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Solicitan de 10 a 15 años de cárcel para una banda que ocultaba cocaína entre fruta

Un detenido en la operación “Bodeguilla”. |   // IÑAKI ABELLA

Un detenido en la operación “Bodeguilla”. | // IÑAKI ABELLA

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge a partir del jueves de la próxima semana la primera sesión del juicio contra los seis presuntos integrantes de una organización de narcotraficantes que supuestamente pretendía introducir cargamentos de cocaína en España a través del puerto de Algeciras, ocultos en contenedores de fruta y cacao procedentes de Brasil y Colombia.

El alijo que desencadenó la operación fue interceptado por las fuerzas policiales en 2016 en Algeciras, y la operación fue bautizada como “Bodeguilla”. Uno de los presuntos líderes de la organización era Luciano Núñez, también conocido como “Lucky Luciano” o “Chano”, un vilanovés que fue condenado en la “Nécora”, y que hace unos años sufrió un asalto en su vivienda, en el transcurso del cual resultó torturado por sus agresores.

Luciano Núñez falleció el año pasado, y otro de los presuntos miembros de la organización de narcos está en paradero desconocido, de modo que solo se sentarán seis personas en el banquillo de los acusados. El fiscal pide para ellos penas de prisión que van desde los 10 hasta los 15 años, al considerar que son culpables de un delito contra la salud pública. En lo que respecta a las multas, oscilan entre los 100 y los 168 millones de euros.

El juicio empieza el jueves de la semana próxima, pero la vista oral se prolongará durante cinco jornadas más (hasta el 11 de junio), puesto que están citados a declarar unos 40 testigos.

Les atribuyen el intento se soborno a un guardia civil al pagarle 11.000 euros

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Según el escrito de acusación, los miembros de la organización de narcos tenían contactos en Sudamérica para el traslado de grandes cantidades de droga a España, e intentaron ocultarlos en mercancías legales que entrarían por el puerto de Algeciras, uno de los de mayor volumen de tráfico marítimo del sur de Europa.

Según las investigaciones, para garantizar el éxito de sus operaciones llegaron a pagar 11.000 euros a un guardia civil, con la finalidad de que el agente hiciese lo que estuviese en su mano para que la entrada de los alijos pasase desapercibida.

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