En abril del año pasado se registró el incendio de una nave en Catoira. Cuando los equipos de emergencias llegaron y empezaron a arrojar agua para controlar las llamas, vieron que la reacción era toda la contraria.
En ese instante empezó a sospecharse algo que la Guardia Civil confirmaría después, como es que en aquel almacén había alrededor de seis toneladas de residuos agroquímicos peligrosos.
Dicho de otro modo, el personal participante en el operativo de extinción estuvo expuesto a un riesgo evidente. Al igual que lo estuvieron el entorno natural y la población en general, ya que entre esos productos había una tonelada de fumigantes muy tóxicos. Todo ello depositado allí "de forma clandestina" y sin que nadie ajeno a la empresa tuviera conocimiento de su presencia en aquel lugar.
Investigan al responsable de la nave y dos de sus empleados
Eso considera la Guardia Civil, que por tales razones investiga penalmente al responsable de esa nave y a dos de sus empleados, a los que se relaciona con un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.
Pero eso no es todo, sino que puede haberse producido también un delito de falsedad en documento oficial, por lo que se investiga también al administrador de la empresa gestora de los residuos, con domicilio social en A Coruña, quien podría haber alterado en los documentos el lugar de procedencia del residuo peligroso, atribuyéndoles falsamente como origen la provincia de Valladolid.
A la espera de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa complete las diligencias, en el instituto armado resaltan que la empresa no solo carecía de algunos de los permisos necesarios para almacenar aquel material, sino que sobrepasaba la cantidad límite de almacenamiento establecida en la declaración.
“Provocó especial alarma por la combustión tóxica de los productos que almacenaba, al ser especialmente sensibles al contacto con el agua”
Tales diligencias tienen como base la investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, cuyos miembros pudieron determinar “no solo las circunstancias del incendio, sino también la gestión de los residuos y productos sensibles que manipulaba la empresa”.
Para ello contaron con “la estrecha colaboración y los informes técnicos de diversos organismos de la administración autónoma con competencias en la materia, como el servicio de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, el de Explotaciones Agrarias, dependiente de la Consellería de Medio Rural, y la delegación provincial de Industria”.
El relato de los hechos
Es así cómo se escribe el relato de los hechos presuntamente delictivos que rodean a aquel incendio, el cual “provocó especial alarma por la combustión tóxica de los productos que almacenaba, al ser especialmente sensibles al contacto con el agua”, insiste la Guardia Civil.
Detalla lo sucedido diciendo que “el incendio se produjo en un galpón anexo a una nave, que más tarde se sabría que estaba alquilada por una empresa de ámbito nacional especializada en fumigaciones y control de plagas industriales”.
En la benemérita sugieren que “causó en su momento una especial preocupación, cuando los servicios de extinción comprobaron que se producía una reacción violenta del material inflamado con el agua utilizada para el control del fuego, paralizando de inmediato la tarea de extinción”.
Para el control de plagas
En ese instante se supo que, “a pesar de que las instalaciones carecían de carteles, señales o pictogramas que indicasen la actividad que se desarrollaba en la finca, en realidad constituía el almacén de una empresa relacionada con el sector de productos y tratamientos biocidas en salud pública, fitosanitarios postcosecha y control de almacenamientos de productos agroalimentarios, así como el control de plagas”.
El fosfuro de aluminio confinó a los vecinos
De ahí que en el interior de las instalaciones se encontrara “una importante cantidad de residuos agroquímicos peligrosos que contenían fosfuro de aluminio, un principio activo de combustión rápida, que en contacto con el agua produce una sustancia tóxica y volátil generando un gas tóxico llamado fosfina”.
Tras descubrirse aquello, y ante “la posible toxicidad del humo que se había generado, se tuvo que establecer una zona de seguridad para todo el personal de cincuenta metros, confinándose los residentes en las viviendas adyacentes, con la indicación de que cerrasen puertas y ventanas, al tiempo que se procedía a cortar preventivamente la circulación rodada en un carril de la carretera PO-548”, recuerda la Guardia Civil.
"A pesar de que las instalaciones carecían de carteles, señales o pictogramas que indicasen la actividad que se desarrollaba en la finca, en realidad constituía el almacén de una empresa relacionada con el sector de productos y tratamientos biocidas"
Como se explicó entonces, fueron una decena de familias del lugar de A Baiuca las que más se expusieron a la sustancia tóxica procedente de aquel fuego en las instalaciones alquiladas en 2018 a Roca Defisán, una veterana empresa especializada en fumigaciones y control de plagas industriales con cerca de una decena de centros de trabajo repartidos por toda España.
El entonces alcalde, Xoán Castaño, que se había desplazado al lugar para conocer el alcance de la emergencia, declaró que tanto el inmueble como la actividad de almacén estaban en regla.
Según se dijo entonces, los bomberos del parque de Vilagarcía intentaron inicialmente contener las llamas con agua, pues había mucho humo dentro del galpón y no sabían qué había en el interior.
Pero el fluoruro de aluminio puede llegar a causar deflagraciones al entrar en contacto con el líquido elemento, de ahí que dejaran enseguida de utilizarla. Era fundamental conocer la naturaleza de las sustancias que se almacenaban en el galpón, y parece que tardaron en obtener la respuesta del propietario del mismo.
En cuanto supieron que lo que se estaba quemando producía un humo potencialmente tóxico dieron orden rápidamente a todos los vecinos del entorno para que se metieran en sus casas y cerrasen puertas y ventanas.
Al no poder emplear agua para apagar las llamas y no disponer de unos extintores especiales que se emplean en fuegos con metales, los bomberos solicitaron la ayuda del Concello para combatirlas con sacos de arena. La situación quedó controlada relativamente pronto y no hubo que lamentar daños personales.
Días después la empresa propietaria del material químico almacenado en el galpón anunciaba la adopción de medidas para que este tipo de episodios no se repitan, tales como realizar una retirada más rápida de los productos, para evitar que pasen mucho tiempo expuestos a la humedad ambiental.