El Concello de Vilagarcía se comprometió ayer en el pleno a elaborar una campaña para divulgar la obligatoriedad que tienen las comunidades de vecinos de edificios con más de 50 años de antigüedad de pasar la ITE (Inspección Técnica de Edificios). Existe una normativa autonómica que data de 2019 y una ordenanza municipal desde 2008, pero lo cierto es que en las últimas semanas han sido numerosas las fachadas que han registrado desprendimientos.
En Común llevó a la sesión una moción en la que solicitaba que el Concello iniciase “de inmediato una campaña de inspección de las fachadas de todos los edificios de Vilagarcía, con la finalidad de detectar las deficiencias que supongan un riesgo”, es decir, una auditoría, y habilitase “una línea de ayudas y subvenciones para ayudar a las comunidades de propietarios a hacer frente a las medidas que deban acometer para evitar estos riesgos”. Pero el grupo de gobierno rechazó la propuesta de Juan Fajardo, alegando que se trata de propiedades privadas que deben asumir los gastos de conservación de sus inmuebles.
Tania García señala que en la ciudad existen 7.788 edificios y estimando -por lo bajo- que un 40% supere los 50 años de antigüedad y que cada ITE cueste una media de 400 euros, las arcas municipales tendrían que desembolsar 1,2 millones de euros, una cantidad inasumible según los cálculos de la portavoz socialista.
En Común contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición (y la abstención de Ciudadanos), pero no fue suficiente para superar los doce votos en contra del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta.
Sí al Punto Violeta
La actualización de las bases de las ayudas municipales de inclusión social (Amis) para aumentar la cuantía de las subvenciones y poder llegar a más personas salió adelante con los votos favorables de PSOE (promotor del asunto), PP y Ciudadanos. El resto se abstuvieron.
También recibió luz verde la propuesta de Podemos de crear un Punto Violeta de información contra las violencias machistas en todos los eventos municipales. Los populares enmendaron la moción para hacer partícipe también a la Xunta en la mesa sectorial.
