El teléfono del Servicio Municipal de Emergencias de O Grove, donde el domingo había 177 casos activos, “está colapsado”.
Parece que no dejan de recibirse llamadas de positivos en COVID y/o contactos estrechos “que se quejan y se desesperan porque no están recibiendo la llamada de los rastreadores del Sergas”.
Así lo denuncia el alcalde, José Cacabelos, sabedor de que “es un seguimiento muy necesario que se está viendo afectado por una notable tardanza, tanto en nuestro pueblo como en otros cercanos”.
De ahí que Emergencias O Grove, aunque nada puede hacer a este respecto, “reciba llamadas continuamente de gente que dice que en los teléfonos de referencia no les contestan, mientras que otras alegan que llevan días esperando sin éxito la llamada de un rastreador para decirle que hacer e incluso darle cita para una PCR”.
A juicio del regidor, “parece que la Xunta ha bajado un poco los brazos desde mayo o junio, reduciendo ostensiblemente el número de rastreadores, y esto provoca un retraso que puede estar contribuyendo al incremento de casos positivos en O Grove”.
Esto se debe a que “si se tarda una media de entre tres y cinco días hasta que un rastreador llama a alguien que ya está con test de antígenos positivo, son tres o cinco días que se tarda en notificar a sus contactos estrechos, y es un margen más que suficiente para que gente contagiada sin saberlo siga haciendo vida normal y extendiendo el virus”.
Por eso cree que “es algo que debe controlarse mucho mejor, como se hacía antes, cuando no pasaban 24 horas desde que se localizaba un positivo hasta que se contactaba con los contactos estrechos”.
Estas críticas del alcalde socialista de O Grove se suman, por extraño que pueda parecer, a las del PP local, que ayer se posicionaba claramente en contra de la Xunta en relación con las últimas medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus aplicadas a la hostelería, las cuales tacha de “injustificadas, desproporcionadas y discriminatorias”.
Los conservadores salen así en defensa de los hosteleros, comparten sus planteamientos, lamentan que su sector sea siempre el más perjudicado con los protocolos COVID y critican, incluso, “comportamientos arbitrarios como el prestado al Concello de Sanxenxo”.
En un comunicado difundido ayer por el PPdeG grovense, este grupo muestra su respaldo absoluto a trabajadores y empresarios del sector turístico, reclama el mismo apoyo al alcalde socialista José Cacabelos e insta a la Xunta a atender las solicitudes planteadas por los representantes de los hosteleros.
Además de “descartar absolutamente que la hostelería sea el problema”, los conservadores consideran “un error pensar que los jóvenes se irán a dormir gracias a las restricciones del ocio nocturno”.
"Es un error pensar que los jóvenes se irán a dormir gracias a las restricciones del ocio nocturno"
Botellones
Muy por el contrario, lo que harán será “seguir socializando y reuniéndose en casas o en las calles, sin mascarillas y sin distancia, tal y como los vecinos pudieron comprobar en los últimos días en diferentes espacios públicos y sin que existiera ningún intento de control por parte de las autoridades competentes”.
Es por ello que el PP de O Grove, “muy preocupado por la repercusión que las medidas de control aprobadas por la Xunta pueden tener para la hostelería de nuestro pueblo”, proclama que este sector y el ocio nocturno “son seguros”.
Y no solo, sino que “descartamos que sean el problema, así como defendemos que se están cumpliendo las normas”, a pesar de que “la necesidad de pedir pruebas PCR o certificados de vacunación, así como reducir el aforo en las terrazas, son medidas que no están justificadas, son desproporcionadas y discriminatorias”, insisten los populares.
"La hostelería es el sector en el que parecen centrarse todas las medidas y críticas, a pesar de que continúa pagando impuestos, luz, alquileres y demás recibos como si siguiera trabajando al cien por ciento”
Dicho de otro modo, que en el PP lamentan que la hostelería siga pagando los platos rotos en esta pandemia y se haya convertido “en el sector más estigmatizado, acaparando una acumulación de medidas que parecen no tener fin, con aforos limitados en interior y exterior, límite de personas por grupos, distancia entre mesas, prohibición de uso de barras, controles de CO2 en el aire, registros de clientes, exigencias de PCR y horarios restringidos”.
Pero, a pesar de todo, “la hostelería sigue siendo el sector en el que parecen centrarse todas las medidas y críticas, a pesar de que continúa pagando impuestos, luz, alquileres y demás recibos como si siguiera trabajando al cien por ciento”, lamenta el PP meco, que preside Beatriz Castro.
"Comportamiento arbitrario" para beneficiar a Sanxenxo
Es evidente el malestar de la formación, y más aún, como se decía al principio, después de “asistir a comportamientos arbitrarios como el prestado al Concello de Sanxenxo cuando se mantuvo en un nivel medio con una incidencia que superaba la del resto de municipios de la comarca”.
Una postura de la Xunta que, aducen los conservadores mecos, “no hace más que propiciar la indignación del sector de la hostelería en nuestra tierra”.
En este sentido, y para que se entiendan las razones por las que vierte estas críticas al gobierno gallego, de su propio partido, el equipo de Beatriz Castro se explica diciendo que su “única preocupación son los vecinos de O Grove y la defensa de sus puestos de trabajo y negocios”.
Quieren "medidas coherentes y lógicas"
De ahí que hagan suya “la reflexión expresada por muchos trabajadores del sector cuando piden a las administraciones que los dejen trabajar adaptándose a la situación actual a partir de medidas coherentes y lógicas adoptadas de la mano del propio sector”.
"No puede pretenderse que el control y solicitud de certificados sanitarios sea responsabilidad del sector hostelero, ya que conlleva una presión inaceptable sobre unos trabajadores que no son inspectores sanitarios ni policías"
Es por ello que el PP de O Grove anima a la Xunta a “atender las solicitudes presentadas por las asociaciones de hostelería y cambiar sus posicionamientos, pues no se entiende, por ejemplo, que se discrimine por licencias y no por el uso, propiciando que establecimientos que hacen la misma actividad no pueden trabajar en iguales condiciones”.
Labores de inspección en los comedores
Y eso no es todo, sino que “no puede pretenderse que el control y solicitud de certificados sanitarios sea responsabilidad del sector hostelero, ya que conlleva una presión inaceptable sobre unos trabajadores que no son inspectores sanitarios ni policías en un momento, además, de falta de personal, ya que en algunos casos aún están con ERTES”.
Los conservadores, como se decía anteriormente, aprovechan para criticar, también, al alcalde grovense, al que instan a adoptar “una posición más enérgica en defensa de un sector prioritario en nuestro Concello”.
Un regidor, sentencia el PP, “que tiene acostumbrados a los vecinos a discursos y apariciones mediáticas cuando las cosas van bien, pero que debe adoptar medidas como el establecimiento de planes de ayuda a la hostelería para ayudar a muchas familias a afrontar el duro invierno que les espera”.
