El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro,, acompañado po varios ediles del grupo de gobierno, anunció que recurrirá al TSXG la sentencia que ordena la readmisión e indemnización de los operarios del GES (Grupo de Emergencias) cesados tras la extinción del servicio, el pasado 31 de diciembre.

"Hay que tener en cuenta, ademais, que el Grupo de Emergencias Supramunicipal no es competencia del Concello de Valga, sino de la Xunta y de la Diputación", recalcó el regidor.

El conferencia de prensa, el alcalde recordó cómo se desarrolló funcionamiento del extinto Grupo de Emerxencias. Indicó que se inició "con un grupo experimental de emerxencias que estaba constituído por antiguos componentes de Protección Civil que llevaban a cabo un servicio fantástico y gratuito en el Concello". Pero fue cuando la Xunta, la Diputación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) crearon el GES "esas mismas personas pasaron a formar parte de este nuevo grupo, incorporándose otros integrantes hasta completar o grupo de 12.

El funcionamento durante los primeiros años transcurrió con "normalidad", pero siempre con "problemas económicos para el Concello ya que las aportaciones de la Diputación y de la Xunta se retrasaban bastante y nos veíamos obligados a anticipar las cantidades con cargo al presupuesto municipal". Ademais, añadió, "el servicio se prestaba en los otros cuatro concellos de la comarca -Pontecesures, Catoira, Caldas y Portas- sen que ninguno de estos concellos hiciera aportación económica alguna. "Y, aún así, estos extrabajadores siempre cobraron puntualmente sus nóminas".

Maneiro insiste en que se llegó a un punto en el que las deudas acumuladas por la Deputación y la Xunta eran tan importantes que el Ayuntamiento no podía mantener la situación y decidió renunciar al servizo del GES y finalizar los contratos de sus integrantes el pasado 31 de diciembre de 2019. "En mayo de este año aún cobramos 41.000 euros que estaban pendientes desde 2018", comentó Bello Maneiro como ejemplo del desfase existente en el cobro de las aportaciones de otras administraciones.

A esto se sumó una serie de denuncias por parte de estos extraballadores. "Cada uno de ellos reclamaba 16.000 euros al año por diferentes pluses", si bien una reciente sentencia falló a favor del Concello. Pero, en caso de que los juzgados obligaran a pagarlo, "esas cantidades y la cobertura con nuevo personal de dos bajas que se prolongaron durante más de un año podrían costarle al Concello unos 312.000 euros anuales".