José Manuel Pena, portavoz de la asociación Stop Desahucios Barbanza cree que este otoño se verá un nuevo repunte de lanzamientos de viviendas. El 31 de octubre finaliza el llamado “escudo social”, activado por el Gobierno para evitar una tragedia social derivada del COVID. Con el fin de la suspensión de los desahucios en el caso de las familias vulnerables, y de la moratoria de los alquileres cuando el arrendador sea un gran propietario o una administración pública, es previsible que se incrementen las órdenes de desalojo.
“En nuestra comarca -afirma José Manuel Pena- la situación ahora mismo es estable, pero con el fin de las moratorias y en cuanto se retome el curso judicial es probable que haya un repunte de casos”. Xurxo Charlín, concejal de Urbanismo de Cambados y compañero de partido de Fernando Patricio, edil de Servicios Sociales, sostiene que, “este año está siendo muy difícil”. “En lo que va de 2021 hemos recibido ocho solicitudes de los Juzgados para que valoremos la existencia de vulnerabilidad, y tramitamos seis de ellas por esa vía”.
La "gentrificación" ya es un hecho en municipios como Sanxenxo
Para Xurxo Charlín, en efecto, el COVID ha causado heridas económicas que están detrás de un buen número de desalojos (que en muchos casos se producirán aún en los próximos meses), pero detrás del drama que supone perder un hogar a la fuerza laten otras causas. “Hay poca vivienda en alquiler, y eso hace que en ocasiones el propietario quiera rescindir los contratos antiguos para poder subir el precio del arrendamiento”. El concejal de Cambados manifiesta también que la “gentrificación” ya ha llegado a O Salnés.
Se ha denominado como “gentrificación” un proceso por el cual un buen número de viviendas de centros históricos o localidades turísticas se dedican al alquiler turístico, con el consiguiente aumento de precio, lo que hace que los vecinos se vean desplazados a los barrios de las afueras o a otras localidades. “Eso ya está pasando en Sanxenxo”, afirma a su vez Dolores Salgueiro, abogada con despacho en Meaño y delegada del Colegio de Abogados de Pontevedra en el partido judicial de Cambados. “En Sanxenxo hay alquileres que son prohibitivos para la gente del municipio o que solo se hacen en invierno, con la condición de abandonar el piso en verano”.
Una buena regulación de los alquileres vacacionales y evitar la especulación con los pisos de la Sareb ayudaría a evitar abusos
De todos modos, la letrada también llama la atención sobre el hecho de que a menudo se culpa de forma injusta al propietario. “Hay desahucios que no se producen por vulnerabilidad económica del inquilino, sino simplemente porque este deja de pagar... En muchas ocasiones, lo único que están haciendo los propietarios al denunciar la situación es proteger sus derechos”.
Cambios legales
José Manuel Pena insta a las administraciones públicas a legislar para evitar una oleada de lanzamientos como la que se produjo a mediados de la década pasada, tras la recesión de 2008. El portavoz de Stop Desahucios cree que hay que aprobar cuanto antes una nueva Ley de Vivienda, y que para evitar los abusos hay que regular tanto la selva en que se han convertido los alquileres vacacionales como el precio de los arrendamientos.
Pena también critica la actuación de los ayuntamientos, puesto que en su día la Xunta de Galicia ofreció la creación de un parque público de viviendas vacías, y la respuesta de las administraciones locales fue prácticamente nula.
Abogados y trabajadores sociales recomiendan pedir ayuda pronto y no rehuir al propietario
Xurxo Charlín, por su parte, sostiene que, “lo que no es lógico es que los bancos no saquen a la venta sus inmuebles esperando a que repunten los precios en el mercado inmobiliario”. “Cada uno tiene derecho a especular con su dinero -prosigue el edil-, pero muchos de esos pisos se compraron con dinero público de la Sareb”.
Recomendaciones
Gestionar la amenaza de un desahucio no es sencillo. Así quedó de manifiesto esta semana en O Salnés. En Vilagarcía, una mujer de 57 años resultó herida de gravedad tras declararse un incendio en un piso del que iba a ser desalojada solo unas horas más tarde; en Cambados, el Juzgado paró en el último minuto el lanzamiento de una familia, que mantuvo en secreto su problema hasta la tarde anterior.
Para la abogada Dolores Salgueiro, lo peor que puede hacer un inquilino cuando empieza a tener problemas es rehuir al arrendador. “Lo mejor es comunicar al propietario la circunstancia por la que no podemos pagarle y, si puede ser, hacerlo de manera fehaciente. Dejar de pagar de un momento para otro sin ofrecer ningún tipo de explicación y cortar la comunicación con el arrendador es un error bastante frecuente”.
Es importante estar empadronado en la vivienda en la que se reside
Desde el departamento de Servicios Sociales de Cambados, sus técnicas aconsejan a quien se vea en el trance de no poder pagar la hipoteca o el alquiler que acudan a este tipo de departamentos municipales, donde pueden recibir una primera orientación legal y ayudas económicas urgentes.
Eso sí, el personal de Servicios Sociales advierte de que para poder beneficiarse de las ayudas hay que cumplir con una serie de requisitos básicos, pero que a menudo se pasan por alto.
“Hay que estar empadronado en el domicilio en el que se está residiendo, tener un contrato de alquiler en vigor y que la persona que va a pedir la ayuda figure en dicho contrato”, afirma una trabajadora del servicio. Y un último consejo. “No se debe esperar a recibir la orden de desahucio, hay que buscar ayuda al principio, cuando empieza a generarse la deuda”.
Frenan en el último momento un desalojo en Cambados
La intervención de Stop Desahucios evitó un lanzamiento que se iba a producir a primera hora de la mañana de ayer en Cambados. Se da la circunstancia de que los inquilinos ya habían saldado la deuda. “Solo les queda por pagar la última mensualidad que vence el 15 de octubre con el fin del contrato de arrendamiento, momento en el que abandonarán la vivienda”, asegura José Manuel Pena.
Es la historia de un despropósito que la comisión judicial pudo comprobar al llegar al domicilio de esta familia que sufrió un bache económico como consecuencia de la epidemia COVID. “El cierre, los ERTE y la falta de ingresos les abocó a una situación compleja por lo que tuvieron dificultades para hacer frente a la mensualidad del alquiler”, explican en Stop Desahucios.
Llegó así el problema al juzgado número 1 de Cambados que ordenó el lanzamiento de esta familia compuesta por un matrimonio y dos hijos, uno menor de edad, para las nueve y cuarto de la mañana de ayer jueves. La comisión judicial, integrada por la secretaria judicial, una funcionaria, el procurador de la denunciante, el propio cerrajero y agentes de la policía, se presentaron en el domicilio y tras escuchar al propietario decidieron concederle cinco días para que aporte las pruebas que demuestran que ha saldado sus deudas.
Era lo que se proponía en tanto que su conciencia está muy tranquila pues el 15 de abril pasado abonó los 1.000 euros que tenía pendientes con la propiedad por el retraso en el pago de la mensualidad de una vivienda por la que paga algo más de 300 euros al mes. Asimismo, tiene recibos de los demás gastos originados por el uso de un piso del que ya preparan la mudanza porque prefieren evitar más problemas con la propietaria, según explican en fuentes del colectivo de apoyo a personas que se encuentran en situaciones parecidas. El concejal de Servicios Sociales, Fernando Patricio, habló con la familia para poner a su disposición los programas de ayuda del Concello.
