Difícil es comulgar con ruedas de molino. Vicepresidencia vuelve a salir por los cerros de Úbeda al explicar por qué elude medidas para evitar el estrangulamiento del Registro Civil de Vilagarcía con explicaciones propias del Gran Capitán al fijar que cada juzgado de Primera Instancia e Instrucción cuenta con un promedio de ocho funcionarios de gestión, tramitación y auxilio para soportar la carga administrativa correspondiente a cada sede.
Pero las simples matemáticas le desmienten pues tres porciones no son lo mismo que cuatro y a Vilagarcía le falta ese cuarto cacho, simplemente porque carece de ese juzgado a mayores que permitiría que la administración pueda establecer comparaciones con Cambados.
En suma, la respuesta de la Xunta es falaz porque iguala tres a cuatro y, por tanto, los parámetros no se pueden equiparar a pesar de que la eficiencia sea idéntica, en el sentido de que por aproximación los dos partidos judiciales resuelven el mismo número de procedimientos.
Por tanto, como las cuentas no fallan, el primer axioma que Vicepresidencia debería poner de manifiesto en su respuesta para evitar el caos es contabilizar por partidos judiciales, determinados en la Ley de Planta y Demarcación Judicial.
Si se usa este parámetro resulta que en Cambados son 32 funcionarios (ocho trabajadores por cuatro juzgados) y en Vilagarcía 24 (ocho por tres). La diferencia es por tanto de ocho trabajadores, sin contar con el asignado al decanato o el refuerzo del Registro Civil, con un funcionario interino imprescindible como demuestra el hecho de que lleva 16 años ocupando dicha plaza.
Hecho el análisis matemático y visto que no coinciden las cifras “macro”, valga solo como expresión, el quid hay que buscarlo en el desinterés que la Xunta siempre ha mostrado por Vilagarcía, una localidad que lleva más de una década reclamando el cuarto juzgado ante la saturación que soporta y los consiguientes retrasos agravados por todo un trimestre de la huelga de los funcionarios en 2018 o la pandemia que mantiene al ralentí toda la actividad judicial aún a día de hoy.
Aligerar toda esa carga es fundamental para los ciudadanos, cada vez más desconfiados por un obsoleto funcionamiento de la Justicia en el que urge un cambio de modelo que no pasa por la reducción del personal sino por su adaptación a una nueva era telemática y de gestión a distancia, pero con recursos solventes y para todos por igual. Diferenciar es discriminar, según publica la Real Academia de la Lengua.
Y le toca a Alfonso Rueda acabar con la exclusión de Vilagarcía, pero también a los políticos locales hacer de adalides de una pretensión de Justicia como es la de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos de un partido judicial que abarca desde Vilagarcía a Vilanova pasando por Catoira, Valga o Pontecesures.
Los ciudadanos quieren una Justicia ágil y para ello solo es posible con los medios a disposición. Pretender sacar el trabajo con el menor coste de personal es un error en el sentido de que resulta imposible alcanzar los elevados objetivos.
Los ciudadanos quieren que esta se imparta en tiempo y forma, sencillamente para que cumpla con su cometido. No es normal que haya procedimientos abiertos en Vilagarcía de principios del siglo XXI, que haya instrucciones que se demoren siete u ocho años, que haya retrasos en la tramitación de expedientes urgentes de veinte días o más...
Y que luego haya narcotraficantes, violadores, asesinos o simplemente delincuentes de la carretera que salen de rositas por la excesiva “dilación” producida. Un cachondeo como diría Pacheco. Ya saben, aquel alcalde que...
