Sigue en aumento el número de personas que se enfrentan con este problema legal que les impide estudiar. La aprobación de la nueva ley educativa, la llamada Ley Celaá, deja fuera al alumnado que pretende acceder a ciclos superiores con su título del antiguo Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). También impide continuar estudiando a los que ya tienen su ciclo a medias.
La impotencia que siente es la misma de la que habla Susana González. La que sintió cuando después de haber aprobado todos los módulos de su ciclo superior con sobresaliente y haber alternado la mesa de su oficina con el pupitre de su clase, le dijeron que, por culpa de un cambio legislativo, no va a poder acabar sus estudios.
Unos estudios que se presentaban ante ella como una oportunidad de, por fin, encontrar un trabajo estable y correctamente remunerado en el sector sanitario.
Intentan unirse
Tras conocer a través del decano el caso de Sandra Cea, Susana González ha decidido contactar con ella y algunos afectados más, tratando de organizar un frente común con el que presionar.
Explica lo que le sucedió a ella diciendo que se había matriculado, “no por vocación ni especial interés”, en un ciclo superior de Audiología Protésica. “Durante el confinamiento llegué a la conclusión de que el sector sanitario era clave en nuestra sociedad, por lo que decidí matricularme en un ciclo relacionado con él”, reflexiona.
La respuesta de la Xunta
Al verse en un callejón sin salida, Susana González decidió ponerse en contacto con la Consellería de Educación enviándoles un correo electrónico.
En la respuesta que obtuvo le dijeron que solo podría continuar con sus estudios con el título de COU (el Curso de Orientación Universitaria, extinto del plan educativo desde hace años), título del cual González carece y que nunca le había sido requerido.
La otra opción que le dieron fue hacer las pruebas de acceso a los ciclos de grado superior de Formación Profesional, que en Galicia ya fueron celebradas.
Por lo tanto, solo le dejaron una salida: que se fuese a otra Comunidad Autónoma a realizar esas pruebas y así poder entrar en su sistema educativo regional. Es decir, si quiere estudiar, debe renunciar a su vida actual en Galicia.
“Al menos en otras regiones hicieron algún movimiento, cambiaron de nombre los ciclos superiores para que personas como yo podamos acceder a ellos”, puntualiza la protagonista, que no encuentra ninguna solución a su problema.
Aunque, si lo piensa, todavía existe una: “organizarnos y unirnos, no pueden dejar tirada a toda una generación que quiere seguir formándose para poder vivir”.
De ahí su empeño por contactar con todos aquellos que puedan encontrarse en la misma situación de “indefensión”, animándolos a unirse a esta petición colectiva para lograr su objetivo, que no es otro que tener la oportunidad de seguir formándose académicamente.
Y así lo hizo, con el único fin de pelear por un empleo y un sueldo, algo que no debería estar tan reñido. “Quiero acabar este ciclo para poder ganarme la vida, para salir adelante”, señala González, de 50 años y actualmente en paro.
“Estuve trabajando hasta el pasado diciembre, durante seis meses, con una beca del Concello de Vigo, como auxiliar administrativa, y con este ciclo me gustaría opositar y conseguir una plaza dentro del Sergas”, añade.
Durante meses, estuvo moviéndose del trabajo directamente al instituto, sin pasar siquiera por casa para comer.
Es decir, haciendo un gran esfuerzo personal y familiar para labrarse un futuro. “Tantos meses yendo del trabajo a clase para ahora no poder acabar mis estudios”, se lamenta González, que además es madre.
Cuando se enteró de que el cambio legislativo la dejaba fuera, no daba crédito: “había escuchado hablar de la Ley Celaá, pero no pensé que sus cambios me fuesen a afectar, yo ya estaba matriculada en mis estudios y aprobándolos con nota”.
Cuando se enteró de que no era así, cuando se lo comunicaron en su instituto, el CIFP Manuel Antonio de Vigo, sintió que había estado derrochando esfuerzos durante meses para nada.
