Lejos parece la solución al caos judicial en O Salnés, una demarcación que permanece anclada al pasado sin que se resuelvan las carencias de medios y personal que los colectivos de profesionales demandan desde hace décadas.
El Consejo del Poder Judicial celebró en Pontevedra su pleno para inaugurar el gigantesco edificio de A Parda pero ni de soslayo recordó las necesidades judiciales que la comarca ha pueso en numerosas ocasiones sobre la mesa por los que el número de procedimientos sin resolución aumentan cada día que pasa.
El cuarto juzgado de Vilagarcía se ha convertido en una entelequia que solo se reactiva por las quejas que a diario manifiestan abogados, procuradores y también los funcionarios, desde la escala de auxilio a los propios jueces, fiscales y letrados de Justicia.
Pero la demanda cae en saco roto, tanto en la Xunta como en los órganos de gobierno que miran hacia otro lado y guardan silencio cuando los sindicatos plantean y recuerdan dichas necesidades.
Lo cierto es que la acumulación de procedimientos es progresiva en los últimos años con más de un millar de causas pendientes en cada una de las sedes de instancia, pero sobre todo por retrasos que en algunos casos alcanzan veinte años, como el referido al procedimiento por supuesto blanqueo de capitales en el que está implicado el exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, entre otros investigados.
Los funcionarios son conscientes de todas estas disfunciones y los profesionales soportan con estoicismo que un procedimiento se curse con un año de retraso o más. "Causas de 2007 o de 2008 abiertas y muchas de 2013 a 2016 son muy frecuentes en todos los juzgados de O Salnés", explica uno de los letrados afectados.
Y ese retraso ya contagió incluso los llamados juicios rápidos o exprés, que nacieron precisamente con la intención de agilizar la justicia. La norma en las salas era la de fijar un día de la semana siguiente para su celebración e inicialmente se solía llevar a rajatabla con delitos flagrantes como pequeños robos o de seguridad en el tráfico, entre otros. En la actualidad tal urgencia se esfumó hasta el punto de que una comparecencia judicial de esta naturaleza puede celebrarse hasta un mes después de haberse producido los hechos, a consecuencia de la saturación sufrida, pero también por las alteraciones de agenda consecuencia de suspensiones inopinadas u otras causas.
No se puede olvidar el enorme trastorno que el pasado año produjo la huelga de cuatro meses que mantuvieron los funcionarios de Justicia y que agravaron más, si cabe, una situación que a día de hoy parece no tener fácil solución.
Faltan todavía los datos de la Memoria de la Fiscalía, pero los de 2018 son ya elocuentes y anticipan lo que puede ocurrir pues los casos resueltos en aquel año rondaban solo la mitad, que se incorporan a la estadística correspondiente al nuevo ejercicio judicial, es decir de 2019.
Cierto asimismo que una inspección que afectó a sedes judiciales arousanas activó en cierto sentido la maquinaria judicial con decenas de diligencias previas que se han cursado y que se encuentran en fase de procedimiento oral tanto en los juzgados de lo Penal como en otras instancias de Pontevedra.
