El Partido Popular de la provincia se reunió ayer en Vilagarcía para escenificar su absoluto rechazo al Reglamento General de Costas en el que trabaja desde hace meses el Gobierno de España.
Después de que el PSOE dejara entrever la posible suspensión de este nuevo articulado, los conservadores denuncian la "falta de concreción y los bandazos" del Estado central y la "inseguridad jurídica" que está generando en el sector del mar, por lo que le exigen que aclare de una vez por todas, y por escrito, si ese nuevo articulado sigue adelante o queda definitivamente anulado.
Sospechan los conservadores, liderados por la diputada nacional María Ramallo, que lo que busca el Gobierno es una modificación encubierta de la Ley de Costas impulsada por el PP en 2013, de ahí que advierta de que hacerlo como plantea el Estado ahora puede acabar con depuradoras, cocederos, conserveras y, en definitiva, con prácticamente todo el sector del mar gallego y los negocios dependientes del mismo, además de llevarse por delante otros bienes e inmuebles situados en la costa.
Para transmitir su preocupación, Ramallo quiso rodearse de alcaldes y concejales del PP en Vilagarcía, A Illa, O Grove, Vilanova, Arousa, Cambados, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal y A Guarda.
Maica Larriba, la subdelegada del Gobierno, salió al paso de la postura del PP para decir que "no se ha iniciado el cambio legislativo todavía y no sabemos aún cómo se va a modificar la ley; se expuso al público el reglamento y se presentaron miles de alegaciones que en parte han hecho reflexionar al Gobierno y plantear su modificación".
Cree que los conservadores "tratan de generar preocupación en el sector con falsedades a través de una campaña de confusión con objetivos partidistas". El sector, sin embargo, alega que su futuro se ve amenazado.
