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La Audiencia Nacional rechaza separar el caso de Boye del que se sigue a Miñanco

Investiga un presunto blanqueo de dinero relacionado con un gran alijo de cocaína

La Audiencia Nacional acordó mantener la investigación al abogado Gonzalo Boye implicado en la trama seguida por presunto delito de blanqueo de capitales que se sigue contra la banda liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco.

La resolución dictada por la magistrada María Tardón establece que los hechos por los que se investiga al polémico letrado están conectados “con la causa principal en la que se investigan operaciones de narcotráfico dirigidas por Miñanco y por tanto no pueden ser juzgadas por separado”.

En el auto judicial, la juez expone que la Audiencia Nacional es la competente para juzgar las dos operaciones “de introducción de sustancias estupefacientes, en las que se aprehendieron 3,3 toneladas de cocaína que transportaba el buque Thoran, en octubre de 2017, y otros 615 kilos de cocaína en un contenedor intervenido en los Países Bajos, en noviembre del mismo año”.

La juez subraya que además de estas dos operaciones de introducción de droga, Sito Miñanco “dirigió otras acciones para transportar el dinero en efectivo que se obtenía de la venta de la droga, encaminadas a la ocultación de su origen ilícito”. En estas tareas, explica la magistrada, participaron otros “destacados miembros del entramado criminal, como Enrique García Arango, José Antonio Fernández Fernández o David Pérez Lago”, este último hijo de Esther Lago, la fallecida segunda esposa del narco arousano Laureano Oubiña.

En el auto de la juez Tardón se expone que es en este marco donde se contextualiza la aprehensión, el 6 de febrero de 2017, de 889.620 euros en el aeropuerto de Barajas, interceptado a algunos de los investigados y “las distintas maniobras ejecutadas posteriormente por otros investigados, entre ellos Gonzalo Boye Tuset, Alejandro Guerra Medina o Jesús Morán Castro para recuperar el dinero intervenido a través de documentos confeccionados ad hoc, simulando unos contratos de compraventa que acreditaran el origen del dinero intervenido y que se presentaron en el expediente administrativo incoado por la administración”.

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