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La Iglesia defiende sus posesiones en O Salnés

Conjunto monumental de Vista Alegre, en Vilagarcía

Conjunto monumental de Vista Alegre, en Vilagarcía

La mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla son paradigmas del proceso de inmatriculación o registro de los bienes en el que durante más de una década se involucró la Iglesia. Un proceso que afectó también a Galicia y a O Salnés, en particular, pues en este período fueron inscritas iglesias, ermitas, capillas, conventos, casas parroquiales, atrios y fincas rústicas y urbanas que la institución tenía y tiene por suyas. Sin duda un proceso legal pero que pone al descubierto una enorme riqueza a proteger para futuras generaciones.

Explica el delegado de Medios del Arzobispado de Santiago de Compostela que en un informe elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), coordinado por Xosé Antón Rodríguez González, presentado en septiembre pasado, “una de sus conclusiones importantes revela que por cada euro que recibe la Archidiócesis de Santiago de Compostela vía asignación tributaria o aportaciones procedentes de las administraciones públicas, la Iglesia diocesana invierte en la sociedad 1,52 euros”.

Empleo directo e indirecto de la Iglesia

Y a la vez subraya que como mínimo son “5.132 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, el impacto laboral de las actuaciones de la Iglesia santiaguesa o de la actividad turística generada en el territorio que abarca la Archidiócesis”.

El objetivo de este estudio de impactos es servir de instrumento que ayude a explicar y entender el papel que está teniendo en la actualidad la Archidiócesis compostelana en el conjunto de la sociedad a la que pertenece. Recuerda, en este sentido, que la Archidiócesis compostelana comprende un total de 78 municipios de la provincia de A Coruña, lo que supone el 84% del total provincial; y otros 31 concellos de la provincia de Pontevedra, que representan el 51% del total. O lo que es lo mismo, la suma de todos ellos representa el 35% del total de concellos gallegos.

Con el proceso, la Iglesia pudo poner en orden todas o la mayor parte de sus pertenencias

Javier Aguado - Delegado de Medios de Santiago

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Y en este contexto, Aguado defiende a la vez que se congratula de que la Iglesia haya podido poner en orden todas o la mayor parte de sus pertenencias y, en este sentido indica que desde 1998 hasta la Ley 13/2015, las distintas instituciones de la Iglesia en Galicia, como en el resto de España, “procedieron a registrar bienes mediante el procedimiento de certificación”. Precisamente esta fórmula es la que conlleva que “los bienes no son, pues, titularidad de ningún miembro de la Iglesia en concreto, sacerdote o laico, sino de la Iglesia como tal y están puestos al servicio del Pueblo de Dios y de la sociedad”.

Legalización de los bienes

Agrega el portavoz eclesiástico que “todo el proceso de inmatriculación se ha realizado conforme a la legislación vigente” e incide en que así lo indicó hace unos días la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señalando que “las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal”, pues así lo prevé la Ley Hipotecaria de Aznar.

Cementerio de Santa Mariña, en Cambados, registrado a nombre de la iglesia Iñaki Abella

En este sentido Aguado subraya que hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de reforma de la Ley Hipotecaria, “la Iglesia podía inmatricular bienes a través del procedimiento de certificación, una posibilidad que no era exclusiva o específica para la Iglesia, sino abierta a otras instituciones como las administraciones públicas”. Y recalca que “lo pueden seguir haciendo en este momento”.

En cuanto al procedimiento anterior a la Ley 13/2015 de inmatriculación por certificación, expone, “ se estableció para proteger los derechos sobre las propiedades que se poseían de manera inmemorial, mucho antes de la existencia de los Registros un mecanismo que arranca en el siglo XIX y como se ve en las sucesivas legislaciones, no tiene origen en el periodo franquista”.

Anotación en registros

Explica asimismo que fue en 1863 cuando se crea en España el Registro de la Propiedad, a partir de la Ley Hipotecaria de 1861. Y dice: “En los dos primeros decretos que desarrollan el funcionamiento de este Registro (en junio y noviembre de 1863) se anima a las instituciones públicas y a la Iglesia (en particular) a registrar sus bienes, para que el Registro acogiera ya desde el comienzo una buena parte de las propiedades que había en España”. Pero, indica, dicho decreto “impedía a la Iglesia ya entonces (y así fue hasta 1998) inmatricular los templos (iglesias y ermitas) pues la propiedad era evidente y no podían ser objeto de comercio”.

La Iglesia está dispuesta a revisar cualquier documento de propiedad aunque esté inmatriculada

Javier Aguado - Delegado de Medios de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

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“Conviene recordar, por otra parte, que el registro no confiere la propiedad de los bienes. y que la Conferencia Episcopal Española (CEE) establece que si se advierte algún error en alguna inmatriculación, las distintas instituciones de la Iglesia están dispuestas a revisar las mismas”, subraya el portavoz del arzobispado compostelano.

Casa de fábrica de la iglesia de San Julián de Pontecesures Iñaki Abella

Aguado enfatiza sobre el hecho de que la Iglesia ha inmatriculado los bienes que durante siglos el pueblo “católico” ha construido y le ha confiado para que esta pudiera realizar su labor, a saber: “el anuncio del Evangelio (apostolado), la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad (servicio)”. A su juicio, de ello se infiere que los bienes de la Iglesia “se destinan precisamente a estos fines y están abiertos a la sociedad y con ellos se atiende a las necesidades de Cáritas o a las tareas asistenciales”.

Legados, donaciones y herencias

Por otra parte subraya que la Archidiócesis “ha inmatriculado también otros bienes recibidos a través de legados y herencias, que han sido destinados, de un modo u otro a los mismos fines”. Recuerda que la Iglesia tiene, en este sentido “la obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados afectándolos a sus fines propios y poniéndolos a disposición de la sociedad, con independencia y colaboración con los poderes públicos, al servicio del pueblo cristiano” .Adicionalmente, remata el portavoz episcopal, “como es el caso de Galicia, y por motivos históricos, se añaden a estos bienes un relevante número de fincas rústicas, algunas de reducido tamaño y escaso valor económico, donadas por el pueblo cristiano, cuyo destino está unido a la voluntad del testador”.

Los templos, ermitas o monasterios sirven para el fin propio de la Iglesia

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Entiende además que resulta del todo evidente que “los templos, ermitas o monasterios sirven para el fin propio de la Iglesia” pero además, agrega, “tampoco tiene nada de extraño que la Iglesia posea otra clase de bienes porque han sido muchas las instancias que han intervenido en la edificación y mantenimiento de los templos católicos a lo largo de los siglos, lo que no debe hacernos perder de vista el papel fundamental de la Iglesia, sobre todo de la institución parroquial, en este proceso.

Asistencia a necesitados

En efecto, los cristianos han pagado durante siglos a sus parroquias una serie de contribuciones y cuotas para el sostenimiento de los sacerdotes, las celebraciones (edificios, ornamentos, etc.) y la asistencia a necesitados.

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