Más de un centenar de quejas recibió el pasado año la Valedora do Pobo procedentes de la comarca de O Salnés, gran parte de ellas dirigidas a instituciones municipales que a su juicio siguen desoyendo las peticiones de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Vilagarcía es la administración que más reproches ha tenido que justificar ante la Valedora, sobre todo por guardar silencio ante la petición de explicaciones por parte de algunos ciudadanos sobre licencias, obras, pero también de quien se sintió discriminado por el reparto de subvenciones. En total han llegado a Ravella doce escritos de Dolores Fernández Galiño, es decir uno por mes, en los que se recomienda al Ayuntamiento que sea “más transparente” y responda con celeridad a las pretensiones ciudadanas.
En total, sobre Vilagarcía llegaron a la institución compostelana nada menos que 52 peticiones de amparo, a las que tuvo que dar una respuesta, si bien es cierto que se trata de la localidad con más habitantes, lo que se traduce en esta avalancha de escritos.
Por orden de quejas le sigue en número el Ayuntamiento de Sanxenxo que en 2020 planteó 26 de las que nueve son contra el gobierno local; seguido de Ribadumia que tuvo 8, seis de ellas por desencuentros burocráticos.
El resto de municipios tiene una proporción similar, entre 4 y 6 quejas, de las que un número elevado también se refiere a actos administrativos correspondientes a la actuación del Gobierno local o, en su caso, del propio alcalde por hacer la vista gorda en determinadas consultas o expedientes.
Respecto a Vilagarcía de Arousa, la Valedora ha sido especialmente contumaz al reprochar en varias ocasiones el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en el que recalca que los “ciudadanos tienen derecho al acceso a la información pública sin necesidad de acreditar un interés específico”.
Uno de estos supuestos lo planteó un vecino que presentó por registro una queja referente a una solicitud de consulta de un expediente urbanístico referente al otorgamiento de la previa y preceptiva licencia municipal de obras en una parcela”. Y el Ayuntamiento respondió que tenía que motivar su interés cuando, explica la Valedora, “la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incrementa y “reconoce el acceso a la información como un derecho de amplio ámbito, subjetivo y objetivo”.
Los Gobiernos locales, en el punto de mira
Casi ningún Ayuntamiento de la comarca de O Salnés se salva de las “reprimendas” de la Valedora en un informe que sobre todo trata de poner negro sobre blanco en las relaciones entre la administración y los ciudadanos a los que representa.
En el caso de O Grove puede servir de ejemplo manifiesto el caso de un vecino que tuvo que recurrir en varias ocasiones a la la institución compostelana para quejarse de que “el alcalde, junta de gobierno o funcionarios técnicos o administrativos está actuando con dejación de sus funciones” al no intervenir cuando sabían que unas obras de la finca colindante carecían de licencia. En concreto instalaban un tejado sobre una edificación anexa a la vivienda y que dedicaban a actividades industriales.
Dolores Fernández Galiño llama la atención a la alcaldesa de Cambados en otro procedimiento sobre licencia municipal en la que no se dictó una resolución expresa como ordena la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Y en el caso de Meaño, por citar otro municipio de la comarca de O Salnés, se refiere a un problema de seguridad viaria que a principios de 2020 estaba latente en la carretera que une los lugares de Souto y Quintáns. Los vecinos se quejaban de que tras las obras de ensanchamiento de la vía quedaron en el eje un total de once postes de electricidad que constituían un riesgo para el tráfico rodado. Hoy, está solventado.
Un tirón de orejas en el sentido de que también le recuerda que esta norma “establece las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, convirtiéndose en una exigencia de responsabilidad”. Y añade que frente a cualquier denegación de información pública a cualquier persona por el hecho de no tener la condición de interesado en el expediente “ha de tenerse en cuenta que el concepto de interesado, en materia de transparencia, tiene unas peculiaridades distintas respecto del concepto de interesado en el procedimiento administrativo por lo que el derecho a la información pública se reconoce a todas las personas, siendo suficiente con acreditar la identidad del solicitante”.
Diferencia de criterios
Curioso es también el silencio con el que el Ayuntamiento actuó en la queja sobre discriminación en el otorgamiento de una subvención a una exposición titulada “Imaxes para despois dunha pandemia” para la que se solicitaba una ayuda de 500 euros para su desarrollo y otros 1.000 para la impresión de carteles.
En este caso el Ayuntamiento se limitó a rechazarla argumentando que el dinero se destinaría a fines sociales debido a la pandemia, pero el solicitante comprobó que poco después se habilitaba una partida de 12.000 euros para las “fiestas virtuales” de Santa Rita, destinada a las asociaciones que las recibían con habitualidad.
Protección a la mujeres del mar: pesca y marisqueo
La Valedora do Pobo en su reciente informe anual ha destacado que ordenó el inicio de una investigación de oficio referente a la situación del sector marisquero por la crisis del COVID-19 debido a la situación denunciada en los medios de comunicación sobre las precarias condiciones en que ha quedado en el sector durante los peores momentos de la pandemia, en especial durante el confinamiento.
En este sentido, el organismo subraya la necesidad de tener en cuenta que el sector del marisqueo “es uno de los más perjudicados por la crisis sanitaria porque se trata de una actividad cuyo consumidor principal es el sector hostelero por lo que, al cerrar los establecimientos de restauración, el producto recogido no tiene salida”.
El problema está ahora mismo de actualidad debido a las restricciones que acaban de entrar en vigor después del comité clínico celebrado el pasado martes y que determinó que las localidades de Vilagarcía, Cambados, A Illa de Arousa y Vilanova pasen al “nivel alto”, lo que conlleva la reducción de aforos en las terrazas de bares y restaurantes así como el cierre total del interior de dichos establecimientos. En esta ocasión se da la circunstancia de que la decisión se produce en plena temporada alta del turismo, precisamente cuando más se consumen este tipo de productos del mar.
Recuerda la Valedora en su queja que se trata de un sector en el que trabajan casi cinco mil personas tanto a pie como a flote y que la mayoría “son mujeres que deciden quedarse en casa, dejando un sector considerado estratégico ajeno a la paralización de actividades decretada por el Gobierno central en el real decreto del estado de alarma y, por lo tanto, quedando al margen de las ayudas establecidas en el mismo”.
Explica asimismo que es preciso añadir la circunstancia de que el sector “está integrado por personas de una media de edad superior a los 50 años por lo que, por ser un grupo de riesgo de la COVID-19, el temor al contagio estaba más extendido”.
Por todos estos motivos, la institución del Valedor do Pobo ha solicitado un informe a la Consellería de Mar que, asegura, fue emitido de forma “detallada” y con “presteza, a la vista de lo cual se entendió “que la Administración gallega tomó conciencia del problema al que se enfrentaba el sector marisquero y puso en práctica las medidas necesarias, tanto en el ámbito autonómico, como defendiendo los derechos de los trabajadores de este sector ante el Gobierno central que tenía atribuido el mando único (Ministerio de Sanidad).
