Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Medio millar de reparos del interventor a las facturas pagadas en Meaño

Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, durante una sesión plenaria reciente.

Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, durante una sesión plenaria reciente.

El informe de la secretaría-intervención relacionado con el ejercicio del año 2020, y al que obliga la norma, arrojó el preocupante dato de que un total de 503 facturas abonadas por el Concello de Meaño -por un valor de 147.151 euros a lo largo del ejercicio-, presentan reparos de la secretaría, advirtiendo de anomalías que se hacen constar al efecto.

Un informe este del que se daba cuenta en el último pleno ordinario del mes de mayo a los distintos grupos de la Corporación municipal.

Por una parte, en el servicio municipal se hace constar que varias de las facturas que será necesario corregir responden a servicios contratados desde 2018, y cuyo plazo no debería haber excedido del año, pero que aún así a 2020 se siguió facturando en las mismas condiciones a las misma empresas, excediendo así el plazo que rige para la adjudicación de los contratos menores.

Entre ellas, las facturas relacionadas con la firma externa que asume parte del mantenimiento de alumbrado público municipal, o con la empresa que se encarga de prevención de riesgos, cuya duración contemplaba un año como plazo máximo y que, en la práctica, también se siguió excediendo en el tiempo.

Otro de los bloques sobre las que se hacen reparos son las facturas encadenadas por importes que superan los 3.000 euros, una facturación que responde a un servicio periódico en el tiempo.

Concursos públicos

Por esta razón -y así se hace constar- debería haberse convocado a concurso en función a la norma de contratos del sector público, garantizando así el principio de libertad de acceso a la licitación, publicidad, transparencia y libre competencia entre las empresas que se presenten a los susodichos concursos. del Ayuntamiento

Un proceder que, en este sentido debería regir también en el bloque de comunicaciones, que es diario y que se viene facturando a Telefonía de España S.A.U. y Telefonía Móviles España S.A., sin mediar concurso para que las diversas firmas de comunicación interesadas en hacerse con los citados servicios puedan concurrir con su propuesta.

Combustibles

Una actuación similar que, en aras a la libre competencia, se requeriría también con el combustible, servicio que una misma firma suministra al concello, y al que se viene facturando a lo largo del tiempo, según se pone de manifiesto en la relación a la que tuvo acceso FARO DE VIGO, superando esa facturación tope de 3.000 euros que marcaría el gasto menor. Idéntico principio justifican los reparos en relación a una reconocida firma de abogados, cuyo importe de honorarios, por diversos procedimientos judiciales representando al Concello, superan en su conjunto esos 3.000 euros.

Otros ámbitos en los que pone reparos la secretaría-intervención son los relacionados con una misma oficina técnica, que se repite y que asume labores de redacción de proyectos técnicos, dirección de obra o mediciones técnicas, por un valor superior a los 3.000 euros mencionados.

Máxime, y así hace constar el informe, cuando el Concello de Meaño cuenta con una arquitecta técnica municipal capacitada para asumir trabajos técnicos que el gobierno local viene encomendando a profesionales externos.

Vigilancia de la contratación de personal

Un último bloque de reparos se relaciona con el procedimiento que sigue el concello para la contratación de personal eventual. Entre ellas, la contratación de dos peones forestales por un período de 9 meses, además de otros dos trabajadores, en ambos casos en base a la subvención recibida al efecto de manos de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Y, añadido, la contratación temporal de trabajadores de distintas categorías en función al Plan Concellos 2020 de la Diputación de Pontevedra, o el contrato de dos trabajadores en prácticas durante seis meses. Procesos que en todos los casos citados no garantizaron el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben informar el acceso al empleo público, explica el técnico. Un mal endémico que arrastran varias administraciones locales y al que la normativa pretende poner coto

Compartir el artículo

stats