La Guardia Civil de A Coruña decomisó 176 toneladas de comida almacenadas en dos naves de San Cibrao das Viñas (Ourense) por una ONG al sospechar que no cumplía las normas sanitarias. Una vez analizada, concluyeron que 122 no podrían ser repartidas al estar fuera de la legislación alimentaria y “deterioradas”, según explican en un comunicado, en el que añaden que dos miembros de la entidad están siendo investigados por un delito contra la salud pública en el juzgado de Ordes.
La operación que han bautizado como “Phillo” se inició en 2019, a raíz de las inspecciones del área de Agricultura de la Delegación del Gobierno a las Organizaciones Asociadas a Reparto (OAR), prosigue el comunicado. Es habitual que este departamento realice controles sobre colectivos que reparten comida dentro del Fondo de Ayuda Europeo para las personas desfavorecidas (FEAD).
Investigación
El Seprona inició una investigación y trasladó las diligencias policiales a la Fiscalía de Medio Ambiente ya que la entidad benéfica, que había sido expulsada del programa con anterioridad, opera en las cuatro provincias. De ahí que se hayan realizado inspecciones en las cuatro sedes provinciales, exponen.
En dichas inspecciones se inmovilizaron 176 toneladas de alimentos del programa, “que la entidad debería haber distribuido en años anteriores a personas desfavorecidas y que habían ocultado durante las inspecciones previas del programa por presentar diferentes tipos de irregularidades a las normativas de calidad y de sanidad alimentarias y de gestión de los programas de ayudas”, explica en un comunicado oficial rubricado por el instituto armado.
Además de investigar a estas dos personas, se ha cancelado su participación en el programa de distribución de alimentos.
El valor de los alimentos incautados a Amigos de Galicia en las naves de Ourense se han tasado en más de 285,000 euros
La Guardia Civil estima que los alimentos tienen un valor de mercado de 285.000 euros. Tras revisar la mercancía, determinaron que un 70% estaba deteriorada, lo que supone una pérdida de 122 toneladas de distintos productos envasados. El 30% restante, que reunía las condiciones de salubridad requeridas, se entregó a otras organizaciones para ser repartido. Eran principalmente latas de atún que todavía se hallaban en buen estado para su consumo.
La destrucción era su destino último
El abogado que defiende al director general de la entidad investigada, Fundación Amigos de Galicia, asegura que no se entregaron en ningún caso alimentos caducados a personas con pocos recursos y que la mercancía estaba almacenada para su destrucción, toda vez que se había pasado de fecha.
Alega que estos alimentos quedaron paralizados después de que se les prohibiese en 2016 distribuirlos y que, al no haber sido reclamados por el Fondo de Ayuda Europeo para las Personas Desfavorecidas ni devueltos por la entidad, caducaron.
Jesús Busto: “En 34 años, nunca se registró una intoxicación con nuestros repartos”
Amigos de Galicia subraya que a raíz de la investigación ha dejado de hacer paquetes de alimentos aunque siguen entregando ayudas con compras en supermercados y cadenas que cuentan con almacenes adecuados para la conservación. El presidente de la ONG Jesús Busto destaca que la intervención se remonta al 21 de febrero de 2020 cuando “solo” les bloquearon “la distribución en la provincia de A Coruña” y se destruyeron 50 toneladas de productos en mal estado además de ordenarse el precinto de otras 122 toneladas de mercancía que sobrepasaban la fecha de caducidad (las ahora intervenidas). En fuentes de la entidad benéfica recalcan que este último operativo se desarrolló el pasado 23 de febrero en Ourense, dos meses antes de ser llamados a declarar los dos responsables en el Juzgado de Instrucción de Ordes.
Jesús Busto insiste en que se han dado un cúmulo de circunstancias que han desbaratado un programa que Amigos de Galicia contemplaba como uno más de ayuda a personas en situación de pobreza, si bien reconoce que las instalaciones no eran las más idóneas para la conservación y reparto. Cabe recordar el cierre de los locales de Vilagarcía por no reunir las condiciones exigidas para la manipulación de estos productos.
Excedentes de 2015
Indica Busto que a la asociación llegó de la FEAD (fondo europeo de alimentos), en 2015, una gran cantidad de excedentes para el reparto en las cuatro provincias gallegas. una labor inconmensurable para una asociación que “dispone de recursos limitados y que cuenta con unos 50 empleados, de los que 20 son de Vilagarcía”. “Amigos de Galicia no se puede permitir el alquiler de instalaciones con cámaras frigoríficas y otro tipo de medios como los que dispone una cadena comercial alimentaria, porque no nos llegaría el dinero”, razona Busto.
Argumenta que los medios de distribución eran simples, recordando que no hace muchos años recogían fruta sobrante en un campo de tierra de Pontevedra para hacer luego el reparto. Las normas sanitarias son ahora mucho más exigentes, aunque el presidente quiere dejar claro que en los 34 años que lleva al frente del colectivo “nunca se produjo ni la más mínima intoxicación” entre personas a las que hayan hecho entrega de bolsas o paquetes de alimentos. Y no deja pasar la ocasión para dar una llamada de atención a las autoridades europeas para que varíen el criterio de envío. “Hay productos que los usuarios rechazan y otros que si uno se lee las etiquetas ve que las judías proceden de África o las lentejas de Estados Unidos, pero eso no se investiga”, reprocha.
