Las obras de mejora del cementerio de Vilariño (Cambados) provocaron un conflicto vecinal que, salvo sorpresa, tendrá que resolverse en los Juzgados. La asociación de propietarios que promovió la actuación ha enviado unas cartas instando a los que no pagaron a que abonen antes de diez días 100 euros por cada nicho, y está resuelta a acudir a la Justicia sin más dilaciones contra aquellos que hagan caso omiso. “Les hemos dado tantas oportunidades para que pagasen, les fuimos tantas veces a casa, que sería una burla ponerse ahora con más reuniones”, aseveró la presidenta del colectivo, Josefa Paz.
Mientras, los vecinos críticos con la gestión sostienen que solo están dispuestos a abonar 31 euros por nicho, alegando que la fórmula que defiende la asociación de cobrar primero 100 euros por sepultura a cada propietario, y de devolver después el dinero sobrante a cada vecino una vez ingresada la subvención del Ayuntamiento es ilegal.
El alcalde afirma que el Ayuntamiento adoptará una postura neutral en el conflicto
Tras más de medio año de desencuentros, y en un clima de creciente tensión, ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder ante la otra. La confusión se acrecentó la semana pasada, después de que los vecinos críticos con la gestión del proceso recibiesen una carta con el logotipo de Unións Agrarias, y firmada por un abogado que se identifica como miembro de los servicios jurídicos de esta central. El hecho de que el alcalde, Samuel Lago, estuviese vinculado laboralmente a este sindicato hasta que se puso al frente del Ayuntamiento enrareció todavía más el ambiente.
Josefa Pérez aseveró ayer que, “Samuel Lago no tuvo nada que ver en la elección del abogado, el alcalde no se metió para nada”, y explica que se decidieron por el letrado de Unións Agrarias porque varios miembros de la asociación están sindicados en dicha central o tienen plantaciones de albariño, y dieron buenas referencias de este profesional, Isaac Lemus Cibrán. “La gente dice de él que es un abogado muy serio y responsable, y por eso le dimos el asunto a él”, explica Josefa Pérez. “No es solo abogado de Unións Agrarias, trabaja para más personas que quieran contratar sus gestiones”.
El alcalde
Samuel Lago se desvinculó tajantemente de la elección del letrado. “No tengo nada que ver, ya no tengo vinculación laboral con Unións Agrarias, y me enteré de que la asociación había escogido a ese abogado el sábado por el concejal del BNG”, en alusión a Xosé Luis “Liso” González, que le llamó por teléfono para hablar de los presupuestos municipales, y que también le hizo ver la extrañeza del Bloque por el hecho de que Unións Agrarias se haya inmiscuido en el conflicto vecinal. “Es un contrato entre dos partes para la prestación de servicios con el que no tengo nada que ver”, insistió.
La primera mitad de la subvención ya está pagada, y la segunda se abonará antes del 30 de junio
Samuel Lago plantea que el Ayuntamiento será neutral. “Nosotros ni podemos ni queremos inmiscuirnos en un asunto interno de la asociación, nos mantendremos al margen”. Insistió en que desde el punto de vista administrativo, la asociación tiene todo en regla, de ahí que el Concello ya les haya abonado los primeros 25.000 euros de la subvención (a finales de diciembre pasado), y presumiblemente, se les pagarán los 25.000 restantes antes del 30 de junio.
El conflicto vecinal se remonta a principios de 2021, cuando una comisión presidida por Josefa Pérez inició los trámites para llevar a cabo la mejora de la zona nueva del camposanto. Pero surgió un grupo de personas críticas con la gestión -están de acuerdo con la obra y con pagar parte de la misma-, y el cisma no llegó a resolverse, pese a que la obra lleva terminada desde finales de febrero.
Las dos versiones
Hay 159 propietarios afectados, de los cuales unos 20 no han pagado. La asociación les reclama 100 euros por nicho, pero los críticos entienden que solo tienen que abonar 30 por tumba, argumentando que el resto de la inversión debe sufragarse con la subvención municipal, ya aprobada.
Aducen que si la obra costó 69.600 euros, y el Ayuntamiento aporta 50.000, los 159 propietarios deben pagar entre todos los 19.600 euros restantes, y que eso supone unos 123 euros por cada cuatro nichos. También se quejan de que la presidenta jamás les enseñó las actas de constitución de la asociación ni los presupuestos de obra, y que ni siquiera tienen una copia de los estatutos del colectivo. Finalmente, tildaron de ilegal la propuesta de la asociación, que pasa por cobrar primero a los vecinos, y por repartir después entre todos el dinero del Ayuntamiento.
Josefa Pérez, por su parte, insiste en que sí es legal, y que primero hay que cobrarle a los propietarios, “porque para recibir la subvención del Concello, primero hay que hacer y justificar la obra, y no vamos a tener al contratista medio año sin cobrar”. Niega las acusaciones de falta de transparencia y atribuye la polémica a injerencias políticas de personas vinculadas al PP y el BNG, ya que entre los críticos hay gente de ambos partidos. “Lo que me parece mal es que se meta la política por el medio, porque esto no lo hicimos por lujo, sino por necesidad”.
Los terrenos figuran a nombre de la Iglesia
La parte del cementerio donde se hizo la obra se construyó hace casi 40 años, y hacía tiempo que los vecinos querían hacer arreglos, para evitar la formación de charcos de agua o el crecimiento incontrolado de vegetación. Llamaron a las puertas del Ayuntamiento cuando Samuel Lago todavía no era alcalde (era concejal de Obras), y este les ofreció una ayuda municipal, siempre y cuando se constituyesen en asociación, puesto que el Concello no podía sufragar sin más este tipo de trabajos en terrenos privados o de la Iglesia.
Josefa Pérez y su equipo constituyeron el colectivo, pero en seguida surgieron los roces, pues un grupo de vecinos se desvincularon de la iniciativa, alegando que la presidenta actuaba prácticamente en solitario y de espaldas al vecindario. Siendo ya alcalde, Samuel Lago intentó mediar entre las dos partes, pero la reunión terminó mal. La actuación municipal ha sido criticada tanto por el PP como por el BNG.
Ambos partidos emplazan a Samuel Lago a dar explicaciones, y sostienen que la asociación de vecinos va a tener ahora un problema grave, pues la ley le impedirá repartir entre los propietarios los 50.000 euros de la subvención. Josefa Pérez quiere dejar claro que no habrá problema para ello. “Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros no vamos a quedarnos con el dinero”. También podría generar problemas la titularidad del suelo sobre el que se actuó, puesto que en el Catastro y el Registro de la Propiedad figura a nombre del Arzobispado de Santiago.
