Cambados es un clamor. Como lo son Vilagarcía, Vilanova, A Illa, O Grove y tantos otros municipios con instalaciones de todo tipo asentadas en la línea de costa y, particularmente, en zona portuaria, dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
La intención de Costas del Estado es despejar esos espacios, y esto supone impedir la instalación de nuevas edificaciones e, incluso, no renovar las concesiones existentes, lo que pone en peligro el futuro de la plaza de abastos cambadesa e industrias depuradoras de moluscos como las asentadas en su puerto, el de Tragove.
Es por ese temor que el alcalde, Samuel Lago, dice estar realizando todo tipo de gestiones para encontrar una solución. Y también es la causa de que se presente una moción al pleno de la Corporación municipal que se espera aprobar por unanimidad y plantea la Confederación Mar-Industria.
Una iniciativa que planta cara al informe de Costas del Estado que amenaza la continuidad de esas industrias e instalaciones que, como la plaza de abastos, el centro de salud o la estación de autobuses, ven amenazada su continuidad.
Esta iniciativa plenaria, avalada por entidades como la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Federación de Mexilloeiros (Femex), Clúster de Acuicultura, Apromar, Anfaco y Agade, pide a los munícipes que se reconozca, una vez más, “la trascendencia crucial” que tiene en la economía cambadesa, la comarcal y la gallega, el sector mar industria. Y, particularmente, la relevancia de “depuradores de moluscos y productores”, es decir, bateeiros, pescadores y mariscadores.
Lo que pretenden conseguir con esta moción es que el Concello de Cambados muestre “su solidaridad y apoyo a la continuidad de las depuradoras de Tragove en las ubicaciones del puerto”, ya que, aduce el sector, en Tragove están en juego alrededor de trescientos empleos directos.
Pero son muchos más los amenazados, ya que otras depuradoras de la costa gallega pueden verse condicionadas por el mismo informe de Costas del Estado que ahora tanta alarma genera en la villa del albariño.
El texto dispositivo de la moción busca una rectificación del Gobierno del Estado y, muy especialmente, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica “que tome conciencia de la realidad y reconozca y ampare la legítima competencia de la Xunta de Galicia para la ordenación del espacio portuario, de conformidad con la legislación autonómica en vigor”.
Las competencias de la Xunta a través de Portos
En relación con esto, los ponentes argumentan que “los puertos de Galicia de titularidad autonómica y los bienes de dominio público marítimo terrestre que forman parte de los mismos fueron transferidos y adscritos a la Xunta”.
De ahí que el ente público Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, tenga competencias en materia de ordenación portuaria para, por ejemplo, diseñar el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Santo Tomé-Tragove. El mismo que permitirá la construcción de la nueva y ansiada plaza de abastos cambadesa.
Las depuradoras desarrollan una actividad industrial y alimentaria estrechamente vinculada a la actividad del puerto de Cambados, integrándose en el espacio en el que se lleva a cabo la descarga de moluscos que son objeto inmediato de su depuración
El problema surge cuando Costas del Estado emite un informe en el que cuestiona ese plan y condiciona el futuro no solo de tres de las depuradoras de moluscos más antiguas de Galicia, sino también el de la plaza de abastos, el centro de salud, la estación de autobuses y otras instalaciones de carácter público y privado asentadas en dominio marítimo terrestre.
Es decir, que las competencias de la Xunta pueden verse “invadidas” con el informe de Costas del Estado. De ahí “la enorme alarma generada en el pueblo de Cambados y en el sector mar industria gallego en su totalidad”, aseguran depuradores, cocederos, conserveras, cofradía y productores.
Plan Especial de Ordenación del Puerto de Santo Tomé -Tragove
En definitiva, que, “convencido de la estricta legalidad de las previsiones del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Santo Tomé -Tragove”, el sector pide a la Corporación cambadesa que lo respalde sin fisuras.
Y parece que así será, ya que el propio alcalde, Samuel Lago, considera que se arropará la moción por unanimidad.
