Benigno Chaves, ex patrón mayor de A Illa, y Avelino Paz iniciaron hace cinco años una larga lucha judicial tras haber sido expulsados como socios de la Cofradía de A Illa que ha culminado hace unas semanas, con un dictamen judicial que obliga al pósito isleño a readmitirlos en su seno al considerar la sentencia que se cometió una irregularidad en el procedimiento de expulsión. Ambos explicaron ayer, junto a la asesora Katy Montesinos, el largo calvario que han tenido que pasar para que se les reconociese su condición de socios de la Cofradía de A Illa.
Según ambos, todo arranca en el año 2016. Ambos marineros formaban parte de un grupo que alternaba el trabajo entre las cofradías de A Illa y de Noia, Chaves como armador en A Illa y trabajador enrolado en Noia y Paz como trabajador en el plan experimental de la navaja en A Illa y como armador en Noia. Como existían varios casos en esa situación desde A Illa se les obligaba a darse de baja cuando viajaban a Noia y a abonar una cuota de 1.000 euros para volver a disponer de la condición de socio en A Illa.
Sin embargo, ambos entienden que ese pago no se ajusta a derecho, ya que consideran que pueden seguir siendo socios de A Illa y faenar en Noia y que la facultad para trabajar no la da estar asociado a un pósito sino cumplir con los requisitos que fija el Permex. Montesinos pone de ejemplo precisamente al colectivo de Rañeiros que gestiona una serie de planes de explotación en la ría pero muchos de los marineros que faenan en el libre marisqueo no pertenecen a ese colectivo “pero pueden trabajar porque su permex se lo permiten”. Además, recuerda que, a raíz de la denuncia presentada por Chaves y Paz, la Cofradía de Noia cambió sus procedimientos y “ahora ya pueden participar socios y no socios en los planes de explotación”. El procedimiento, denuncian, era conocido por la Consellería que “en lugar de indicarle a los pósitos que cambiasen, miró hacia otro lado, permitiendo que muchos socios diferentes cofradías perdiesen su antigüedad”
En mayo de 2016, la cofradía les comunica a ambos que les abre un expediente por una falta leve al no haber pagado una cuota del año anterior, una decisión “no ajustada a derecho porque los estatutos del pósito indican que esas faltas prescriben a los tres meses, por lo que el proceso nace viciado”. Lejos de paralizar el expediente, la Cofradía “decide seguir adelante y responde con la existencia de desobediencia a un acuerdo tomado por órganos de la Cofradía”. En las alegaciones presentadas se advierte al pósito de que el “procedimiento es nulo de pleno derecho, al encontrarse prescrita también la segunda de las infracciones”.
Pese a estas advertencias la Xunta Xeral decide expulsarlos en una decisión en la que los asesores jurídicos de los marineros ven varias irregularidades y una posible prevaricación, ya que esa decisión “no le corresponde a la Xunta Xeral, sino al cabildo, mientras que todos los participantes en esa decisión eran conocedores de que estaban adoptando una decisión que no se ajustaba a derecho a sabiendas”.
"No le corresponde a la Xunta Xeral, sino al cabildo, mientras que todos los participantes en esa decisión eran conocedores de que estaban adoptando una decisión que no se ajustaba a derecho a sabiendas"
La expulsión se confirmó en marzo de 2017, y tan solo unos días después, ambos marineros presentaban denuncia ante el juzgado, dictándose la primera sentencia favorable en abril de 2020, en la que se obliga al pósito a dar de alta, con carácter retroactivo a 1 de abril de 2017, a ambos marineros. Esa sentencia fue ratificada el pasado mes de febrero por la Audiencia provincial. En la sentencia se indica ue se ha vulnerado la ley “al haberse acordado la baja de los socios por la posible pertenencia a otra cofradía sin haberse tramitado con carácter previo el procedimiento correspondiente”. Por eso se declara la “nulidad del procedimiento”.
Impugnaciones y reclamaciones
El proceso judicial no va a finalizar aquí ya que los asesores jurídicos de Paz y Chaves están trabajando en una serie de reclamaciones e impugnaciones sobre las decisiones que se adoptaron durante el tiempo que han estado expulsados del pósito. Uno de los primeros pasos será el de interponer una reclamación por lucro cesante que afectará a la cofradía, pero también al patrón y a los miembros del cabildo y la Xunta Xeral que participasen en la reunión en la que se acordó la baja como socios. Esa reclamación todavía tiene que ajustarse y perfilares, pero sería superior a los 120.000 euros ya que incluye los daños y perjuicios causados y la valoración de todo lo que han dejado de ingresar los dos marineros. Además, se va a presentar un recurso de revisión extraordinaria contra todos los planes de explotación aprobados desde 2017 a la actualidad, incluido el plan de libre marisqueo que gestiona Rañeiros de Arousa, ya que los dos marineros no tuvieron opción alguna de opinar o votar sobre los mismos, y mucho menos, de participar en ellos durante todos estos años. También se va a presentar un recurso ante la junta electoral para que deje sin efecto, con carácter inmediato, el resultado electoral de los comicios de 2018 y se vuelvan a convocar, dejando sin efecto a los actuales cargos electos y nombrando una comisión gestora, ya que no pudieron votar, ni presentarse ni impugnar los censos al no haber sido incluidos en ellos. Han remitido al pósito varias solicitudes de información en los que piden las cuentas de la cofradía entre 2016 y 2021, información sobre los órganos de gobierno, quienes son, cuanto cobran y en concepto de qué, así como poner el libro de actas a disposición de los dos socios. Los dos marineros consideran que se les ha causado un perjuicio muy importante durante estos años.
Interpretan que es regresar al inicio del proceso
La sentencia no ha pillado por sorpresa a la Cofradía de A Illa, aunque sus máximos responsables optaron ayer por mantener silencio sobre la misma porque todavía quedan muchas cuestiones por aclarar en vía judicial. De todas formas, fuentes próximas al pósito interpretaban el dictamen de la sentencia como que se les conmina a reiniciar el proceso de expulsión de los dos marineros, anulándose el iniciado en 2017 debido a un defecto de forma. De hecho, uno de los marineros reconocía ayer que ya ha recibido el expediente de expulsión tan solo un día después de que se dictara la sentencia, algo que le dejó “muy sorprendido, porque ni siquiera era firme y la reposición como socio de la cofradía se me comunicó varias semanas después”.
