La intervención museística en el castro de Alobre, de Vilagarcía, así como las impulsadas en A Subidá (Marín) y Toiriz (Silleda) están en entredicho al transformar estos yacimientos castrexos en parques públicos. La preocupación ha sido expresada por varios organismos como el Consello da Cultura Galega en un informe emitido a finales de 2020 y también por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismos que ponen en cuestión unas actuaciones “más pensadas para captar visitantes que a poner en valor el patrimonio histórico”.
“Trazas de Pontevedra” es el nombre elegido para promover la musealización de un total de 18 yacimientos galaico-romanos en 17 municipios de la provincia, impulsado por la Diputación Provincial y su servicio de Arqueología, con el respaldo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que por el momento solo intervino en los tres de los espacios más significativos antedichos.
Empresa adjudicataria
Vistas las actuaciones realizadas en ellos, que por más de medio millón de euros se han adjudicado a la empresa “Patrimonio Inteligente S.L.”, varios organismos temen que esta riqueza arqueológica haya quedado en claro riesgo de ser “expoliada”, frente a la protección que deberían buscar las instituciones.
Los diputados Antón Gómez Reino y Sofía Fernández han presentado esta misma semana en el Parlamento una interpelación al respecto, preocupados por el futuro de unos castros que ahora forman parte de un modelo de ajardinamiento y de promoción turística, criterio con el que chocan las instituciones más proteccionistas del patrimonio.
Los diputados esgrimen las duras conclusiones a las que llega el Consello da Cultura Galega que en su informe sobre las intervenciones llevadas a cabo en el proyecto Trazas de Pontevedra determina que las actuaciones que se proyectan sobre los yacimientos, a pesar de que se denominan de musealización, “no cuentan con la necesaria investigación aplicada a los proyectos que contribuya a establecer los criterios científicos de intervención”.
“Tampoco se evalúa su suficiencia para explicar los yacimientos, mientras que se aplican criterios comunes para espacios sobre los que se tiene muy diverso grado de conocimiento”, expone en el preámbulo.
Y matiza a renglón seguido que las acciones de presentación e interpretación de los elementos excavados “se desarrollan sin contar con estudios pormenorizados que tengan la amplitud, profundidad y rigor necesarios”.
Prima el disfrute sobre la protección
El Consello da Cultura manifiesta que en el desarrollo del proyecto de musealización del Castro de Alobre y los otros dos yacimientos en los que se intervino “se primó el disfrute sobre la protección, dando prioridad como criterio, a la comodidad del visitante y al diseño efectista, antes que a la transmisión de los valores culturales de los castros objeto de la ruta, lo cual resulta paradójico por ser este uno de los principales objetivos del proyecto”.
Los técnicos del Consello matizan que en el diseño de los elementos de interpretación se enfatizó sobre dos objetivos: “El de uniformización y el de una cierta espectacularización, tratando los castros como si fueran iguales y como tractores turísticos, más que como equipamientos culturales, dejando los contenidos fuera del proyecto”.
Así son especialmente críticos con actuaciones que ya se han llevado a cabo como ha sido “instalar elementos sobre estructuras conocidas y documentadas” que “ponen en riesgo su conservación, estudio e investigación”.
Atentado arqueológico
En este sentido entienden que se vulnera el principio de que la apertura de un yacimiento al público “no atente contra el carácter arqueológico, contra su valor cultural y científico, contra su relación con el entorno o su contexto territorial y contra la valoración cultural del paisaje”.
En parecido sentido, explica Gómez Reino en su interpelación al Ministerio, se expresa el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en una valoración sobre esta intervención del pasado 11 de mayo. Sus conclusiones son igual de contundentes al establecer que “las deficiencias del proyecto derivan de una insuficiente planificación de objetivos y de acciones y a la falta de participación de profesionales específicos”.
Exponen que la intervención en conjuntos culturales y especialmente cuando es seriada, como es el caso de los 18 yacimientos galaico-romanos, “requiere de una planificación previa que concrete los objetivos que pretende y los medios necesarios para su implantación y desarrollo, con el conjunto de acciones que requiere e indicadores objetivables”, sobre todo, “si afecta a bienes culturales que no son restituibles”.
Añaden que el programa base sobre el que se sustentó el concurso inicial de musealización “ni contempla estos principios ni la propuesta” y entienden que la actuación desarrollada “supone un indudable riesgo para los bienes y una falta de previsión que debiera ser exigible a toda actuación sobre bienes culturales”.
Acuerdos internacionales vulnerados
El Icomos subraya que las intervenciones realizadas en estos tres yacimientos de Trazas de Pontevedra podrían vulnerar diversos tratados y cartas internacionales de protección de los bienes culturales. Se refieren, entre otras, a la recomendación sobre la conservación de los bienes culturales de la Unesco afectados por obras públicas o privadas (París, 1968), la recomendación sobre protección en el ámbito nacional, del patrimonio cultural y natural (Unesco, 1972), o la Carta Internacional para la conservación y restauración de monumentos y sitios (Venecia, 1964), la de Gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, 1990), el Convenio Europeo de Londres (1969), la Convención de Malta (1992) o las leyes del patrimonio cultural de Galicia (2016) y del patrimonio histórico nacional (1985). Este organismo entiende que es urgente “evaluar las actuaciones desarrolladas hasta el momento con el propósito de identificar todas las desviaciones realizadas sobre el contrato y el convenio suscritos” y en especial “la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación”. Asimismo es de destacar las críticas de arqueólogos expertos relativas a la creación de paseos artificiales en un conjunto histórico que debería mantener precisamente las antiguas “trazas”, es decir los vestigios que han sido localizados durante las costosas intervenciones realizadas en la última década, casos también de A Lanzada o del castro de Besomaño.
