La pandemia ha hecho que este año las familias en situación de emergencia social hayan pasado de la cifra 22, con que se iniciaba el año, a 43, que son la que precisan de ayudas en la actualidad. Por ello el concello decidió incrementar la partida destinada a tal fin quintuplicando los 7.500 euros que se había presupuestado, elevando la cifra a 37.000 euros.
Esos 24.000 euros de aumento se aplicaron en la segundo mitad del año a través de dos modificaciones de crédito de 12.000 euros cada una, para poder atender así al incremento de familias, con especial atención a las familias con menores a cargo. El concello destinó a este fin parte de los 17.000 euros recibidos de la Diputación Provincial para atender las consecuencias de la crisis sanitaria.
La edil de Asuntos Sociales, Dolores Balboa, alienta a las familias necesitadas a informarse en el concello de las diferentes líneas de ayudas habilitadas para tal fin, haciendo hincapié a través del comunicado remitido a los medios que “son tiempos de solidaridad y desde el grupo de gobierno tenemos muy claro que las políticas sociales son las prioritarias ahora”.
Precisamente este lunes el presidente de la Fegamp Alberto Varela expuso a la conselleira de Servicios Sociais la preocupación en los Concellos por el aumento de gastos extraordinarios para atender el incremento de casos motivados por la pandemia.
Explicó que la pandemia obligó a las Administraciones locales “a intensificar y realizar nuevas tareas, especialmente en el área de los servicios sociales, en la que desarrollaron todo tipo de medidas extraordinarias como el reparto de comida o medicación en los hogares.
También aumentó la asistencia a domicilio y las ayudas para necesidades básicas o la puesta en marcha de dispositivos de ayuda a personas sin hogar.
En términos generales se subrayó que los en este período los Concellos gallegos recibieron más de 17.000 nuevos solicitantes de ayuda, que supusieron una presión económica de más de seis millones de euros.
Explican que uno de los aspectos más preocupantes es el relativo a la financiación de la dependencia, cubierto en un 40% por los Ayuntamientos. “Silos precios de licitación están alrededor de 16 euros la hora, los Ayuntamientos aportan siete”, por lo que Varela plantea que Xunta y Estado se involucren en mayor proporción.
