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Faro de Vigo

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Condenan a un banco a devolver los 40.000 euros anticipados para un chalé fantasma

La entidad tendría que haber garantizado el depósito por la compra del chalé | La firma fue declarada en concurso | La promoción nunca se construyó por la crisis del ladrillo

Una concentración de los afectados por la promoción de viviendas de Seiseme en Catoira, en el año 2011. | // IÑAKI ABELLA

La entidad bancaria que hace 17 años avaló a la constructora Seiseme en una promoción fantasma de chalés en Catoira ha sido condenada a devolver los 40.000 euros e intereses legales que adelantó un matrimonio de la localidad para la adquisición de uno de los edificios.

Así lo establece el recurso de apelación dictado por la Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra que revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Caldas que desestimó en primera instancia la pretensión de los afectados.

El letrado demandante, Tomás Santodomingo resalta que el matrimonio adquirió sobre plano la vivienda, un chalé modelo “Irlanda II”, que la constructora se comprometió a terminar en un plazo de 18 meses y cuyo precio era de 156.263 euros. Y resalta que ya en la sentencia del Juzgado de Vilagarcía por la que se resolvió el contrato se subrayó que los compradores habían entregado 40.000 euros “difiriendo el abono del resto mediante la suscripción de un crédito hipotecario gestionado por la constructora”.

La sentencia de la Audiencia es muy clara a la hora de subrayar que la entidad bancaria debería haber garantizado el depósito que realizaron los clientes en su día para la compra del chalé al estar vigente la Ley 57/1968, de 27 de julio, “sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”.

En la resolución, que firma el magistrado Francisco Míguez Tabarés, se hace hincapié en que el artículo 1 de dicha Ley dispone que las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas y pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma, deberán cumplir las siguientes condiciones: “Segunda. Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una entidad bancaria o Caja de Ahorros, en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas”.

Como explica también el letrado Santodomingos, la Ley de la Edificación vigente, mejora las garantías sobre los depósitos que realiza el cliente puesto que obliga a la suscripción de un seguro que se haga cargo de la devolución en casos de incumplimientos contractuales como en el presente supuesto.

Argumentos que también se repiten en la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que refiere la abundante doctrina al respecto de situaciones como esta. En este sentido destaca que una sentencia del Supremo de 2017, amparada en otras anteriores, “establece una responsabilidad legal específica de las entidades de crédito (“bajo su responsabilidad”) cuya efectividad no depende de que la cuenta en que se depositen los anticipos sea la especial a la que se refiere la misma norma”.

El párrafo escogido por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra es del siguiente tenor: “En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”.

En este sentido, el ponente explica que la razón fundamental de la jurisprudencia existente al respecto es que las entidades de crédito depositarias “de cantidades provenientes de particulares compradores de viviendas en construcción no tienen el carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y promotor-vendedor, sino que deben colaborar activamente con este último a fin de asegurarse de que cumple con sus obligaciones legales”.

Por ello, destaca la resolución, “basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial separada y debidamente garantizada”.

Añade que esa misma ley “impone al banco una obligación de control sobre el promotor, cuyo incumplimiento determina la responsabilidad de la entidad frente al comprador”.

Asimismo en la sentencia se hace referencia a la resolución de 2008 dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra contra la promotora Seiseme y en la que ya se pone de manifiesto que estas cantidades anticipadas nunca fueron recuperadas por los clientes tras la declaración de la citada sociedad en concurso de acreedores.

Por todo ello, la Audiencia de Pontevedra estima no solo el recurso que revoca íntegramente la sentencia de Caldas de Reis sino que condena al banco a pagar a los demandantes la cantidad de 40.000 euros, así como los intereses legales y las costas causadas en la primera instancia.

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