No es una opción aceptable mantener ‘sine die’ el puerto de Tragove sin aprobar su correspondiente Plan Especial, ya que éste constituye un elemento esencial para la regulación del desarrollo y adaptación de las actuales instalaciones
Juega a favor de los empresarios, según destaca la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), que “las depuradoras aludidas en el informe de Costas son empresas pacíficamente asentadas desde hace décadas en sus actuales ubicaciones, en uso de sus derechos concesionales y con ejemplar cumplimiento de sus deberes”.
Amén de ser “portadoras de una honda tradición cambadesa, sustento durante décadas de muchas familias del pueblo y la comarca que han planificado sus vidas en torno al trabajo generado por un sector tan emblemático y fuertemente enraizado como el nuestro”.
Tráfico portuario
Depuradoras, dicho sea de paso, que “desarrollan una actividad industrial y alimentaria estrechamente vinculada a la actividad del puerto de Cambados, integrándose en el espacio en el que se lleva a cabo la descarga de moluscos que son objeto inmediato de su depuración, lo cual acredita su intrínseca relación con el tráfico portuario”.
Dicho de otro modo, que, para manipular la almeja, berberecho, mejillones y demás moluscos lo mejor es hacerlo lo más cerca posible del mar y de las zonas de descarga, como puertos y lonjas. No en algún polígono industrial tierra adentro, que es lo que parece desprenderse de los informes emitidos por Costas.
La aprobación del Plan Especial redundará en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de las empresas, indispensable para acometer las inversiones que requiere la competitividad y supervivencia
“En este contexto -sostienen los damnificados- tampoco resulta una opción aceptable mantener ‘sine die’ el puerto de Tragove sin aprobar su correspondiente Plan Especial, ya que éste constituye un elemento esencial para la regulación del desarrollo y adaptación de las actuales instalaciones de las depuradoras a las distintas necesidades que se vayan planteando, tanto desde el punto de vista productivo, como de los cada vez más rigurosos requerimientos sanitarios y medioambientales exigibles”.
Sin olvidar que “la aprobación del Plan Especial redundará en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de las empresas, indispensable para acometer las inversiones que requiere la competitividad y supervivencia de las mismas en un entorno económico cada vez más difícil”, aseveran Agade, Anfaco, Femex, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) y demás colectivos.
Los mismos que insisten una y otra vez en “la conexión de las depuradoras con la actividad y finalidad del puerto”, al igual que en “el carácter tradicional de la acuicultura y el marisqueo en la ría de Arousa”.
Argumentos a los que Agade suma que el sector mar-industria es “crucial para la comarca”, su “ineludible necesidad de ubicarse en la costa” y la “antigüedad y arraigo local de las depuradoras”.
Todo ello “factores que justifican y legitiman la asignación de usos y ubicaciones que se establecen en el proyecto de Plan Especial de Ordenación del Puerto” diseñado por la Xunta y cuestionado por el Estado.
Samuel Lago apremia tanto al Estado como a la Xunta
Circunstancia a la que no es ajeno, ni mucho menos, el alcalde de Cambados. Samuel Lago brinda su “absoluto” apoyo al sector mar-industria ante la amenaza proveniente de Costas del Estado. Y salta a la palestra para demostrar que está “trabajando por el sector y los intereses de Cambados”. Pero también para exigir soluciones, tanto al Gobierno de España como a la Xunta de Galicia.
¿Por qué a los dos? Pues porque el primero es el directamente responsable de la amenaza, al cuestionar el futuro de la depuradora, la plaza de abastos, centro de salud, estación de autobuses y otros edificios instalados en zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT).
Y porque el segundo “tenía que haber desafectado hace años los terrenos de la zona portuaria que ya no tienen uso alguno ligado a la pesca, el marisqueo o la acuicultura, puesto que de haberlo hecho así cuando se le pidió, esos terrenos serían de titularidad municipal, y ahora no habría amenaza alguna ni inconvenientes para actuar en la zona que ocupa la plaza de abastos y construir la nueva”.
De todo ello habló Samuel Lago ayer, en una rueda de prensa en la que respondió al PP, después de que este grupo dijera que el gobierno cambadés debería “velar por los intereses vecinales, independientemente de quién gobierne”.
Pues según el alcalde “eso es lo que se está haciendo, ya que este gobierno está al lado del sector mar industria, y por eso estamos trabajando para defenderlo donde haga falta”.
