La sociedad de O Grove parece unida en el momento de condenar la puesta en libertad de José Antonio Prieto Fernández, detenido el 5 de diciembre de 2018 tras haber tiroteado, presuntamente, a su expareja, Eva María A.F., causándole diversas heridas.
Después de que ella misma lamentara la excarcelación provisional de su presunto agresor, que estuvo hasta esta misma semana en prisión preventiva, acusado de homicidio en grado de tentativa, quebrantamiento continuado de la medida cautelar, maltrato y violación de morada, no solo los vecinos de O Grove se han volcado en apoyo de la víctima, tanto personalmente como a través de las redes sociales. También el Concello cuestiona la decisión judicial.
La Administración local canaliza su desconcierto a través del Consello Local da Igualdade y la concejalía de la que depende, que dirige el socialista Quito Parada. Y al tiempo que se solidariza con la agredida, exige al Ministerio de Justicia y al Gobierno de España “que de una vez por todas dote de recursos materiales y personales necesarios a los juzgados encargados de tratar los casos de violencia sobre la mujer, para que así no se vuelva a permitir que un presunto maltratador esté en la calle antes de ser juzgado”.
“Queremos que de una vez por todas dote de recursos materiales y personales necesarios a los juzgados encargados de tratar los casos de violencia sobre la mujer"
De este modo también se evitará, creen en O Grove, que las mujeres víctimas de malos tratos tengan que “vivir privadas de su libertad por la dejadez de funciones de nuestro sistema judicial”.
Esa privación de libertad es la que dice sentir Eva María desde que se enteró de la puesta en libertad de su expareja, pues además de sentir “miedo” tiene que portar un dispositivo telemático de seguimiento.
Sabe que es por su seguridad, pero también es cierto que no lo necesitaría si su presunto agresor estuviera encarcelado. No es así, pues si bien el 20 de octubre la jueza de instrucción de Cambados desestimó la puesta en libertad provisional de José Antonio Prieto Fernández, la Audiencia Provincial corrigió aquella decisión y lo dejó en libertad.
De ahí que Eva María diga que no puede “vivir tranquila” y que el Consello Local da Igualdade se posicione públicamente para respaldarla y mostrar su “total repulsa, indignación y desacuerdo con la terrible situación a la que se ve expuesta nuestra vecina”. Cree este órgano que “no se puede entender cómo una agresión que estuvo a punto de acabar con su vida hace dos años aún no fuera juzgada”.
"Dejadez o falta de recursos"
Por eso dice no aceptar “que por la dejadez o falta de recursos y no celebrarse el juicio el agresor tenga que salir en libertad”.
Lo que reivindica el Consello Local da Igualdade es que la Justicia dé prioridad a la lucha contra la violencia de género, que se aceleren estos procesos, que se evite que los agresores estén en la calle antes de ser juzgados y que se proteja a las mujeres agredidas para evitar la situación de desamparo en la que se encuentran.
Los miembros de dicho órgano están convencidos de que “una pulsera no puede garantizar la tranquilidad” de víctimas como la grovense Eva María, de la que dicen que “cuando empezaba a rehacer su vida y a ver algo de luz tiene que volver a vivir con miedo, siendo ella y no su agresor la que está privada de libertad a causa de la inseguridad que genera que el agresor pueda aparecer nuevamente y volver a atentar contra su vida”.
No se olvida de resaltar que cuando esta vecina fue presuntamente tiroteada ya existía una orden de alejamiento contra su expareja por una agresión anterior. Como tampoco de que “desde hace años los juzgados de violencia sobre la mujer se ven sobrecargados de trabajo y no pueden dar la respuesta que deberían, a pesar de que a diario hay vidas en peligro”.
