La comunidad de montes vecinales en mano común San Miguel de Catoira ha decidido acudir al Tribunal Supremo para defender sus “legítimos intereses”. A través del bufete pontevedrés Raposo Abogados, la entidad que preside Luis Rey presentó recurso de casación después de que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) fallara en su contra, y a favor del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en relación con fincas expropiadas para las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).
Es un proceso, como se deducirá, que viene de muy lejos (más de una década) y no está exento de polémica y ciertas curiosidades. Por ejemplo, que el TSXG dio la razón a los comuneros en sus recursos iniciales respecto a determinadas fincas ocupadas para las obras del tren, pero, sin embargo, se la quitó en relación con otros terrenos comunales en la misma situación y condiciones.
De ahí la decisión de presentar recurso de casación ante el alto tribunal “no por un interés económico, ya que se reclama una baja cantidad, sino por una cuestión de principios, para defender lo que es de justicia y para que esos nuevos fallos del TSXG no sienten jurisprudencia, puesto que perjudicarían en el futuro a particulares, comuneros o cualquier otro que se encuentre en nuestra situación”, relata Luis Rey.
Para entender lo sucedido puede explicarse que en 2009 se procedió a la “ocupación temporal” de parcelas para construir el tramo del Eje Atlántico entre Vilagarcía y Santiago. Por esta razón, fueron expropiadas, también temporalmente, un buen número de parcelas particulares y comunales de Catoira.
En el caso de los comuneros y de los terrenos motivo de litigio, se sitúan bajo el viaducto interprovincial que une Catoira con Rianxo sobre el río Ulla. Transcurridos cuatro años, y dado que no había terminado la obra, fue necesario ampliar la ocupación temporal.
Lo que pasó fue que, aún tratándose de los mismos terrenos y estando en idéntica situación (expropiados por las obras), la cantidad ofrecida inicialmente a los comuneros para compensar la ocupación se redujo de manera “brutal” cuando se amplió el proceso expropiatorio.
La comunidad de montes, como hicieron otros vecinos de Catoira y Vilagarcía a título particular, acudieron a la Justicia para reclamar que se les pagara en la segunda fase de expropiación lo mismo que se les había prometido para la primera. Entendían los comuneros, y lo siguen creyendo, que si las mismas fincas seguían ocupadas por la misma administración, y para la misma obra, tenían que abonarles el mismo precio por metro cuadrado que se había pactado inicialmente, y no una cantidad tan rebajada como la que se les ofertó.
Con esos argumentos ganaron la batalla en el Jurado de Expropiación de Pontevedra antes de recibir el respaldo del TSXG, que falló a su favor en relación con diversas fincas permitiendo que la comunidad pudiera cobrar lo que se le había prometido inicialmente.
El problema surge al comprobar que se habían quedado en el tintero un par de pequeñas fincas más, por lo que se afrontó un proceso judicial diferente al anterior. Para sorpresa de los comuneros, en esta ocasión el TSXG falló en su contra, a pesar de que los argumentos, justificaciones, hechos probados y demandas eran idénticos a los manejados para la primera reclamación.
Así lo detalla Luis Rey, quien señala que “el cambio de criterio del TSXG se debe a que la reclamación que presentamos sobre esas últimas parcelas fue vista y sentenciada por un magistrado diferente al que falló respecto a los primeros terrenos, por lo que se produce una clara contradicción y un cambio de criterio que puede sentar un grave precedente si no presentamos este recurso ante el Supremo, ya que cualquier expropiado puede verse afectada por esa última decisión del TSXG”.
Abundando en ello, el presidente de los comuneros catoirenses, y abogado, señala que “debe darse validez a las sentencias existentes a nuestro favor ordenando pagar a Adif lo acordado inicialmente por las ocupaciones temporales, pues si eran ocho parcelas y nos dan la razón con respecto a las reclamaciones para las cuatro primeras, no tiene sentido que nos la quiten para las otras, ya que es de justicia que se tasen igual que las anteriores”.
Dicho de otro modo, que “si en el año 2008 empezaron con las ocupaciones y pagaron una cantidad por cuatro años, no tiene sentido que al ampliar esa expropiación temporal el Ministerio de Fomento ofreciera 80 céntimos por lo que antes pagaba a 8 euros”.
Insiste Rey en que el recurso de casación no se plantea por cuestión de dinero, “ya que son 2.000 o 3.000 euros”, sino que se trata de “una cuestión de honor y justicia, porque si no recurrimos, el día de mañana cualquiera puede verse afectado, ya que podría aparecer una administración para hacer una obra, marcar un plazo de ocupación temporal de tres años y después, si no le da tiempo a terminar los trabajos, aplicar este tipo de sentencias para seguir invadiendo terrenos mientras paga en esa prórroga 10 céntimos por lo mismo que antes había expropiado a 4 euros”.
Eso es lo que en su día reclamó judicialmente la comunidad de montes de San Miguel, logrando que el TSXG la respaldara y dejara claro que “el precio de expropiación fijado inicialmente es el mismo que debe aplicarse durante toda la ocupación; no tiene sentido que ahora, con un juez nuevo, se nos diga lo contrario”, concluye Luis Rey.
