Mucho antes de la pandemia, la asociación Vellez Digna ya llevaba tiempo reclamando a la Xunta de Galicia un mayor control sobre las residencias privadas. Por desgracia, el coronavirus se ensañó con varios geriátricos gallegos, de ahí que el colectivo se viese obligado a multiplicar sus apariciones públicas. El presidente de la asociación, Francisco Bernárdez, está convencido de que muchas de las muertes que se han producido en las residencias pudieron evitarse si las empresas invirtiesen más dinero en personal y la Xunta hiciese bien su trabajo de inspección. Vellez Digna ha sido muy crítica con el geriátrico DomusVi de Ribadumia, que fue inmediatamente intervenida por la Xunta de Galicia. Eso no pudo evitar que ya hayan muerto seis de sus residentes, pese a que en un primer momento el Sergas afirmó al alcalde que todos los casos eran leves.
–¿Cómo está la situación en la DomusVi de Ribadumia?
–Se ha estabilizado, pero ayer mismo (por el viernes) hubo seis positivos más, dos trabajadoras y cuatro residentes. Esto nos lleva a más de 80 usuarios y a 35 trabajadores contagiados.
–¿Le sorprendió que el coronavirus infectase al 60 por ciento de los mayores de Ribadumia?
–Somos conscientes de que no se puede garantizar al cien por cien que el coronavirus no entre en una residencia. Puede haber uno, dos, tres brotes separados en el tiempo. Un brote que afecte a una decena de personas. .. Pero lo que no admitimos es que el virus entre en una residencia y que se propague de la manera en que lo hizo en Ribadumia. A la vista de los hechos, es evidente que no se hicieron bien las cosas, y que las irregularidades que llevamos denunciando desde hace año y medio eran verdad.
–¿Qué cree que ha fallado?
–Hay un cúmulo de situaciones. En primer lugar, no se compartimentó bien la residencia. Sí que había un protocolo en el que se establecían zonas separadas, pero a la hora de la verdad, como no había personal suficiente, las trabajadoras tenían que ir de una zona a otra, por lo que no funcionó la separación. El circuito de limpio-sucio no se hizo bien. Ha habido trabajadores circulando entre residencias de la misma empresa. Los trabajadores se enteraron de que había un brote a través del Sergas y de la prensa, porque la dirección no les comunicó nada. Y hasta el 28 de octubre, cuando entró la Xunta en la residencia, tuvieron falta de material de protección.
"En el caso de Ribadumia llevamos más de un año diciendo que no hay enfermeras suficientes, que hay auxiliares haciendo el trabajo de las enfermeras"
–Vellez Digna sostiene que el principal problema es la falta de trabajadores.
–Así es, y en el caso de Ribadumia llevamos más de un año diciendo que no hay enfermeras suficientes, que hay auxiliares haciendo el trabajo de las enfermeras. La empresa se excusa diciendo que es que no encuentran personal, pero es mentira. Tenían siete enfermeras, lo que pasa es que se les fueron por las malas condiciones laborales que tenían.
–Vellez Digna también es muy crítica con los servicios de Inspección de la Xunta.
–Inspección jura y perjura que no avisa a las residencias antes de las inspecciones, pero las residencias saben cuándo van a recibir la visita de un inspector. Pero es que por encima, cuando hay una inspección, el funcionario únicamente habla con la dirección de la residencia. No contrasta los datos con los denunciantes, ni con los representantes de los trabajadores, ni con los usuarios ni con las familias... Se limitan a redactar una nota escueta en la que dicen que todo está bien.
–¿Qué opina de la comparecencia en el Parlamento de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández?
–Contó una mentira tras otra. Su comparecencia fue una especie de mitin del PP. DomusVi fue el grupo empresarial con más muertes en sus residencias de toda España. Es evidente que se hicieron mal las cosas. Pero Josefina Fernández no hizo autocrítica alguna. Si uno no reconoce los errores, significa que está dispuesto a repetirlos.
–También fueron muy controvertidas las disculpas con ella del popular Diego Calvo.
–Eso fue una vergüenza. Si ves a un diputado arrastrándose de esa manera, es normal que te surjan dudas sobre la neutralidad de los controles de los funcionarios de Inspección.
–¿Vivimos en una sociedad gerontofóbica?
–A veces parece que sí, y no nos damos cuenta de que sin mayores no hay futuro, y que todos vamos para mayores. Ellos fueron los que nos ayudaron a salir de la crisis de 2008 con sus pensiones, y ahora se lo pagamos así. En algunas residencias gallegas y españolas se vulneran los derechos humanos. Los mayores que no tienen a nadie fuera que mire por ellos lo pasan mal. Algo que me pregunto es por qué la Justicia no investiga de oficio las muertes en las residencias. La mitad de los muertos de Galicia fueron usuarios de residencias, cuando solo son el 3 por ciento de los mayores de 65 años. La situación es especialmente mala en las residencias privadas. Un usuario de un centro privado tiene 24 veces más probabilidades más de morir que otro de un centro público.
–¿Hay que redefinir el modelo de residencias?
–Radicalmente. Al privatizarlo, convirtieron a los mayores en mercancía. Tenemos que ir hacia un modelo público y de proximidad.