Esto lo lleva a decir que el informe emitido por Costas que tanto parece perjudicar a Cambados “no es definitivo, sino que tiene que emitir otro, y esperamos que en ese haga una interpretación diferente de las normas para así permitir que las depuradoras, plaza de abastos y demás instalaciones ahora amenazadas tengan cabida en los espacios portuarios”.
Un informe de 2013, cuando mandaba el PP
Convencido de que “no tiene sentido actuar de otro modo”, el alcalde socialista de Cambados aprovecha para señalar que hay un informe datado el 14 de junio de 2013 y emitido por la misma dirección general de Costas del Estado “que dice exactamente lo mismo, explicando que ‘existen usos en dominio público marítimo terrestre que no son compatibles con la Ley de Costas, como los de hotel rural, centro salud, plaza de abastos, estación de autobuses, taller de carpintería, exposición de muebles y depuradoras de moluscos”.
¿Por qué se refiere ahora a ese informe de 2013? Pues porque por aquel entonces “el PP gobernaba en Cambados, Galicia y Madrid, pero nadie salió en su momento diciendo que aquello era una aberración y que acabaría con el sector mar-industria”. Y no se hizo, a juicio de Lago, “porque el PP no se dispar a sí mismo”.
Muy por el contrario, “nosotros alzamos la voz” contra el informe de Costas con un Gobierno de España también socialista. Y “lo hacemos para asegurar que velamos por los intereses de los vecinos y de los sectores afectados”.
Ya ha mantenido contactos
De ahí, continúa Samuel Lago, que haya entablado ya “numerosos contactos y todo tipo de gestiones” en defensa de las industrias amenazadas, “primero con el delegado del Gobierno en Galicia, que ya habló sobre este asunto con el secretario de Estado, y después con Agade, la cofradía y diversos empresarios afectados a título particular, tanto depuradores como propietarios de negocios asentados en el entorno de la estación”.
No solo eso, sino que hoy mismo tiene previsto aprovechar un viaje a Madrid “para hablar con personal de Costas”.
En 2013 el PP gobernaba en Cambados, Galicia y Madrid, y se emitió el mismo informe, pero nadie salió en su momento diciendo que aquello era una aberración y que acabaría con el sector mar-industria porque el PP no se dispar a sí mismo
Los reproches a la Xunta y la desafectación solicitada en 2016
Dicho todo eso, y volviendo al principio, el alcalde de Cambados centra la diana en la Xunta, ya que “no solo tenemos que defender los intereses de nuestro pueblo ante Costas, sino también ante Portos de Galicia”.
Lo que quiere decir es que “en 2016 solicitamos la desafectación del terreno que carece de uso portuario, como el que ocupan la estación, centro médico y plaza de abastos, y desde entonces llevamos seis años esperando sin que se avanzara nada”, como tampoco en O Grove y otros municipios donde se pide a la Xunta que deje en manos del Concello esas parcelas otrora ligadas a la actividad portuaria que desde hace mucho ya no tienen nada que ver con la misma.
En 2016 solicitamos la desafectación del terreno que carece de uso portuario, como el que ocupan la estación, centro médico y plaza de abastos, y desde entonces llevamos seis años esperando sin que se avanzara nada
Lago hace esta apreciación porque considera que “si estos terrenos estuvieran desafectados y no fueran de titularidad municipal no habría problema alguno para la pervivencia de las instalaciones ahora amenazadas” por Costas.
En resumen, que el gobierno de Cambados exige al Estado “que garantice la continuidad de las depuradoras y otras actividades directamente relacionadas con el mar”.
Pero también reclama a Portos “que realice de una vez por todas el trámite de desafectación por el que llevamos esperando seis años”.
El ejemplo de la Comandancia de Vilagarcía
Por cierto, que pone como ejemplo que en Vilagarcía el Estado desafectó “en solo cinco meses” la vieja Comandancia, para poder construir el nuevo centro de salud.
Y “si se puede hacer así también Portos puede avanzar en el mismo sentido, y de este modo resolveremos a la vez los dos problemas, tanto el de las depuradoras como el que se plantea a la plaza de abastos y las demás instalaciones que ocupan esa franja que carece ya de usos portuarios”.
