Hacer caso omiso de las predicciones empíricas es, además de un craso error, una considerable imprudencia. El caso de las instalaciones portuarias de Cambados, extensible a otros 122 muelles gallegos, requiere de una valoración mucho más profunda que una simple reunión en Madrid para tratar de salvar dos o tres empresas del llamado sector Mar-Industria.
El artículo 20 de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica tiene una razón de ser mucho más compleja de lo que se plantea a la galería pues en absoluto se trata de castigar a un sector productivo en el peor de los momentos posibles. Tiene mucha mayor trascendencia que una simple discusión sobre si se admiten prórrogas o no de las eternas concesiones a las empresas que necesitan tener cerca el agua para desarrollar su actividad in hilo tempore.
La Ley no se anda con paños calientes porque es necesaria. Es fruto del Tratado de París en el que se alerta de que antes de 2050 las temperaturas alcanzarán entre 0,5 y 1,5 grados centígrados más y, por tanto, el deshielo seguirá su curso y, consecuentemente, aumentará el nivel del mar, y no habrá dique que contenga los edificios situados al borde del mar. Los países mediterráneos serán los más afectados, explica el preámbulo de esta polémica ley, que ahora se demoniza.
Una lectura sesgada de la misma resulta inaceptable. Ni el Gobierno estatal, ni el autonómico, ni por supuesto el municipal, pueden jugar ahora a indios y vaqueros, extrapolando un artículo.
Son casos que no necesitan de Chuck Norris o de Jackie Chan ni de Bruce Willis, sino de personas sensatas que den alternativas a los colectivos afectados, en vez de ofrecer versiones contradictorias que únicamente van a derivar en problemas futuros.
Difícil resulta entender que llegue ahora el Ministerio de Transición Ecológica de salvapatrias y garantice la estabilidad de las depuradoras, pero se mantenga en su decisión de demoler la estación de autobuses, la plaza de abastos y el centro de salud de Cambados so pretexto de que están en el litoral y corren riesgo de quedar sepultadas bajo las aguas.
El mensaje, por contradictorio, parece una burla a los ciudadanos de la villa del albariño que, realmente, son los que perderán sus infraestructuras públicas ubicadas a pocos metros del mar.
Si se extrapola dicha conclusión parece que tiene muy poco sentido que nadie hable de las instalaciones que se encuentran en zonas de dominio público estatal y se permitan inversiones del calibre de las oficinas del Instituto Social de la Marina (seis millones de euros) o el futuro ambulatorio de Vilagarcía. Quizás peligren también los depósitos de Ferrazo o incluso la sede del consejo de administración del Puerto de Vilagarcía.
Demasiadas incógnitas a resolver cuando queda solo un año para el comienzo de la tanda de citas electorales, en las que los partidos tienen mucho que ganar y mucho que perder.
Quizá sea el momento de centrar el problema, analizarlo con detenimiento, convocar mesas técnicas y científicas, hacer proyecciones a corto, medio y largo plazo y finalmente anticiparse al problema y consecuentes indemnizaciones millonarias que hipotecarán a toda la comunidad.
Las administraciones deben gobernar sin prepotencia. Y a la Xunta recordarle su desafío a Cambados con el salón Peña.
