Pablo Mayoral tenía 24 años cuando fue detenido por la policía como implicado en los disturbios en los que falleció el agente Lucio Rodríguez. Sometido a un consejo de guerra fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada in extremis por la de 30 años de prisión a la vez que un pelotón de fusilamiento ejecutaba a tres compañeros del cuartel militar de Goloso que estaba al mando del que llegó a ser general golpista Miláns del Bosch.
Ayer estuvo en Vilagarcía con su compañero y amigo Manuel Blanco Chivite, así como con algunos miembros de las familias de los asesinados, entre ellos, la hermana de Humberto Baena. Fueron invitados por el Faiado da Memoria con el fin de volver a sellar esta página de la historia que quiso ser arrancada por medio de una dudosa Ley de Amnistía que protegió a víctimas y a verdugos.
Pablo Mayoral explicaba de camino a Vilagarcía que toda la vida reivindicará una condena sobre la “brutal y cruel represión del régimen de Franco, un modelo que nada tuvo de dictablanda” como se llegó a calificar su última etapa.
Sus recuerdos son imborrables. Mayoral recuerda cada instante de esa agonía que tuvo que sufrir por el simple hecho de estar “marcado” políticamente. “En aquel tiempo militaba en el Partido Comunista marxista-leninista y era el responsable de Propaganda del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y esa fue la razón por la que me detuvieron tras acusarme de la muerte de un policía”, a quien no cita por su nombre.
Terrible calvario
A partir de ahí, como a los demás implicados, empezó un terrible calvario en el que recuerda no faltaron terribles torturas, el aislamiento y luego el consejo de guerra y los fusilamientos de los cinco jóvenes antifascistas.
“Es un pasaje imborrable”, admite Mayoral que ya está jubilado y “vivo dignamente con mi pensión y de la de mi compañera tras trabajar los últimos años en una imprenta”, explica para matizar que no pretende ninguna compensación económica.
"Que restituyan el honor de los compañeros asesinados sería la principal victoria"
Solo un desagravio “en el Boletín Oficial del Estado” en el que quiere ver, ahora que tiene 70 años de edad, que se anulan las condenas de un Tribunal de Guerra, sin garantías y, sobre todo, que “restituyan el honor de los compañeros asesinados”.
“El juicio duró tres horas”, recuerda, y los cinco abogados defensores así como los otros cinco suplentes fueron expulsados “por lo que nos defendieron militares que no tenían idea de Derecho”.
Ahí se dictó la terrible pena de muerte para los acusados, aunque al día siguiente les llegó a algunos el indulto. Entre ellos a Mayoral y a Blanco Chivite que fueron condenados a cumplir entre 25 y 30 años de prisión.
“El juicio duró tres horas y nos quedamos sin abogados"
Y dos meses después, el 20 de noviembre de 1975, murió Franco. “Fue el día más feliz de mi vida, me alegré de igual manera que me consternó y amargó el fusilamiento de Baena, Sánchez Bravo o Ramón García”.
Y es que horas antes tanto Chivite como Mayoral habían compartido miedos y esperanzas, paseado por el patio de la cárcel y en las mismas celdas, algo que nunca olvidarán pues a día de hoy proclaman su más absoluta inocencia.
“Nada tuve que ver con la muerte de ese policía”, asegura con rotundidad casi medio siglo después de aquel tremebundo episodio del fin de los 40 años de dictadura de Franco.
“Nada tuve que ver con la muerte de ese policía”, afirma 46 años después
De ahí que clame todavía justicia y que respondan por aquellos hechos quienes todavía sobrevivan, entre ellos espera que se encuentre el juez togado Jesús Cejas Mohedano “que fue el ponente de la sentencia de muerte y quien asesoró al tribunal sobre cómo actuar”.
Mayoral recuerda que en aquel funesto septiembre de 1975 se celebraron cuatro consejos de guerra, dos en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona, todos ellos con el fin de amedrentar a una sociedad que vivió conmocionada aquel terrible e inhumano proceso.
La sociedad española se movilizó pero mayoral recuerda que se ha pedido clemencia desde todo el mundo. “Hubo actos de reprobación y condena en París, en Roma, en Portugal, el reproche y las peticiones de clemencia llegaron desde todo el mundo”, rememora.
Pero ni Franco ni los suyos tuvieron un ápice de piedad y se cumplió a rajatabla la sentencia dictada por un tribunal “que ni siquiera tenía pruebas para sostener la acusación”.
Un régimen que, entiende Mayoral, “sobrevivió a Franco” hasta que se proclamó la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, momento en el que pudo recuperar la libertad aunque sus vidas habían quedado marcadas para siempre.
“Fue difícil recuperar la estabilidad pues la empresa multinacional para la que trabajaba ya no me readmitió y no me quedó otro remedio que hacer trabajos esporádicos, aunque pude mantenerme activo políticamente en actos y movilizaciones que han permitido que hoy haya derechos tan básicos como los sindicales, las leyes del aborto, del divorcio, entre otros”, explica.
Un camino de espinas que sostiene ha causado más de 15 asesinatos en las calles en unas fiestas de San Fermín, en la concentración de la iglesia de Vitoria, en Barcelona. Estima que otras 200 personas fueron víctimas de la brutalidad policial en aquellos dos años y medio que él vio desde la cárcel.
Seiscientos querellantes en Argentina
“Hemos tenido que presentar una querella en Argentina para activar la justicia internacional con el fin de que se investiguen los crímenes de la Dictadura de Franco”, explica con ciertas esperanzas Pablo Mayoral Recuerda que son seiscientos los querellantes que buscan una reparación y que confían en que ese silencio que se pactó con la Ley de Amnistía es insuficiente para explicar cuarenta años de una historia llena de “personas que han sido masacradas, de fosas comunes, de víctimas en las cunetas”. Mayoral hace hincapié en las relaciones con los nazis y fascistas de la dictadura de Franco que empleaban métodos similares de sometimiento a la población. “Son crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados aunque hayan pasado tantos años”. De ahí que confíe en la juez María Servini que ha reabierto el caso en Argentina en el que se investiga 20 altos cargos de la Dictadura, entre ellos a Cejas Mohedano, el ponente de la última sentencia de muerte dictada en España. Pero a la vez Mayoral pide una reflexión a todos los partidos políticos que pactaron la ley del silencio que supuso la transición para que salga a relucir la verdad de uno de los períodos más opresivos de la historia de España. Esta mañana, continúan los actos del Faiado que realizará un homenaje a los 13 enterrados en la fosa común del cementerio de Rubiáns.
