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La fiscal sostiene la acusación de soborno contra un policía pese a una frágil prueba

El acusado y su abogado, durante la sesión de ayer. |  // GUSTAVO SANTOS

El acusado y su abogado, durante la sesión de ayer. | // GUSTAVO SANTOS

“Contamos con lo mínimo y suficiente para considerar probado que el soborno sucedió y que el acusado es responsable”, afirmó ayer la representante del Ministerio Fiscal al término del juicio contra el agente de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa acusado de un delito de cohecho en el que, no obstante, la fiscal reconoció que no se han podido “corroborar” las pruebas.

El pasado lunes arrancaba la vista oral contra el policía M. A. A. por unos hechos que ocurrieron entre septiembre y octubre de 2013 cuando realizó un control de alcoholemia a un conductor en estado de embriaguez pero cuyo delito contra la seguridad vial no llegó a tramitarse ante el juzgado al desaparecer el atestado policial. Entonces, según mantiene la Fiscalía y como denunció el conductor y principal testigo del caso ese mismo año, el agente habría hecho desaparecer dicho atestado por alcoholemia a cambio de un pago de 2.000 euros.

Se trata de una acción constitutiva de delito de cohecho que, a pesar del testimonio en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial por parte del conductor sancionado, no ha podido ser demostrada por parte de la Fiscalía “con todas las pruebas que permitan corroborar los detalles concretos” del caso. ¿El motivo? La declaración de este testigo, prueba principal sobre la que se sostiene la acusación pública, no arrojó luz sobre unos hechos de los que dijo no recordar absolutamente nada. “Ha venido a mentir descaradamente. No ha querido contarnos lo que sucedió. Después de haber denunciado en 2013 al acusado, de haber contado un relato con todo lujo de detalles y ratificarlo en el juzgado de instrucción ahora viene y, con la mayor desfachatez del mundo, pretende que nos creamos que no se acuerda de estos hechos”, aseguró al jurado popular la fiscal apoyándose en el informe médico sobre el estado psiquiátrico del testigo en el que se descartan cuestiones psiquiátricas para esta falta de memoria.

Ante los esfuerzos por parte de la representante del Ministerio Fiscal por hacer ver la posición “incómoda” del testigo, insistiendo en su estado de nerviosismo, miedo a las posibles represalias y a la falta de una “justificación” a los problemas de memoria por estos hechos, la defensa del acusado no escondió su “sorpresa” por mantenerse firme la Fiscalía en su petición de pena de cuatro años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación. “Mi cliente no es la persona que quiere hacernos creer el Misterio Fiscal a base de suposiciones”, alegó el abogado del agente, que tachó la investigación de “cúmulo de despropósitos”.

Por su parte, el acusado hizo uso de su derecho a tener la última palabra en el juicio, si bien fue reprendido en numerosas ocasiones por la magistrada al excederse en el tono y explicaciones. Sobre la “amnesia selectiva” que reconoció la médico forense del testigo principal, el agente insistió en que le “gustaría que tuviera memoria para poder preguntarle por todo esto” ya que, en su versión de los hechos, nunca tuvo contacto con el conductor más allá de unas llamadas telefónicas que aseguró no estar relacionadas con el caso. “Llevo siete años dándole vueltas a todo. No puedo más, pido disculpas si me excedí”, dijo ante el jurado al que pidió que se pusieran en su lugar.

Hoy la magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dará al jurado popular el objeto de veredicto para que se posicionen sobre si considera probado o no el delito.

Consenso sobre la falta de custodia de los documentos

Durante la sesión del martes del juicio contra el agente M. A. A. testificaron, además de la médico forense, diferentes agentes del cuerpo de la Policía Nacional adscritos en 2013 a la Comisaría de Vilagarcía de Arousa, así como también agentes de la Local, entre ellos la por entonces jefa de la plantilla. Todos los testigos, preguntados por la representante del Ministerio Fiscal y por la defensa del acusado, coincidieron en la falta de garantías que en 2013 había en la Comisaría en la custodia de los atestados policiales. De hecho, los agentes nacionales que prestaron declaración aseguraron que la investigación partió porque “se hablaba” de ello en la Comisaría. Los agentes de la Policía Local explicaron que el procedimiento estaba al alcance de todos y existía un registro de entrada de las denuncias tramitadas durante los turnos. Una vez hechos los atestados, se depositaban en una carpeta a la que cualquier agente tenía acceso para volver a ellos. La jefa de la Policía Local de Vilagarcía, tras el inicio de la investigación, reconoció que el sistema se cambió por una caja con llave para asegurar la custodia. A día de hoy, como expuso ante el tribunal, se encuentra jubilada.

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