Desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19, la Policía Local de Vilagarcía de Arousa ha tramitado un total de 224 denuncias ante la Subdelegación del Gobierno contra aquellos vecinos que se han saltado las órdenes de confinamiento. Las acciones de control de los agentes municipales son solo una parte de los operativos montados en la ciudad para hacer cumplir la normativa vigente destinada a frenar los contagios por coronavirus, en los que también participaron efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Ejército.

En lo que respecta a los partes emitidos por los agentes municipales cabe destacar el aumento en el número de casos en los primeros 15 días de este mes con 143 del total de 224 registrados; frente a los 71 contabilizados en los veinte días de marzo.

Pero el aumento de las denuncias tiene una doble explicación; por una parte una mayor relajación de los ciudadanos tras pasar muchos días de confinamiento. Y, por la otra, el hecho de que la primera semana en la que se decretó el estado de alarma, los policías municipales hicieron una labor de concienciación y, por lo tanto, no cursaron denuncias.

El primero de los partes por incumplimiento de la norma de confinamiento fue cursado el 18 de marzo. Según los datos municipales, en ese mes, el día de mayor número de denuncias fue el 24.

En los primeros quince días de abril los policías vilagarcianos fueron menos flexibles con las actitudes vecinales, teniendo en cuenta que la población ya llevaba tiempo concienciada sobre las normas para quedarse en casa. Así se llegó a las 15 denuncias diarias registradas los días 3 y 10, en tanto que las jornadas del 7 y 8 se tramitaron 14 reclamaciones respectivamente, y el 5 de abril fueron 13.

Las causas por las que se redactaron los partes son casi siempre las mismas: desplazamientos indebidos en vehículos, paseos con la mascota muy lejos del domicilio, desplazamientos para compras a mucha distancia de la casa y estancias en la calle injustificadas.

Todas las denuncias son tramitadas ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que es la que determina las consecuencias del incumplimiento.