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La Xunta declara la guerra al Estado en defensa del sector mar-industria

La conselleira y el BNG se plantan en Cambados para arropar a los depuradores

La conselleira de Mar en funciones, Rosa Quintana, charla con el alcalde, Samuel Lago, y otros asistentes a la visita cursada ayer a las depuradoras de Tragove. INAKI ABELLA

La amenaza que pesa actualmente sobre el sector mar-industria de Cambados puede extenderse a buena parte de los 122 puertos autonómicos gallegos, hipotecando así “el futuro de cientos de empresas y miles de puestos de trabajo”.

Lo creen tanto los empresarios como la Xunta. Y así lo transmitieron ayer, tanto la conselleira de Mar en funciones, Rosa Quintana, como los representantes parlamentarios del BNG, ya que unos y otros acudieron a la villa del albariño para censurar los planes de Costas del Estado para las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Como se ha explicado en ocasiones anteriores, el departamento dependiente del Gobierno de España “pone en riesgo tres depuradoras y 300 empleos” en la zona portuaria cambadesa de Tragove.

La razón no es otra que su intención de “despejar” el litoral, lo cual lleva a la Xunta a advertir de que el Estado podría hacer extensiva esta medida a otros puntos.

Esto significaría herir de muerte al conjunto del sector mar-industria gallego, puesto que podría querer retirar de la línea de costa más de un centenar de empresas y otras 4.000 edificaciones de todo tipo, “como ya intentó con la nueva Ley de Cambio Climático” que la propia Xunta recurrió ante el Tribunal Constitucional.

“Agravios comparativos” e "inseguridad jurídica"

“Es lo mismo de lo que advertimos desde 2019, aunque algunos nos llamaran alarmistas”, espetó Quintana cuando, en representación de la Xunta, pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “que no aplique agravios comparativos con Galicia y dé seguridad jurídica a las empresas del sector, para que puedan desarrollar sus proyectos”.

Al invadir competencias de Galicia, estamos ante un nuevo, inaceptable y desleal ataque del Estado al complejo mar industria de nuestra comunidad

Rosa Quintana - Conselleira de Mar, en funciones

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Convencida de que, con informes como los dictados en el caso de Cambados, el Estado “parece invadir competencias exclusivas de Galicia”, la titular de Mar criticó con dureza “la interpretación” del DPMT que hace el Gobierno de España al “cuestionar la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas, como la acuicultura y la depuración de productos del mar”.

Rosa Quintana, en el centro, visitó Cambados para ofrecer su apoyo a los depuradores. | // IÑAKI ABELLA

De ahí que estén en juego los 300 puestos de trabajo aludidos de las tres depuradoras afectadas del puerto de Tragove, al igual que instalaciones como el centro de salud, la estación de autobuses o la futura plaza de abastos.

La conselleira en funciones aludió a todo ello en una visita a las depuradoras ahora más afectadas, como son Mariscos Linamar y Mariscos Daporta.

Puede ser solo la "punta de lanza"

Además de brindarles apoyo, quiso dejar constancia de que el problema al que ahora se enfrentan “puede reproducirse en muchos de los 122 muelles autonómicos, lo que dejaría en el aire la continuidad de otras instalaciones del complejo mar industria y edificaciones de carácter social”.

El plan marisquero, otro caso de posible “persecución”

La conselleira de Mar en funciones explicó ayer, en Cambados, que lo que está haciendo el Gobierno de España puede interpretarse como una especie de “persecución” a Galicia y a su potente sector mar industria.

No lo cree así solo por lo que está sucediendo en Cambados, y lo que puede ocurrir en otros puntos del litoral gallego, en relación con las prórrogas de las concesiones de los establecimientos asentados en la línea de costa. A esos “obstáculos puestos por el Gobierno central se añaden otros ataques contra el complejo mar industria de Galicia”, aseguró.

Y citó como ejemplo de ello el recurso al Plan general de explotación marisquera 2021-2023, pues “por primera vez desde 1991”, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió “algo para lo que tenemos competencias exclusivas”.

Lo que sucedió fue que “el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos dio la razón con una sentencia muy bien fundamentada, pero el Gobierno central volvió a recurrir, poniendo en riesgo una explotación marisquera que afecta a unos 9.000 profesionales y es un modelo a seguir en la Europa”.

Al hacerlo así e “invadir competencias de Galicia, estamos ante un nuevo, inaceptable y desleal ataque del Estado al complejo mar industria de nuestra comunidad”, destacó la representante del Ejecutivo autonómico.

Y de nuevo, a su juicio, a causa de un Gobierno central que “actúa de espaldas” al sector y la Xunta, aplicando “interpretaciones restrictivas” que ponen en jaque a las industrias del mar y “arrogándose competencias que no son suyas”.

Es necesaria la inmediata transferencia a la Xunta de todas las competencias relacionadas con el DPMT, tal y como está establecido en el Estatuto de Autonomía de Galicia

BNG

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Acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y del director de Portos de Galicia, Roi Fernández, Quintana incidió también en que este tipo de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica “ponen en entredicho el desarrollo de actividades tradicionalmente presentes en los puertos, lo que dificulta la planificación de las empresas para hacer inversiones y hace que muchas de ellas se vean obligadas a cerrar porque su actividad es inviable técnica y económicamente”.

Sea como fuere, “la Xunta no va a escatimar esfuerzos con el objetivo de velar por la actividad de estas empresas”, que calificó de “vitales para las villas costeras y para el conjunto de la economía de Galicia”, concluyó Rosa Quintana.

Pudo reunirse con conocidos empresarios, como Pepe Daporta y Lina Solla, además de acudir a la cita el patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, y el presidente de la Federación Gallega de Cofradías.

También lo hizo el alcalde, Samuel Lago, cuya postura en relación con este conflicto es ya conocida y que aprovechó para repetir algunas de sus demandas a la titular de Mar.

Los representantes del BNG en Cambados, ayer. | // IÑAKI ABELLA

El BNG anuncia presión en el Congreso y el Parlamento

El BNG anunció ayer que elevará al Congreso de los Diputados y al Parlamento sendas propuestas con las que tratar de “garantizar la continuidad del sector mar industria” y desafectar los terrenos de Cambados que ya no tienen usos portuarios, para “que pasen a ser propiedad del Concello” y salvar así de la “quema” al centro de salud, la plaza y otras instalaciones sociales.

Fueron los diputados Néstor Rego y Montse Prado los que comparecieron ayer, en Cambados, para avanzar las iniciativas a presentar en ambas cámaras y el Concello de Cambados.

Pasan, sobre todo, por “desafectar” terrenos como los de Tragove y que estos se conviertan en propiedad municipal. Es decir, que el BNG reclama “la inmediata transferencia a la Xunta de todas las competencias relacionadas con el DPMT, tal y como está establecido en el Estatuto de Autonomía de Galicia”.

Rego aprovechó para referirse a la polémica modificación de la Ley de Cambio Climático que afectaba al sector mar-industria da Galicia. Una variación a la que “el BNG se opuso de manera frontal porque entendíamos que se ponían en riesgo actividades que aglutinaban miles de puestos de trabajo en Galicia”.

Y todo a causa de “un total desconocimiento de la realidad” de la costa gallega, donde “en lugar de los complejos vacacionales y hoteles en el dominio público de la costa mediterránea, lo que tenemos son actividades fundamentales para nuestra economía”.

Lo que quiere decir es que “si no hay depuradoras de marisco, no hay actividad de marisqueo”. Sin embargo, “a pesar de nuestro trabajo, los diputados del PSOE y UP no entendieron que estaban poniendo en riesgo al sector del mar”.


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