El decreto ley por el que se plantea la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional solo incluye al personal, como médicos y enfermeras, que ha estado en contacto muy directo con el virus.
Quedan, por tanto, fuera de esta declaración otros trabajadores como celadores, técnicos sanitarios, personal de limpieza y de mantenimiento de los centros sanitarios y aquellos de servicios cuya gestión ha sido privatizada, aunque resultaran infectados como consecuencia de su labor profesional.
Por este motivo, CIG a iniciado una campaña destinada a conseguir que se incluya en esta nueva ley a todos los trabajadores del ámbito sanitario.
CIG denuncia que el 25% de los trabajadores infectados quedaría sin protección
El sindicato destaca que el 25% del personal sanitario que fue infectado por el virus corresponde a este sector que queda fuera de la protección, por lo que considera la medida que se debatirá en el Congreso “discriminatoria, restrictiva, excluyente, sectaria y arbitraria”.
Los delegados sindicales se concentraron ayer ante el Hospital do Salnés para denunciarlo, tras celebrar una asamblea con trabajadores de ambulancias y del 061. En los próximos días celebrarán asambleas con otros trabajadores en los centros sanitarios de la comarca.
