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Una empresa reclama 200.000 euros a Cambados por cerrar la piscina 19 meses

Interior de la piscina de Cambados

Interior de la piscina de Cambados

La empresa Aquafit, concesionaria de la piscina municipal de Cambados, solicita al Ayuntamiento una indemnización de 202.700 euros, porque la instalación deportiva pasó cerrada más tiempo del que estaba previsto cuando se acometieron las obras de reforma.

Tras recibir la reclamación, el Concello encargó un informe externo, el cual rebaja la indemnización a 9.900 euros. Eso sí, los auditores también plantean incrementar la concesión a Aquafit otros ocho meses, y no cobrarle a la empresa el canon anual correspondiente al tiempo que la piscina estuvo cerrada, algo que el Ayuntamiento ya cumplió.

El asunto se debatirá ahora en el pleno extraordinario que la corporación celebra este jueves, 13 de mayo, a las 21.00 horas. El pleno debe decidir entre aceptar la propuesta de indemnización que solicita Aquafit o rechazarla. Todo apunta a que la corporación se decantará por esta segunda opción.

La piscina de O Pombal cerró el 1 de marzo de 2018, para llevar a cabo una completa remodelación de las instalaciones. En un primer momento, estaba previsto que los trabajos concluyesen en unos seis meses. Sin embargo, no dejaron de aparecer más y más imprevistos, con lo que el plazo de ejecución se multiplicó por tres, y el complejo deportivo no reabrió por completo hasta el 1 de octubre de 2019.

En consecuencia, Aquafit solicita a la Administración municipal una indemnización porque estuvo sin trabajar durante un periodo mucho más largo del previsto. Argumentan que el contrato de la concesión era por 96 meses (ocho años), pero que pasaron 19 meses con la piscina cerrada, lo que supone prácticamente una quinta parte del total.

Segunda reclamación

El pleno de este jueves es extraordinario, y se convocado mediante esta fórmula puesto que es necesario tramitar con urgencia tanto la denegación de la reclamación de Aquafit como un segundo asunto de índole económica en el que está inmerso el Ayuntamiento.

La Administración local reclama 400.000 euros a la unión temporal de empresas que gestionó la extinta plataforma inversa del polígono industrial de Sete Pías.

La solicitud ya se aprobó en pleno a raíz de un decreto de la Alcaldía, pero el Consello Consultivo de Galicia ha respondido que la tramitación administrativa fue incorrecta.

En este sentido, el Consello Consultivo plantea que el expediente de la rescisión del contrato tiene que iniciarse en el pleno, y no mediante un decreto de la Alcaldía.

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