faro de Vigo

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Las subastas del patrimonio de los narcos arousanos, en el congelador

El último procedimiento en el que el Plan sobre Drogas puso a la venta propiedades significativas de Marcial Dorado o “Patoco” es de septiembre de 2019

Uno de los salones de la casa Jaureguízar, durante la visita del Plan sobre Drogas, en febrero de 2019 INAKI ABELLA DIEGUEZ

La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en el funcionamiento del Plan Nacional sobre Drogas en lo que se refiere al tratamiento de los inmuebles intervenidos a narcos arousanos, como el ya fallecido Manuel Abal Feijoo, “Patoco”, o el isleño Marcial Dorado. Así, el frenético ritmo de enajenaciones directas y subastas que se percibía hasta la primavera de 2020 se frenó abruptamente desde entonces, hasta el extremo de que hace dos años y medio que este departamento del Ministerio de Sanidad no pone a la venta inmuebles que formasen parte sustancial de los bienes intervenidos a Dorado o Abal Feijoo.

A punto de llegar este año 2022 a su ecuador, el Plan Nacional sobre Drogas únicamente ha convocado un procedimiento, una enajenación directa de vehículos, embarcaciones y objetos en Madrid. El plazo para la presentación de ofertas ya finalizó el 7 de abril, y el documento de adjudicación fue firmado el 11 de mayo. Desde entonces, la web del Plan en la que se publican las subastas de los bienes embargados a los narcotraficantes permanece muda.

Los dos años anteriores, 2021 y 2020, tampoco fueron prolíficos si se comparan con la actividad de los ejercicios precedentes. Así, en 2021 se realizaron cuatro tramitaciones, dos en Madrid y otras dos en Cádiz, en las que suele centralizarse la venta del patrimonio vinculado a los traficantes de la costa Sur de Andalucía, muy activos en los últimos años. Pero todos estos procedimientos fueron de vehículos y embarcaciones. En muchos casos, se trata de coches ya destartalados tras muchos años de depósito, vendidos por calderilla y con escasa vida útil futura.

El año 2020 tampoco generó una gran actividad de subastas, si bien ese ejercicio estuvo marcado por la fase aguda de la pandemia, que interrumpió en gran medida la actividad en numerosos organismos públicos. La última subasta de inmuebles que organizó el Plan sobre Drogas hasta la fecha con propiedades de traficantes arousanos se resolvió en diciembre de ese año, pero únicamente incluía unas pocas propiedades menores de Marcial Dorado.

Para encontrar una subasta en la que se hayan puesto a la venta viviendas, naves o parcelas de verdadero interés vinculadas al isleño o a “Patoco” hay que ir dos años y medio atrás. Fue en septiembre de 2019 cuando se convocó un procedimiento en el que sí figuraban numerosos lotes de ambos. Un hotel de Madrid acogió a principios de noviembre la subasta, en la que se pujó hasta los 214.000 euros por el esqueleto de una discoteca de Sanxenxo vinculada a Abal Feijoo; un solar residencial de A Illa se vendió por 74.000; una nave de Castrelo (Cambados) se despachó por 85.000; se vendieron numerosos trasteros y plazas de garaje en Sanxenxo; y un licitador ofreció casi 260.000 euros por un puñado de fincas rústicas y un solar situados en Ribadumia.

Así las cosas, y mientras el Plan sobre Drogas no descongele los expedientes pendientes de inmuebles de estos narcos arousanos ya citados, todavía no será posible poner en el mercado algunas de sus joyas, como la casa familiar de Dorado en O Lagartiño, o el aparcamiento subterráneo de la plaza de España de Vilagarcía, vinculado también al isleño.

El dinero obtenido con estas ventas se destina a la prevención de las drogodependencias y la lucha policial contra el narcotráfico.

Hacienda podría disponer de la casa de Charlín

El fallecimiento del vilanovés Manuel Charlín Gama en un accidente doméstico, la pasada Nochevieja, permitirá también que la Agencia Tributaria ponga a la venta la casa familiar de Cálago. La Audiencia Nacional ordenó en su momento el embargo de la propiedad, pero Charlín llegó a un acuerdo con la justicia para que se le permitiese seguir ocupando la casa mientras viviese. El acuerdo establecía que, a su muerte, la Justicia ya podría disponer del inmueble. Cálago es un barrio tranquilo situado entre el casco urbano de Vilanova y As Sinas. La casa es una construcción grande de piedra y tiene una buena finca.

El “Patriarca” se estableció en ella tras su excarcelación, en el verano de 2010. Formalmente, la Justicia ya había ordenado su embargo, pero Charlín y su esposa, Josefa Pomares (fallecida en 2012) llegaron a un acuerdo con la Audiencia Nacional para que les dejase quedarse mientras viviesen. Con anterioridad, el matrimonio ya sufrió la pérdida del pazo de Vista Real, la joya que habían adquirido antes de caer en las redes de la justicia. Manuel Charlín Gama falleció a media tarde del día de Nochevieja tras sufrir una caída fortuita en su finca y golpearse la cabeza. Una vecina del lugar fue quien alertó a los servicios de emergencia, tras ver al hombre tendido en el suelo.

La esposa de Dorado alegó un alquiler del chalé de O Lagartiño para frenar la inmatriculación del Estado

Hace algo más de tres años, en febrero de 2019, la entonces delegada para el Plan Nacional sobre Drogas, María Azucena Martí, anunciaba que el Estado había registrado a su nombre el chalé familiar de Marcial Dorado. Un trámite que hacía presumir una rápida resolución de la venta de este inmueble. Pero nada más lejos de la realidad. Los recursos judiciales de la familia del isleño -extensibles a varias propiedades significativas más-, la pandemia de COVID y el presunto cambio de prioridades en la agenda de trabajo del Plan sobre Drogas parecen haber aparcado enajenaciones como esta.

En el caso del chalé, la esposa de Dorado presentó un recurso en Pontevedra alegando que estaba alquilado y que, en consecuencia, el Estado no podía inmatricularlo como suyo. Sin embargo, en abril de 2021, el Juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra resolvió en contra de Otilia Ramos, al considerar que, “el contrato de arrendamiento litigioso fue total y absolutamente simulado, por cuanto la cesión del uso y disfrute de la vivienda no se realizó a título oneroso”.

Por ejemplo, el Juzgado destacaba que la renta del alquiler era de solo 240 euros al mes, pese a tratarse de una propiedad tasada en 3,5 millones de euros. “La renta resulta irrisoria y demostrativa del fraude que entre las partes se pretende”. De todos modos, la sentencia no era firme, admitiendo recurso en otras instancias.

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