El Partido Popular eligió Vilagarcía para presentar una moción tipo que anuncia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa del Gobierno y la FEMP que implica "requisar" los remanentes de tesorería de los Ayuntamientos y entidades locales. En la comarca de Arousa estiman que se perderán nueve millones de euros, si bien esta cifra no fue desglosada por ninguno de los intervinientes en la conferencia de prensa. La presentación corrió a cargo de la diputada autonómica electa vilagarciana Elena Suárez quien estuvo acompañada en la mesa por Paz Lago, el concejal de Vilanova Javier Tourís y el alcalde de Cotobade Jorge Cubela, además de por ediles del PP de O Salnés.
Elena Suárez fue la primera en subrayar que no están dispuestos a consentir que el Gobierno se quede con "todos los ahorros de los vecinos" en virtud de un Decreto que consideran que vulnera los artículos 137 y 142 de la Constitución "que consagran la autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales".
En la moción se recuerda que en julio, el Gobierno de España presentó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por Abel Caballero una propuesta de acuerdo para que los Ayuntamientos cediesen sus ahorros y recursos en entidades bancarias, una iniciativa que tuvo un amplio rechazo político a nivel nacional. Con todo, explican en la moción, aún sin el aval inicial de la FEMP, el Consejo de Ministros aprobó el 4 de agosto el Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales.
En la moción del PP se explica que la idea consiste en ofrecer un fondo de 5.000 millones de euros para 2020 y 2021, cuyo reparto quedaría condicionado a que su distribución se realizará "entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019". Los demás quedarían excluídos.A cambio, explican, esos ayuntamientos que ceden sus ahorros participarán de un fondo que supone solo una pequeña parte de lo que antes habían entregado.
En la propuesta se pide el apoyo expreso de la Diputación de Pontevedra "al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto", a la vez que solicitan que la institución provincial rechace la fórmula empleada por el Gobierno para conseguir el respaldo de la FEMP en este objetivo. Pero asimismo plantean que las distintas Corporaciones planteen la "reprobación" del presidente de la Federación Española y alcalde vigués Abel Caballero, por dar viablidad al Decreto.
Acusan al edil vigués de "no transmitir con la debida diligencia ni transparencia la información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de los miembros de esa institución; de no defender los intereses de las Entidades Locales; y provocar, por vez primera en la historia de la FEMP, que se rompa el consenso histórico que acostumbraba a presidir los acuerdos de este organismo".
En el escrito también instan al Gobierno a que atienda las demandas de las Entidades Locales "para que puedan disponer del 100% de sus remanentes de tesorería para la lucha contra los negativos efectos del Covid-19, llevando a cabo las modificaciones legales que resulten pertinentes".
El teniente de alcalde vilanovés Javier Tourís fue especialmente crítico con Abel Caballero a quien calificó como "esclavo político del Partido Socialista", a la vez que indicó que estaba "preocupado por Carmela Silva "porque no sabemos nada de ella y es, sin duda, cómplice de Caballero en el saqueo a las arcas municipales". Por su parte Jorge Cubela calificó el Decreto como "atraco a mano armada y atentado a la autonomía municipal", una idea que también argumentó Paz Lago quien lamentó que se sustraiga la capacidad de hacer obras en los concellos.
