En España hay unos 800.000 trabajadores públicos en fraude de ley, pues encadenan docenas de contratos como interinos pese a que desempeñan unas funciones que deberían considerarse indefinidas. Esta es la posición de Empleados Públicos en Abuso (EPA), una organización de carácter estatal que preside Concepción Rodríguez, una profesora de Música natural de Santiago pero afincada desde hace años en Vilanova.
Concepción Rodríguez sostiene que el objetivo último de esta organización es que todas las administraciones públicas españolas (desde el Estado hasta los Ayuntamientos) admitan que llevan dos décadas abusando de la temporalidad en muchos empleos públicos, y que corrijan esta situación, haciendo fijos a los trabajadores que han encadenado contratos eventuales en presunto fraude de ley, e indemnizándolos en aquellos casos en los que hayan cobrado menos que un funcionario por tener una categoría profesional diferente.
La vilanovesa argumenta que su postura está avalada por una directiva europea de 1999, relativa a un acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. Según EPA, en España se han adoptado los contenidos de la directiva en todo lo referente al sector privado, pero no así en el caso del empleo público. En este sentido, la organización plantea que las administraciones españolas llevan 20 años incumpliendo la directiva europea, al utilizar sucesivos contratos de duración determinada para la cobertura de necesidades permanentes. En consecuencia, aducen, esos empleos deberían estar cubiertos por personal fijo, no interino.
“Hay colectivos donde sufren una situación de abuso (de la temporalidad) hasta el 95 por ciento de los trabajadores”, afirma Concepción Rodríguez. Y cita específicamente el caso del personal del Consorcio de Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia, que gestiona desde los centros Galiña Azul hasta servicios para la tercera edad.
“Por lo que estamos luchando es por la estabilidad laboral que sí se le ha pedido al sector privado”, prosigue la presidenta de EPA.
Gestiones en Bruselas
Empleados Públicos en Abuso se ha puesto en contacto con el despacho de abogados Navas & Cusí, por estar especializado en derecho europeo y disponer de una sede en Bruselas. El equipo jurídico presentó a principios de este mes una petición al Parlamento Europeo, solicitando que inste a la Comisión a declarar la “fijeza” de la directiva de 1999, puesto que esta es la administración comunitaria que puede obligar a los Estados miembros al cumplimiento de una normativa en concreto.
En julio pasado, el Ministerio de la Función Pública aprobó un decreto para la reducción de la temporalidad en las administraciones, pero para Concepción Rodríguez y los miles de interinos que llevan peleando por su estabilidad laboral es un mero parche que no resuelve el problema. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictado varias sentencias contra España por sus políticas de empleo público, lo que, de no corregirse, podría derivar en sanciones económicas.
