Said Ammari y su familia podrán seguir viviendo en el galpón que arreglaron en una finca de San Miguel de Deiro (Vilanova), que les alquiló en 2013 el empresario para el que trabajaban tanto Ammari como su esposa.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilagarcía acaba de desestimar la demanda interpuesta por el empresario de Cambados, que solicitaba el desahucio de la familia de inmigrantes marroquíes, y que le pagasen 9.000 euros.
Según el demandante, Ammari le debía todo ese dinero porque no le había abonado las mensualidades del alquiler ni por el uso de un coche que le había prestado, ni había realizado las obras de mejora en la finca que en su día habían pactado en el contrato.
El inmigrante estuvo asesorado por la abogada Miryan Salgado, una profesional con despacho en Cangas do Morrazo, pero con vinculación laboral con la comarca de Arousa. Alegaron que Ammari sí había pagado (aducen que el empresario ya le restaba 450 euros mensuales de alquiler de la nómina), y que sí hizo numerosas obras de acondicionamiento en la finca, incluida la construcción de un cierre y el arreglo de la cubierta del galpón.
El Juzgado 1 de Vilagarcía acogió una vista oral en la que se escucharon las dos partes, y a dos testigos propuestos por Ammari y su letrada. El 9 de diciembre pasado, la juez Sofía Leonor Castro Verdes dictó una sentencia en la que desestima la demanda del empresario, con lo que deja sin efecto la orden preventiva de desahucio.
La juez plantea que el arrendador no ha sido capaz de acreditar los impagos que él denunciaba. En cambio, la familia de migrantes marroquíes sí logró aportar a la sala documentación de que había cumplido el contrato firmado con su exjefe. “La parte demandada aportó justificantes de transferencias bancarias realizadas al demandante por importe superior al del efectivo reclamado en concepto de rentas, que impiden considerar acreditada la existencia de la deuda que se afirma en la demanda”, plantea la juez de Vilagarcía.
Acto seguido, en la sentencia se menciona el presunto incumplimiento de Ammari del compromiso de costear las mejoras en la parcela. Sobre esto, se señala que el demandado aportó un informe pericial, “que acredita las mejoras que se hicieron en la finca”, así como facturas y albaranes “que demuestran que entre 2014 y 2020 se hizo el galpón, un invernadero y el cierre”.
El demandado aportó un informe pericial, “que acredita las mejoras que se hicieron en la finca”
Por todo ello, desestima las pretensiones del exjefe del inmigrante. Además, el empresario tendrá que pagar las costas del juicio. Eso sí, la resolución no es firme, y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
“Era una injusticia”
La sentencia ha sido acogida con gran satisfacción por Ammari, quien explicó a través de la abogada que, “nos enfrentábamos a una injusticia, porque nos reclamaban un dinero que ya habíamos pagado. Y además de pedirnos ese dinero nos querían echar de casa”.
Para los inquilinos, la demanda del empresario fue una venganza contra ellos porque unas semanas antes impugnaron las condiciones del despido (Ammari le hacía recados, y su mujer trabajaba como asistenta de hogar), y tienen la sensación de que, “se ha hecho justicia”.
“Nos enfrentábamos a una injusticia, porque nos reclamaban un dinero que ya habíamos pagado. Y además de pedirnos ese dinero nos querían echar de casa”
Miryan Salgado, por su parte, sostiene que, “en los últimos meses están aumentando las demandas por desahucio por impagos, pero este caso demuestra que no siempre los inquilinos son morosos”. Para la letrada, esta sentencia también demuestra que, “es muy importante guardar este tipo de documentos (justificantes de transferencias, facturas de obras…) y evitar tirarlos”.
De hecho, esa documentación fue vital en este caso. Ammari llevó dos testigos, su hija y una excompañera de trabajo. Y la juez solo valoró superficialmente el testimonio de la segunda, a quien el demandado dijo en alguna ocasión que el jefe le descontaba el dinero del sueldo para cobrar así el alquiler, “pero sin precisar la suma ni el tiempo”.
Los inquilinos también aportaron una serie de “post-it” con unas sencillas operaciones matemáticas en las que presuntamente se reflejaban los acuerdos entre el empresario y su empleado. Pero esas anotaciones manuscritas tampoco convencieron a la juez.
Miryan Salgado explica que conoció el caso de Ammari y su familia a través de una amiga en común, y que se ofreció a ayudarles de forma altruista, “porque quería poner mi granito de arena para que se hiciese justicia. Ayudarles ha sido para mí muy gratificante”.
