Quienes en torno a 2008 compraron una vivienda en alguno de los dos portales del edificio O Ribeiriño tenían motivos más que suficientes para estar satisfechos: era un inmueble nuevo, aparentemente bien construido, bonito y estratégicamente situado, a un par de minutos en coche del centro de Cambados y de la vía rápida que lleva a Vilagarcía o a la Autovía do Salnés. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que también los sueños pueden tener un lado oscuro.

El estallido de la burbuja inmobiliaria arrastró como un tsunami a la empresa constructora, Hermanos Padín García, que no fue capaz de vender los 23 pisos de la promoción. Le quedaron 11 en las manos, y aunque presuntamente poco a poco fue consiguiendo alquilarlos, pronto dejó de pagar las correspondientes cuotas mensuales a la comunidad de vecinos.

Estos respondieron con una cascada de reclamaciones en los juzgados. La Justicia les daba la razón, pero salvo en un par contado de ocasiones, no se forzó a Hermanos Padín a pagar las cantidades adeudadas. En consecuencia, los propietarios de los demás pisos tenían que abonar cuotas de hasta 65 euros mensuales para hacer frente a los gastos compartidos. “Pagamos una comunidad de ricos. No quiero pensar que pasaría si llegamos a tener piscina”, ironiza uno de los vecinos afectados.

El presidente de la comunidad, José Antonio Fabra, afirma a su vez que en uno de los portales tomaron la drástica decisión de prescindir del ascensor, para aligerar el coste mensual de la comunidad.

Hasta que en 2015, los constructores traspasaron los 11 pisos que les habían quedado sin vender a una sociedad, Global Export Company Spain, la cual asumía las deudas del constructor. No obstante, los vecinos descubrieron pronto que seguirían sin cobrar las cuotas mensuales, que ni abonaban los inquilinos de las viviendas alquiladas, ni la sociedad mercantil que formalmente las había comprado.

Mes a mes, año a año, la deuda con la comunidad crecía, porque a las cuotas de las viviendas había que sumar los gastos correspondientes a los trasteros, los garajes o las eventuales derramas. En 2019, los impagos ya se aproximaban a la escalofriante cifra de 50.000 euros.

Por si eso no bastase, los propietarios aseguran que el ambiente en el edificio no es sano, porque unos pocos de los vecinos que viven de alquiler son problemáticos. Según ellos, incluso se han enganchado a contadores eléctricos que no son suyos. Ayer mismo, una patrulla de la Guardia Civil tuvo que personarse en el inmueble, pues uno de los arrendatarios tenía problemas para acceder al inmueble.

Aparece la Sareb

Cuando entró en escena la Sareb (sociedad que gestiona el ladrillo que los bancos no lograron vender), los vecinos vieron el final del túnel. “Creímos que estábamos salvados”, resume José Antonio Fabra. Creyeron que no tardaría en regularizarse la situación de los alquileres y que pronto empezarían a cobrar las cuotas de la comunidad.

A mediados de enero de este año, el llamado “banco malo” sacó los 11 pisos a subasta pública, a unos precios que iban desde los 106.000 a los 148.500, prueba de la calidad de las viviendas. Pero todas las pujas quedaron desiertas, de modo que la Sareb pasó a ser formalmente propietaria de los pisos. A pesar de ello, siguen ocupados, presuntamente de forma alegal.

Y entonces, los vecinos vieron con desilusión como la Sareb tampoco hacía nada por regularizar la situación y por ponerse al día con las cuotas. “Seguimos desamparados, porque al final la Sareb tiene la misma actitud que el constructor y que la sociedad que después compró. Ni están, ni se le esperan. Esto es como en las películas, que crees que por fin ha llegado el bueno, y resulta que el bueno también es malo”, lamenta Fabra.

En declaraciones a FARO, el constructor Evaristo Padín afirmó que, “esos pisos ya son de la Sareb, y por lo tanto es la Sareb quien tiene que asumir las cargas pendientes y saldar las deudas”. De hecho, el constructor sostiene que cuando la sociedad estatal los vaya a vender, deberá entregar al nuevo comprador un certificado de que están libres de cargas. FARO también intentó conocer el punto de vista la Sareb, pero no respondió.

Da la cara

La situación dio un giro sensible en los últimos días, después de que la Sareb contactase con la administración de fincas que lleva esta comunidad de vecinos de Cambados. Según le trasladaron desde la agencia al representante de los propietarios, “la Sareb pidió copias de las llaves y preguntaron por la deuda”.

Aparentemente son buenas noticias, aunque José Antonio Fabra prefiere lanzar un mensaje de cautela. “Se han preocupado, vale. Pero de nada sirven las buenas palabras, la buena voluntad, sin hechos”.

“Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada”, concluye el portavoz de unos vecinos que lo único que quieren es vivir tranquilos y en paz.